El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó de manera categórica el reportaje ‘How politics destroyed Colombia’s model healthcare system’, publicado por la revista científica British Medical Journal (BMJ) y firmado por el periodista freelance Luke Taylor, al considerar que presenta una narrativa “parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico” sobre la situación del sistema de salud colombiano. Según la cartera sanitaria, el artículo induce a conclusiones erróneas que no se sostienen en evidencia oficial ni en un análisis integral de política pública, y utiliza una publicación de alto prestigio académico para promover una lectura política del debate sanitario.
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En un comunicado divulgado en Bogotá el 28 de enero de 2026, el Ministerio cuestionó que, aunque el texto se difunde desde una revista de amplio reconocimiento internacional, no corresponde a un artículo científico ni a una evaluación académica del sistema de salud, sino a un reportaje periodístico que carece de metodología verificable, contraste sistemático de fuentes oficiales y balance analítico. A juicio del Gobierno, resulta problemático que un medio internacional asociado a la divulgación científica publique contenidos sin el rigor técnico y periodístico necesario y que, además, respondan —según el comunicado— a intereses políticos y económicos contrarios al actual Gobierno.
El pronunciamiento oficial sostiene que el reportaje del BMJ presenta como hechos atribuibles exclusivamente al Gobierno actual problemas como los retrasos en la entrega de medicamentos, el cierre de servicios hospitalarios, de salas de maternidad y de unidades neonatales. Para el Ministerio, esta lectura desconoce deliberadamente que se trata de una crisis estructural acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993, el cual ha generado históricamente barreras de acceso, negación de servicios, demoras en autorizaciones y fallas en la atención oportuna, con impactos demostrables en la morbimortalidad evitable.
Según el Ministerio, el artículo sobre el sistema de salud colombiano omite la crisis estructural. Foto:SERGIO ACERO YATE
En ese sentido, la cartera de Salud cita datos oficiales del Observatorio Nacional de Salud (ONS, 2023), según los cuales el 19,7 % de las muertes evitables en Colombia son atribuibles a deficiencias del sistema de salud. El Ministerio cuestiona que el artículo del BMJ omita este contexto histórico y estructural y atribuya la crisis actual únicamente a decisiones recientes del Ejecutivo.
El comunicado también critica que el reportaje presente al sistema de salud colombiano como uno de los “mejores de América Latina” a partir de un análisis limitado a dos indicadores —la cobertura de afiliación cercana al 99 % y el gasto de bolsillo per cápita— citando publicaciones de The Lancet, sin considerar dimensiones esenciales como el acceso efectivo, la equidad territorial, la calidad de la atención, la resolutividad de los servicios ni la experiencia real de los usuarios. Para el Ministerio, este enfoque reduccionista resulta metodológicamente insuficiente y conduce a conclusiones engañosas sobre el desempeño real del sistema.
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Otro de los puntos cuestionados es, según el Ministerio, la defensa implícita de conglomerados privados como Keralty, a partir de la mención de una orden de la Corte Constitucional relacionada con declaraciones del presidente de la República. Según el Gobierno, el reportaje omite los reiterados hallazgos fiscales, financieros y administrativos que han afectado a múltiples EPS a lo largo de los años, así como los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La crisis hoy se traduce en hospitales desbordados, EPS intervenidas y mayor gasto de bolsillo. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El Ministerio también señala que el artículo evidencia una selección “conveniente” de fuentes y expertos, sin declarar de manera explícita posibles conflictos de interés. Para la cartera sanitaria, la ausencia de transparencia frente a estos vínculos compromete la independencia del análisis.
Frente a la caracterización del modelo de competencia administrada basado en la UPC como un esquema ideal, el Ministerio afirma que el reportaje omite cómo este modelo ha incentivado prácticas de integración vertical, selección de riesgos, concentración del mercado y desatención sistemática de territorios rurales y dispersos, donde la lógica de rentabilidad financiera resulta incompatible con la garantía del derecho fundamental a la salud.
El Gobierno también rechaza como falsa la afirmación de que busca eliminar la empresa privada del sistema de salud. Según el comunicado, los proyectos de reforma discutidos en el Congreso garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos, así como la articulación público-privada, con el objetivo de corregir fallas estructurales de control, financiamiento y acceso, y no de excluir actores.
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El contexto del reportaje del BMJ
El artículo del British Medical Journal sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro “destruyeron” un modelo de salud que durante dos décadas fue considerado un referente en América Latina por su amplia cobertura, bajos niveles de gasto de bolsillo y resultados comparativos favorables en la región. Según la publicación, la intervención estatal a las EPS, los cambios en los mecanismos de financiamiento y la politización del sistema habrían desencadenado escasez de medicamentos, cierres de servicios hospitalarios, saturación de urgencias y un aumento de muertes evitables.
El BMJ recoge testimonios de expertos y pacientes para afirmar que la crisis actual era evitable y que las decisiones del Ejecutivo respondieron más a criterios ideológicos que técnicos, ignoraron advertencias de especialistas y órdenes judiciales, y evidencian la necesidad de blindar los sistemas de salud frente a la interferencia política. En su conclusión, la revista plantea que el caso colombiano deja una advertencia global sobre los riesgos de reformas radicales en sistemas sanitarios complejos.
El análisis afirma que la intervención estatal aceleró una crisis financiera y operativa. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Ante ese panorama, el Ministerio de Salud insiste en que el debate sobre el sistema de salud es legítimo y necesario, pero debe darse con responsabilidad editorial, transparencia y rigor técnico. En su pronunciamiento final, hace un llamado a la contrastación de fuentes, al uso de información oficial y a evitar la “instrumentalización” de revistas científicas de alto nivel para la construcción de narrativas políticas parciales que, según dice el Gobierno, debilitan la confianza social y el debate democrático informado.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
