El pasado jueves 15 de enero, durante una rueda de prensa en la Gobernación de Antioquia sobre la crisis de la salud, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en un acto de honestidad brutal y desesperación, rompió en llanto ante las cámaras al confesar una realidad que ya no puede ocultar bajo cifras administrativas: el sistema de salud en Antioquia no solo está quebrado financieramente, sino que está devorando la dignidad de sus trabajadores y la seguridad de sus pacientes.
No tener con qué pagarles fue el grito de auxilio de un directivo que ve cómo el centro asistencial que lidera se hunde en una crisis de “punto de no retorno”.
“Les soy honesto, fue muy duro ver en diciembre a funcionarios llegar llorando, diciendo que no tenían con qué comer, pagar el arriendo o darles un regalo a sus hijos. Y tener que decirles que no había con qué pagarles”, expresó Arroyave, entre lágrimas.
Fachada del Hospital San Rafael Foto:Archivo personal
Y es que la situación del hospital, una institución clave para el sur del Valle de Aburrá, ha dejado de ser un asunto de contabilidad para convertirse en una tragedia humanitaria. Mientras las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria de Antioquia alcanzan la astronómica cifra de 8 billones de pesos, en los pasillos del San Rafael el hambre y la escasez son los nuevos residentes
EL TIEMPO visitó este lugar en el sur del Valle de Aburrá y dialogó con dos empleados que han padecido en carne propia lo narrado por el gerente. Sus relatos confirman una situación que se volvió insostenible.
Jonathan Avendaño, enfermero líder del programa de seguridad del paciente, relata con crudeza cómo la crisis financiera ha golpeado la vida personal de quienes están en la primera línea de atención.
El impacto emocional de la temporada decembrina fue especialmente duro. “Nos tuvimos que abstener de comprar detalles para la familia”, explicó. Pero, más allá de la falta de regalos, la crisis ha escalado a necesidades vitales: el pago del arriendo, el transporte y, lo más grave, el alimento diario.
“Hay personas que hacen esfuerzos y a veces nos han dicho: ‘jefe, me pongo en la condición de o como o vengo a trabajar’”, narra Avendaño. La realidad supera cualquier ficción: se han reportado casos de auxiliares de enfermería que sufren desmayos en el Metro de Medellín mientras se dirigen a sus turnos, simplemente porque no han ingerido alimentos como se debe.
Incluso, Avendaño confirmó escenas que parecen sacadas de la ficción: trabajadores que deben quedarse a dormir en el parqueadero del hospital o junto a los vigilantes porque no tienen dinero para el pasaje de regreso a sus casas y necesitan estar presentes para el turno del día siguiente. En un gesto de solidaridad extrema ante la precariedad, el personal ha pedido permiso para consumir los alimentos que sobran cuando un paciente recibe el alta en la tarde. “Esa situación es bastante dolorosa”, concluye.
Y es que la deuda de nómina ha sido de casi tres meses, pero en años anteriores llegaron a estar hasta seis y siete meses sin pagos, según confiesa el enfermero líder. “Antes de que llegara el actual gerente, nosotros teníamos de seis a casi siete meses. Era por grupos: unos de siete, otros de seis meses y otros de cinco meses adeudados. Estábamos en una crisis mucho más fuerte. ¿Qué pasó? Pues bueno, nuestro gerente vino, hizo el esfuerzo, buscó todas las alternativas necesarias con la Gobernación e incluso logró conseguir donaciones de mercado para ayudarnos”, narra Avendaño.
La crisis no solo se siente en los estómagos de los trabajadores, sino en la capacidad técnica de salvar vidas. El doctor Omar Ramírez Ochoa, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), describe un panorama técnico desolador. De los 12 cubículos que tiene la capacidad de operar la UCI, hoy solo funcionan seis. La razón de este recorte del 50 por ciento es doble: la falta de insumos médicos críticos y la deserción masiva del personal de enfermería, que, ante la falta de pagos, ha decidido abandonar sus puestos.
“Los insumos y los dispositivos médicos están en gran falencia”, advierte el doctor Ramírez. La situación es tan crítica que los mismos médicos y enfermeros realizan recolectas de su propio bolsillo para comprar elementos tan básicos como guantes o papel higiénico.
En el campo clínico, la escasez de medicamentos esenciales como relajantes musculares, anestésicos y sedantes pone en jaque la atención segura. “Lo más difícil es la falta, a veces, de relajantes musculares, medicamentos esenciales para tener a un paciente en las mejores condiciones”, explica.
