En medio de una profunda crisis financiera y operativa, y cuando aún no se conocen sus estados financieros oficiales, la Nueva EPS anunció el inicio del giro de recursos a la red pública hospitalaria del país como parte de la continuidad de su Plan de Estabilización. El anuncio se produce mientras la aseguradora —la más grande del sistema, con más de 11 millones de afiliados— permanece intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024.
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La intervención, que ya completa casi dos años, no ha venido acompañada de la publicación de estados financieros actualizados, una situación que ha generado preocupación entre prestadores, autoridades territoriales y expertos del sector, dado el tamaño de la EPS y su papel central en la prestación de servicios de salud en todo el país. Esta falta de información se suma a una cadena de alertas por crecientes deudas, embargos judiciales y la suspensión de servicios por parte de clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos.
Nueva EPS es la aseguradora más grandes del país con más de 11 millones de afiliados. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @melgarejocesarnew
En este contexto, la Nueva EPS informó que inició en enero de 2026 el giro de recursos correspondientes a la postulación del mes de diciembre de 2025 a los hospitales públicos, como parte de las acciones orientadas a garantizar la continuidad en la prestación de servicios a sus afiliados. Según la entidad, estos recursos ya fueron girados y recibidos por las instituciones públicas, contribuyendo a su estabilidad financiera y operativa.
De acuerdo con el comunicado oficial, la aseguradora reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y con la sostenibilidad financiera del sistema de salud, especialmente en los territorios con mayores desafíos de acceso y cobertura. El proceso hace parte del Plan de Estabilización que viene implementando la entidad bajo la intervención estatal.
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Como parte de este esquema, la Nueva EPS, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), definió un modelo diferencial de reconocimiento de recursos para hospitales públicos de baja complejidad ubicados en municipios de categorías 4, 5 y 6.
Según el número de afiliados atendidos, las instituciones con más de 10.000 afiliados recibirán $35.000 por afiliado, mientras que aquellas con menos de 10.000 afiliados recibirán $40.000 por afiliado, teniendo en cuenta las condiciones particulares de operación en estos territorios.
La aseguradora permanece intervenida desde el 2024 Foto:MAURICIO MORENO
La EPS también señaló que avanza en la aplicación de este mismo mecanismo con hospitales que prestan servicios de mediana y baja complejidad, con el objetivo de consolidar un enfoque integral de apoyo a la red pública, considerada un actor clave para la atención en regiones apartadas y con limitaciones históricas de infraestructura y financiamiento.
Sin embargo, el anuncio se da en un escenario marcado por fuertes restricciones financieras. El pasado martes 20 de enero, la Nueva EPS informó que actualmente es objeto de embargos judiciales por más de $2,1 billones de pesos, medidas impuestas como resultado de las deudas acumuladas con clínicas y hospitales de distintas regiones del país. Según la entidad, cuatro juzgados decidieron incrementar los embargos, que anteriormente ascendían a $887.000 millones, una decisión que, advirtió, pone en riesgo la operación de la aseguradora.
De acuerdo con la EPS, estos embargos “tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y en el flujo de recursos hacia la red prestadora y los gestores farmacéuticos a nivel nacional”. En este momento, explicó la entidad, tiene cuentas bancarias bloqueadas y recursos retenidos por distintas fuentes de financiación, lo que implica una limitación casi absoluta en el uso de los recursos de tesorería. En este escenario, el único flujo disponible es el giro directo semanal que llega para la atención de los afiliados.
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Nueva EPS promete fortalecer hospitales públicos en plena crisis Foto:CEET
Los embargos se concentran en aproximadamente 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que presentaron demandas durante el proceso de intervención de la Nueva EPS por falta de pagos. Los procesos judiciales están radicados principalmente en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá), el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Las dificultades financieras de la entidad han tenido un impacto directo en la atención de los usuarios. Recientemente, Colsubsidio anunció el fin de su contrato para la dispensación de medicamentos a 1,6 millones de afiliados de la Nueva EPS, quienes se suman a otros 2,5 millones que desde noviembre de 2025 no reciben sus medicamentos a través de Disfarma, otro gestor farmacéutico con el que la aseguradora mantiene deudas multimillonarias.
A lo largo de 2025 también fueron frecuentes los anuncios de clínicas y hospitales que suspendieron la atención a usuarios de la EPS por falta de pago. El caso más reciente es el del Hospital San Rafael de Tunja y el Hospital Regional de Sogamoso, que desde el 1.º de enero de 2026 dejaron de atender pacientes de la aseguradora por deudas que ascienden a $137.000 millones y $37.000 millones, respectivamente.
Situaciones similares se han registrado en instituciones como la Clínica Shaio en Bogotá; el Hospital Regional de la Orinoquia, en Yopal; el Hospital Universitario San Jorge, de Pereira; el Centro de Rehabilitación de Boyacá; el Hospital San Rafael, de Pasto; el Hospital San José y la Fundación Santa Fe de Bogotá; la Fundación Cardiovascular, así como en varios hospitales públicos de Antioquia. En algunos casos se lograron acuerdos temporales para evitar la suspensión definitiva de los servicios, mientras que en otros los afiliados ya no reciben atención.
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Frente a este panorama, la Nueva EPS aseguró que ha acudido a diferentes medidas jurídicas y financieras para mitigar el impacto de los embargos y que ha buscado acercamientos con los jueces que ordenaron las medidas cautelares. Asimismo, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Adres y a los entes de control frenar estas decisiones judiciales y permitir un mayor control sobre sus recursos.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
