La posibilidad de una liquidación generalizada y acelerada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), planteada por el presidente Gustavo Petro, encendieron una nueva alarma en el ya tensionado sistema de salud colombiano. En un comunicado público divulgado este 22 de enero de 2026, un amplio bloque de asociaciones de usuarios, pacientes, prestadores, gremios, académicos y exfuncionarios del sector advirtió que una decisión de este tipo profundizaría la crisis actual y aumentaría de manera inmediata los riesgos para millones de pacientes y para la red hospitalaria del país.
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El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de liquidar EPS. Foto:Presidencia
La discusión ocurre en un contexto crítico: hoy el Gobierno mantiene bajo intervención a siete EPS que concentran la mitad de la población afiliada al sistema de salud y que son las que podría ser liquidadas: Coosalud, con 3,3 millones de usuarios; Nueva EPS, con 11,5 millones; Famisanar, con 2,9 millones; Savia Salud y Asmet Salud, cada una con 1,6 millones; Emssanar, con 1,7 millones, y SOS EPS, con 747 mil afiliados.
En conjunto, estas entidades suman más de 23 millones de afiliados. La liquidación simultánea o escalonada de estas aseguradoras, según expertos, no sería un simple trámite administrativo: implicaría redefinir el destino de casi la mitad de los usuarios del sistema.
En ese sentido, el pronunciamiento de los distintos actores del sector surge como respuesta directa a las advertencias presidenciales sobre una eventual liquidación de las EPS que actualmente se encuentran bajo medida de intervención. Según el documento, adoptar una medida “generalizada y apresurada” sin un plan probado y sin un sustituto operativo claro podría desencadenar una crisis asistencial, financiera y funcional “sin precedentes” en el sistema de salud.
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Las organizaciones firmantes señalaron que, pese a las heterogeneidades y dificultades que enfrentan, las EPS cumplen hoy funciones esenciales para el funcionamiento del sistema. Entre ellas, destacaron la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la articulación entre los distintos niveles de atención, la garantía de continuidad de los tratamientos y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en todo el territorio nacional.
La Supersalud controla actualmente siete EPS, que son las que podrían ser liquidadas. Foto:Supersalud
Eliminar de forma abrupta estos agentes, sin que exista una entidad pública o privada con capacidad operativa probada para reemplazarlos, generaría un vacío inmediato que el Estado no está en condiciones de asumir. El comunicado advierte que actualmente no existe ninguna institución del Gobierno nacional o regional capaz de administrar, autorizar, auditar y pagar de manera simultánea millones de servicios de salud en todo el país, en un escenario de liquidación masiva.
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento está relacionado con el impacto directo que tendría una eventual liquidación de las EPS intervenidas sobre los pacientes, especialmente aquellos que padecen enfermedades huérfanas, crónicas o de alto costo, así como quienes requieren tratamientos continuos. Según el documento, se incrementarían los riesgos para la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica, con consecuencias previsibles en términos de aumento de la morbimortalidad y una mayor saturación de los servicios de urgencias.
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En el plano financiero, las advertencias también son severas. Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Esto dejaría a millones de ciudadanos y a miles de hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.
El comunicado plantea que la crisis actual del sistema no tiene su origen principal en la existencia de las EPS, sino en factores estructurales como la insuficiencia de la financiación, el incumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Salud, deficiencias regulatorias, fallas en la supervisión y un proceso de politización que ha desatendido las advertencias técnicas, administrativas y judiciales formuladas por la sociedad civil y los organismos de control.
La Nueva EPS es la aseguradora con mayor cantidad de afiliados en el país. Foto:Cortesía Nueva EPS
En ese contexto, liquidar las EPS de manera precipitada no constituiría una reforma al sistema, sino un “desmantelamiento altamente riesgoso”. Las organizaciones insistieron en que cualquier transformación responsable del modelo de salud debe contar con aprobación legal previa y una transición gradual, técnicamente sustentada, con modelos alternativos probados, suficiencia financiera garantizada y una clara asignación de responsabilidades.
El pronunciamiento también alerta que, mientras el debate público se concentra en la posible liquidación de las EPS, el deterioro del sistema continúa. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), así como las acciones de tutela, han crecido de manera exponencial, alcanzando cifras históricas. A esto se suma el incremento de las deudas del Gobierno nacional con el sector salud al cierre de 2025, producto del incumplimiento de mandatos de la Corte Constitucional y de retrasos en los desembolsos del presupuesto máximo, que superan los 2 billones de pesos.
De igual forma, el comunicado cuestiona las decisiones gubernamentales sobre la actualización de la UPC para 2026, al considerar que generan una desfinanciación adicional que no cubre las necesidades del régimen contributivo y subsidiado, ni las ampliaciones de cobertura e inclusiones de servicios en el plan de beneficios. Señala, además, que el presupuesto máximo previsto para 2026 apenas cubre el 25 % de lo requerido para pagar atenciones no financiadas por la UPC, especialmente en pacientes con enfermedades huérfanas y de muy alto costo. A ello se suma el impacto del incremento del salario mínimo, que no fue previsto en el cálculo de la UPC y que elevará los costos operativos del sistema.
Finalmente, las organizaciones rechazaron los ataques personales, las ofensas y las acusaciones sin respaldo como forma de tramitar el debate sobre el sistema de salud, al considerar que estos desvían la discusión técnica y buscan deslegitimar al contradictor en lugar de construir soluciones. En su llamado final, insistieron en que el derecho fundamental a la salud no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas o carentes de sustento técnico y reiteraron que la salida a la crisis exige diálogo, rigor y responsabilidad institucional.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
