El pulso más importante del Gobierno de Gustavo Petro en materia social volvió a perderse en el Congreso. Este martes, con ocho votos a favor y cinco en contra, la Comisión Séptima del Senado sepultó (por segunda vez) la reforma a la salud, uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo, que buscaba transformar de manera estructural el modelo de aseguramiento, financiación y prestación de servicios en Colombia. Aunque la iniciativa quedó archivada en comisión, aún le queda al Gobierno la carta de la apelación ante la plenaria del Senado, recurso que ya fue activado por el senador verde Fabián Díaz, trasladando el pulso político a un nuevo escenario legislativo.
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La reacción del Ejecutivo fue inmediata y cargada de tensión. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de los senadores como “baja, cochina y rastrera”, reflejando el nivel de confrontación que rodea el debate sobre la salud. Sin embargo, el trámite legislativo entra ahora en una pausa obligada: hoy es el último día de sesiones ordinarias en el Congreso, que entra en receso y el tema solo volverá a la agenda en marzo, cuando regresen los congresistas, ya en un año electoral que complica aún más el panorama para el Gobierno.
Mientras el pulso político queda en suspenso, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué viene ahora para el Gobierno tras el hundimiento de la reforma a la salud? Las respuestas, desde el propio Ejecutivo, los académicos, los pacientes y los gremios, dibujan un escenario de crisis profunda, desconfianza y alta incertidumbre.
Ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti. Foto:Mininterior
Gobierno dice que no retrocederá; expertos ven una crisis más profunda
Desde el Ministerio de Salud, el Gobierno fijó una posición dura y sin matices. En un pronunciamiento público, sostuvo que la decisión del Senado “bloqueó los cambios que el país exige y mantuvo un sistema que ha fallado durante décadas”, y fue más allá al afirmar que con el archivo del proyecto “se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes”.
Según el Ejecutivo, la reforma buscaba pilares que, a su juicio, hoy no existen: “una atención primaria fuerte, servicios organizados desde los territorios, uso transparente de los recursos públicos y el control de los incentivos perversos de la integración vertical”, un modelo que —según el Ministerio— “concentra el dinero en pocos actores mientras los pacientes siguen esperando”.
El Gobierno también rechazó uno de los principales argumentos de sus críticos: la falta de recursos. Aseguró que “la reforma tenía respaldo fiscal a 10 años, aumentos históricos de la UPC y recursos permanentes para el sector”, y que, como lo ha advertido el ministro de Salud, “el problema no es la plata: es la opacidad, el mal manejo y un modelo que permite que los recursos se queden en intermediarios y no lleguen a la gente”.
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En un tono de confrontación política, el mensaje cerró con una advertencia: “Archivar la reforma no elimina la crisis. La profundiza”, al tiempo que acusó que la decisión “mantiene un sistema que no responde a los pacientes, precariza a los trabajadores de la salud y castiga especialmente a los territorios más apartados del país”. Para el Gobierno, el debate dejó al descubierto “quiénes decidieron defender intereses particulares por encima del derecho fundamental a la salud”, y reafirmó que “el Gobierno del Cambio no retrocede”.
Comisión VII de Senado. Foto:Prensa Senado
Desde la academia, el diagnóstico es más severo y apunta directamente a la gobernabilidad del sistema. Para el salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, el país enfrenta “un escenario de amplia crisis”, cuya raíz principal es “la crisis de desconfianza”. A su juicio, “el gobierno logró afectar todos los factores del sistema”, generando “falta de legitimidad en este momento del sistema de salud”.
Hernández considera que, tras el hundimiento de la reforma, el Ejecutivo tiene un camino claro que debería seguir: “Si cumple la ley, le subiría a la UPC, tal como ordena la Corte Constitucional, mantendría el sistema con controles y garantizaría la atención de los pacientes”. Sin embargo, es pesimista sobre esa posibilidad: “Yo no creo que el gobierno haga eso. El gobierno, en una especie de retaliación, se va a ir en contra de eso, va a agudizar la crisis”.
Para el académico, el riesgo inmediato es que el Ejecutivo “apriete más el sistema de aseguramiento”, vuelva “más deficitario el sistema” y profundice el impacto sobre pacientes y familias. “Se avizoran tiempos difíciles para los pacientes, para las familias”, advirtió, al tiempo que hizo un llamado directo al Ministerio de Salud a “reflexionar”.
