“La UPC es insuficiente”. Ese es el mantra que repiten los guardianes del negocio de las EPS, buscando convencer al país de que sin más dinero público sus finanzas colapsan. ACEMI, la ANDI y sus voceros exigen entre 26 y 33 billones adicionales para pagar deudas que ellos mismos generaron con clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos. El mensaje implícito es brutal: si no les dan más plata, retrasan citas, niegan servicios y dejan de entregar medicamentos. El sufrimiento de la gente como herramienta de presión.
Ese argumento podría convencer a quien no conoce el funcionamiento del sistema creado por la Ley 100 de 1993. Un sistema donde las EPS administran, sin controles reales, cerca de 90 billones al año. Ellas deciden a quién contratan, cuánto pagan, cuándo pagan y, con frecuencia, si pagan. Y lo más escandaloso: toda esa información es un autorreporte que las EPS envían al Ministerio y a la Supersalud. ¿Cómo exigir verdad a quien maneja la plata y controla la versión oficial de lo que hizo con ella?
¿En qué se gastan la plata y por qué dicen que no les alcanza? Responder esto ha sido casi imposible. Solo existen dos fuentes: el costo médico, que refleja atención real de pacientes, y el costo contable, que es lo que la EPS decide registrar en su contabilidad. Alli cabe todo: mover e inflar partidas a discreción que nadie externo puede auditar a fondo porque el modelo está diseñado para blindarlas.
Los defensores del sistema lo saben. Manipular cifras confunde a medios, congresistas, jueces y a la opinión pública. Y no es teoría: ya ocurrió. En 2011, la SIC descubrió la trampa que las EPS reportaban información que mostrara menor suficiencia para justificar aumentos en la UPC. ACEMI fue sancionada por cartelización, fallo ratificado por el Consejo de Estado en 2023.
Hoy la estrategia es más sofisticada. Los gremios casi no mencionan el costo médico. Su relato descansa en el costo contable, blindado en holdings y capas de opacidad. Una vez el Estado gira la UPC por anticipado, la plata se pierde en un laberinto corporativo y el país queda condenado a creer lo que las EPS reportan. ¿Puede haber un diseño más favorable a la impunidad? No sorprende que, aun alegando estar al borde de la quiebra, ninguna esté dispuesta a soltar el negocio.
Cuando el Ministerio de Salud, cumpliendo autos de la Corte, analizó el costo médico real, encontró lo evidente: la plata sí les alcanzó. Lo que no alcanza es la paciencia frente a décadas de manipulación. Ejemplos sobran: enfermedades del cuello uterino y trastornos del embarazo registrados en hombres; pacientes con más de 120 mil traslados en ambulancia al año; más de 1,3 billones cobrados por atenciones a personas fallecidas; exámenes coprológicos por 900 millones; cobros de medicamentos por encima del precio máximo por más de 1,4 billones.
La pregunta inevitable: ¿dónde estaban los exministros y exsuperintendentes? ¿Por qué en 30 años no construyeron un sistema de información transparente que permitiera conocer en qué se gasta realmente la UPC? ¿Ingenuidad, negligencia o puertas giratorias entre aseguradores y entidades públicas?
En este contexto, la Contraloría también ha preguntado por el destino de más de 14 billones manejados por las EPS en los últimos cuatro años, recursos cuyo rastro sigue sin aclararse pese a su magnitud. Lo mínimo que merece el país es un sistema donde cada peso de la UPC pueda rastrearse, verificarse, sin opacidad ni maniobras contables que distorsionen la realidad y afecten a quienes más necesitan atención.
