El valor que tenga la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2026 no es un asunto técnico ajeno a la vida cotidiana de los pacientes. Para quienes dependen del sistema de salud, su cálculo puede marcar la diferencia entre recibir un tratamiento a tiempo o enfrentar barreras, retrasos e interrupciones que ponen en riesgo su salud y su proyecto de vida. Así lo reiteró el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), al advertir que una UPC suficiente, definida con criterios técnicos y enfocada en los costos reales del sistema, se traduce en mayor acceso a servicios, continuidad de tratamientos y menos negaciones.
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De acuerdo con el Observatorio, una UPC adecuadamente financiada permite que las EPS cuenten con los recursos necesarios para garantizar medicamentos, citas especializadas, procedimientos de alta complejidad y seguimiento continuo. En contraste, cuando la UPC es insuficiente —como ha señalado la Corte Constitucional— los efectos recaen directamente sobre los pacientes: se multiplican las barreras administrativas, aumentan los tiempos de espera y se interrumpen tratamientos vitales.
La Corte y organizaciones coinciden en que el cálculo de la UPC no cubre los costos del sistema. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El pasado 12 de diciembre, la Corte Constitucional volvió a encender las alertas al señalar que las políticas públicas del Gobierno nacional no han atendido de manera adecuada los problemas estructurales del sistema de salud. En particular, reconoció que persiste un incumplimiento general en la suficiencia de la UPC y cuestionó la metodología utilizada para calcular su valor, es decir, el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para cubrir los costos del Plan de Beneficios en Salud.
Para 2025, la UPC aumentó apenas un 5,36 %, un incremento definido con base en la inflación. Sin embargo, tanto la Corte como expertos y organizaciones de pacientes han coincidido en que este criterio es insuficiente y poco técnico, ya que no incorpora los costos reales del sistema. El desfase se profundiza si se tiene en cuenta que, en el mismo periodo, el salario mínimo aumentó un 9,53 %, elevando los costos laborales del sector salud sin que los recursos para financiarlos crecieran en igual proporción.
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El impacto de una UPC baja en los pacientes
Según el ENHU, este desajuste no es neutro para los pacientes. La negación de atención oportuna y la interrupción de tratamientos vitales constituyen un daño grave e irreparable al proyecto de vida de las personas. Por ello, insisten en que quienes padecen estas consecuencias no pueden ser tratados como simples usuarios del sistema, sino como víctimas que merecen verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos.
Los efectos de una UPC desfinanciada ya se reflejan en retrocesos preocupantes en indicadores de salud pública. Uno de los focos más críticos es el VIH/Sida. Según la advertencia de Todos por la Salud, la cobertura del tratamiento antirretroviral cayó al 80 % en 2024, muy por debajo del 95 % recomendado por Onusida. Esto dejó a más de 35.000 personas sin tratamiento y se tradujo en más de 20.000 nuevos casos en ese mismo año, asociados a fallas en la prevención y en la continuidad de la atención.
Las consecuencias ya se reflejan en interrupciones de terapias y aumento de tutelas. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
La situación se repite en otras patologías de alto impacto. Pacientes con cáncer, trasplantes, diabetes y enfermedades crónicas enfrentan interrupciones en quimioterapias, desabastecimiento de insulina e inmunosupresores, así como restricciones en servicios de alta complejidad. Para el Observatorio ENHU, estos escenarios están directamente relacionados con la falta de recursos suficientes en el sistema, que impide planificar y sostener la atención de manera continua.
El comunicado también alerta sobre el aumento de la mortalidad en enfermedades raras. De acuerdo con la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), en 2025 se reportaron más de 2.033 muertes asociadas a estas patologías, una cifra que, según el colectivo, se acelera por las barreras administrativas que impiden la continuidad de la atención y el acceso oportuno a tratamientos especializados.
En el centro de este deterioro aparece la crisis financiera del sistema de salud. Todos por la Salud señala que la deuda total de las EPS con la red prestadora alcanza los 24 billones de pesos, y que cerca del 80 % corresponde a EPS intervenidas por el Estado. La Nueva EPS concentra el mayor pasivo, con más de 6,89 billones de pesos y 11 millones de afiliados. Además, el 62,5 % de los colombianos está afiliado a una EPS bajo algún tipo de vigilancia o intervención estatal, lo que incrementa la incertidumbre sobre la garantía efectiva de los servicios.
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La falta de recursos suficientes también se refleja en el cierre y la suspensión de servicios en distintas regiones del país. En el Valle del Cauca, cifras oficiales muestran un aumento de casos de enfermedades huérfanas y una tasa de mortalidad superior al promedio nacional. En Bogotá, la deuda de la Nueva EPS con la red pública hospitalaria se triplicó tras la intervención, pasando de 35.334 millones a 90.558 millones de pesos. En Antioquia, Córdoba, Caldas, Risaralda, Meta y el Eje Cafetero, hospitales y clínicas han anunciado cierres o ultimátums por falta de pago, afectando servicios que van desde pediatría hasta atención psiquiátrica.
El impacto humano va más allá de las cifras. El documento recoge testimonios de pacientes trasplantados que temen quedarse sin medicamentos esenciales y de enfermeras que denuncian meses sin salario y el cierre de los servicios donde trabajaban. Según el colectivo, más del 80,3 % de los profesionales de la salud reporta afectaciones en su salud mental debido a la incertidumbre laboral y asistencial.
El valor de la Unidad de Pago por Capitación determinará si los pacientes reciben atención oportuna. Foto:César Mateus – EL TIEMPO
Todos por la Salud respalda estas alertas en pronunciamientos judiciales y de los órganos de control. La Corte Constitucional ha calificado como “bajo e insuficiente” el cumplimiento de las órdenes estructurales de la Sentencia T-760 de 2008 y abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por la insuficiencia de la UPC. A su vez, la Procuraduría General de la Nación, en un informe de diciembre de 2025, calificó la intervención a la Nueva EPS como “deletérea” y advirtió un empeoramiento del acceso a los servicios, un patrimonio negativo de 4,4 billones de pesos y un crecimiento histórico de tutelas, que en 2024 superaron las 265.000.
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En este contexto, el debate sobre la UPC de 2026 no es solo financiero. Para los pacientes, un valor suficiente significa la posibilidad real de acceder a tratamientos, mantener la continuidad de su atención y reducir las barreras que hoy ponen en riesgo su vida y su dignidad.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