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Hernández también cuestionó la viabilidad estructural de la reforma hundida. Afirmó que “carecía de legitimidad, no era eficaz” y que “desaparecía totalmente el aseguramiento”, concentrando el modelo en “un solo pagador vía Adres” y “politizando la salud”. En su análisis, “el sistema era insostenible y se iba a quebrar”.
El panorama sanitario, además, se agrava por factores externos: “Se avecinan brotes de influenza, fiebre amarilla, bajas coberturas de vacunación y aumento de las tasas de mortalidad por enfermedades de alto costo”, lo que, en su criterio, configura “una agudización de la crisis”.
Por eso, Hernández propone una salida institucional de alto nivel: “La Corte Constitucional debería declarar un estado de cosas excepcional frente al derecho a la salud”, al considerar que el país enfrenta “una crisis humanitaria frente a la atención de los pacientes”.
La crisis actual del sistema ha empeorado durante los últimos meses. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
Desde la voz de los pacientes, el diagnóstico es aún más crudo. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo que la reforma hundida “no resuelve los problemas estructurales que tiene el sistema de salud”, y que, aunque tenía “elementos interesantes”, muchos de ellos “ya están en la Ley 1438 y en la 1122”, por lo que resultaba innecesario “destruir el sistema de salud, desfinanciarlo y poner en peligro la vida de los pacientes para justificar una reforma”.
Silva advierte que el mayor riesgo tras el archivo del proyecto es una reacción política del Ejecutivo: “Estamos 100% seguros que el gobierno va a incrementar la crisis poniendo en peligro la vida de los pacientes para justificar que no le aprobaron la reforma”. En ese escenario, dijo, quienes van a sufrir serán los pacientes, junto con los cuidadores y el talento humano en salud.
El vocero de pacientes cuestionó duramente la gestión sobre las EPS intervenidas y preguntó “qué están haciendo con los recursos de la salud”, al advertir que “no están pagando la vigencia actual ni la deuda”, mientras crecen “las acciones de tutela y la vulneración del derecho fundamental a la salud”.
Silva puso ejemplos concretos del impacto: “No hay medicamentos en las EPS intervenidas”, “las órdenes de medicamentos y procedimientos se dejan vencer”, y “hay más de 24.000 pacientes con VIH que no reciben medicamentos”, así como pacientes trasplantados, con cáncer o diabetes sin tratamientos oportunos. Todo esto, señaló, mientras el Gobierno insiste en que “la situación está mejorando”.
Para Pacientes Colombia, el Ejecutivo aún tiene tres caminos: “convocar de carácter urgente a una mesa con todos los agentes del sistema”, “dar pleno cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional” y “parar ya la crisis humanitaria”. Pero Silva es escéptico: “Difícilmente lo va a hacer”.
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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Foto:Pacientes Colombia
Desde el gremio de las EPS, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, coincidió en que el fracaso del proyecto responde a la falta de diálogo. “Se hunde nuevamente la reforma a la salud, por nada distinto que la imposibilidad de escuchar y construir con todos los actores”, afirmó.
Vesga planteó una visión de largo plazo que contrasta con la lógica del pulso político: “El modelo de salud es una visión compartida de largo plazo que debe trascender los vaivenes políticos”. En su análisis, la reforma “no resuelve las dificultades del sistema, ni las que venían de tiempo atrás y mucho menos las que ha generado este gobierno”. Su cierre fue contundente y crítico: “Para el gobierno la crisis no existe”.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi. Foto:Acemi
Un Gobierno contra el reloj y con menos margen político
Con el proyecto hundido, la apelación en manos de la plenaria y el Congreso en receso, el Gobierno entra en una zona de alto riesgo político e institucional. La discusión no solo se traslada a marzo, sino que lo hace en un contexto electoral, con menor disposición al consenso y mayor costo político para cualquier decisión.
Mientras el Ejecutivo insiste en que “no retrocede”, expertos, pacientes y gremios coinciden en un punto: la crisis ya está aquí. El desacuerdo no es solo sobre el modelo, sino sobre cómo gobernar la salud en medio de la desconfianza, el deterioro de los servicios y un sistema que, según todos los actores, atraviesa su momento más crítico.
La pregunta, entonces, no es solo si la reforma revive o no en la plenaria, sino si el Gobierno es capaz de reconstruir legitimidad, cumplir la ley y abrir un espacio real de concertación. De lo contrario, como advirtió Luis Jorge Hernández, “ya le tocará al próximo gobierno” enfrentar una crisis que, lejos de cerrarse con el hundimiento del proyecto, amenaza con profundizarse.
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EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