Esta carencia obliga a los médicos a tomar decisiones desgarradoras, como restringir el ingreso de nuevos pacientes o realizar traslados de emergencia hacia otras instituciones cuando los suministros se agotan.
La situación ha llegado a un punto tal que, en algunos momentos, trabajadores que viven en municipios alejados de Itagüí no tienen dinero para transportarse y llegar a trabajar. “Aquí hay funcionarios que viven en Amagá (Suroeste) y ha habido situaciones tan críticas que ha tocado decirles a las personas: ‘Pues ni modo, no vengan, miramos a ver cómo solucionamos’”, dice el doctor Ramírez.
Para los usuarios, el Hospital San Rafael ha pasado de ser un centro de curación a un lugar de espera incierta y dolorosa. Johana Baena, nieta de una paciente de 80 años que sufrió un accidente doméstico, denunció públicamente la precariedad extrema que vive su familiar. Tras tres días de ingreso, su abuela, que requiere una cirugía, solo había recibido tramadol para el dolor. “No nos dan ni fecha para cirugía, no hay un medicamento adicional, no hay un especialista que pueda verla”, denunció. Su descripción del hospital es lúgubre: “Vimos enfermos en las sillas, en los corredores, realmente este hospital parece un campo de batalla”.
La situación llegó al punto de que los mismos profesionales de la salud, reconociendo la incapacidad del centro para atenderla, recomendaron a la familia firmar un acta de salida voluntaria.
La joven hizo un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Itagüí para que pongan la lupa sobre el hospital. Por fortuna para su abuela, ya se encuentra en cirugía y a la espera de poderse recuperar.
El drama del San Rafael no es un hecho aislado, sino el síntoma más agudo de una enfermedad que padece la red hospitalaria de Antioquia. Se estima que las deudas de las EPS con los hospitales del departamento alcanzan los 8 billones de pesos, una cifra que mantiene al sistema en un estado de asfixia. Esta deuda se divide entre la red pública, a la que se le adeudan 2 billones de pesos, y la privada, que tiene una carga de 6 billones de pesos.
En el sector público, las EPS intervenidas deben 1,1 billones de pesos, siendo Savia Salud la entidad con la mayor mora, al alcanzar los 486.000 millones de pesos. Para los expertos, esta crisis ya está cobrando vidas y ha generado cierres parciales de servicios en múltiples instituciones.Mientras que en 2023 se registraron 622 cierres de servicios, para el año 2025 la cifra se disparó a 877.
La situación es de tal magnitud que el promedio de ocupación de las urgencias en el Valle de Aburrá ya alcanza el 110 por ciento, mientras que en el resto del departamento la cifra se sitúa en un alarmante 108 %.
Respuesta de Savia Salud
Ante las denuncias de las directivas del Hospital San Rafael, la Nueva EPS, cuya deuda se acerca a los 9.000 millones de pesos, aún no se ha pronunciado
La que sí lo hizo fue la EPS Savia Salud, que emitió un comunicado el 16 de enero de 2026 para aclarar su postura financiera. Según la entidad, durante la vigencia de 2025, Savia Salud giró más de 18.707 millones de pesos al hospital, lo que representaría más del 80 por ciento de lo radicado en ese año.La EPS sostiene que ha mantenido un pago mensual promedio de más de 1.500 millones de pesos y que incluso se lograron conciliar 1.540 millones adicionales al finalizar 2025. Savia Salud enfatiza su “firme compromiso” con el pago oportuno y señala que en total giró más de 1,3 billones de pesos a la red pública en el último año.
El agente especial interventor de Savia Salud insistió en que el diálogo permanece abierto y extendió una invitación a los prestadores para “sostener canales directos y efectivos”, asegurando que esto garantizará el flujo de recursos. Sin embargo, esta versión de “flujo de recursos” choca frontalmente con la realidad descrita por el gerente del hospital, quien entre lágrimas asegura que sus empleados no tienen con qué comer.
La brecha entre las cifras de las EPS y la realidad en las salas de urgencias del Hospital San Rafael de Itagüí es un abismo que, de no cerrarse con prontitud, amenaza con terminar de sepultar la salud pública en una de las regiones más importantes del país. La crisis ha dejado de ser una disputa administrativa para convertirse en una cuestión de supervivencia básica.
