El Ministerio de Salud y Protección Social y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) protagonizan un nuevo capítulo de confrontación institucional por el cumplimiento de un fallo de tutela relacionado con la información sobre la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), eje central de la estrategia de Atención Primaria en Salud en el país.
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La versión del ministerio sobre la información de los EBS
En un comunicado oficial, el Ministerio aseguró que sí entregó de manera “completa, ampliada y verificable” la información solicitada por la ACSC y que dio cumplimiento oportuno al fallo judicial. Según la cartera, la respuesta fue enviada el 11 de diciembre de 2025 y recibida el mismo día por la Asociación, hecho que —afirma— está respaldado por certificados oficiales de envío y acuse de recibo electrónico.
De acuerdo con el Ministerio, la solicitud inicial presentada por la ACSC en agosto de 2025 contenía tres puntos específicos y fue respondida dentro de los términos legales. Posteriormente, el 29 de septiembre, la Asociación solicitó ampliación de la información y formuló nuevas preguntas, lo que dio origen a un trámite administrativo independiente que culminó con una respuesta integral.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Sergio Acero – EL TIEMPO
La entidad explicó que en la comunicación del 11 de diciembre se incluyeron datos sobre el número de Equipos Básicos de Salud, su composición, modalidades de contratación, rangos de remuneración y responsabilidades en inspección, vigilancia y control. Además, señaló que dicha respuesta fue emitida incluso antes de que se notificara el fallo de tutela, el 12 de diciembre, por lo que considera que la orden judicial ya había sido cumplida materialmente.
Pese a ello, en enero de 2026 la ACSC promovió un incidente de desacato, alegando incumplimiento del fallo. Para el Ministerio, esta actuación desconoce hechos “objetivos, documentados y verificables” y construye una narrativa pública que no corresponde con la realidad administrativa ni jurídica del proceso.
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“El debate público debe sustentarse en hechos verificables y no en la omisión selectiva de información que ya ha sido entregada de manera formal, suficiente y oportuna”, señaló la cartera.
Para la ACSC el Ministerio no ha respondido
Sin embargo, la versión de la ACSC es diametralmente opuesta. En un documento dirigido al Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del incidente de desacato, su presidente, Agamenón Quintero Villareal, sostuvo que el Ministerio no ha dado respuesta de fondo en los términos ordenados por el juez de tutela.
Agamenón Quintero, presidente de la ACSC. Foto:ACSC
La Asociación recordó que en el fallo se estableció que la respuesta ministerial no fue completa, especialmente en lo relacionado con la conformación real y vigente de los Equipos Básicos de Salud. Según la providencia citada por la ACSC, el Ministerio se limitó a transcribir el contenido de un lineamiento técnico correspondiente a la vigencia 2024, sin suministrar información concreta y actualizada sobre la integración efectiva de los EBS.
De acuerdo con la ACSC, el fallo ordenó que la respuesta se fundamentara en las contrataciones efectivamente vigentes y no en disposiciones normativas generales. Además, indicó que, en caso de no contar con la información, el Ministerio tenía la obligación legal de trasladar la solicitud a las entidades que sí la poseyeran o requerirla directamente para emitir una respuesta integral.
En cuanto a la tercera pregunta formulada por la ACSC, el juez advirtió que el Ministerio no informó de manera clara la modalidad de contratación del talento humano de los EBS ni precisó si los valores unitarios por perfil correspondían a remuneraciones reales o a estimaciones presupuestales, lo que, a juicio del despacho, impedía dar por satisfecha la solicitud.
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La ACSC reconoció que el Ministerio envió una respuesta adicional, firmada por Tatiana Lemus Pérez, pero aseguró que tampoco cumplió con lo ordenado por el juzgado. Según la Asociación, en dicha comunicación el Ministerio afirmó no tener conocimiento sobre cómo las Empresas Sociales del Estado han distribuido los Equipos Básicos de Salud ni sobre sus formas de contratación, atribuyendo esa responsabilidad a las ESE y a la Superintendencia Nacional de Salud.
Equipos Básicos de Salud. Foto:Minsalud
Frente a esa posición, la ACSC hizo tres precisiones. La primera, que aunque los recursos son entregados a las ESE, el Ministerio es el ordenador del gasto y, por tanto, tiene una función primaria de vigilancia. La segunda, que el propio “Lineamiento Técnico-operativo de equipos básicos de Salud” establece que las ESE deben reportar mensualmente al Ministerio, a través de la plataforma SISPRO, información detallada sobre contratos, ejecución de recursos, informes de supervisión, actas de liquidación y reintegros, entre otros documentos.
La Asociación sostuvo que, conforme a esos lineamientos, el Ministerio debería contar con la información solicitada e incluso hacerla pública en el SISPRO, lo cual —según afirma— no ha ocurrido, ni se ha reportado el supuesto incumplimiento de las ESE ante la Superintendencia Nacional de Salud.
La tercera precisión planteada por la ACSC es que, aun en el evento de no contar con la información, el Ministerio debió remitir la petición a la autoridad competente, tal como lo ordenó el juez de tutela.
Con base en estos argumentos, la Asociación concluyó que el Ministerio de Salud y Protección Social no ha dado respuesta de fondo a la petición en los términos ordenados por el despacho judicial y que, por tanto, se encuentra actualmente en desacato. En consecuencia, solicitó al juzgado continuar con el incidente y aplicar las consecuencias legales correspondientes.
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Mientras el Ministerio insiste en que actuó con diligencia, transparencia y oportunidad, y que cumplió íntegramente el fallo de tutela, la ACSC sostiene que persiste una omisión sustancial en la entrega de información clave sobre la operación real de los Equipos Básicos de Salud, la contratación del talento humano y el uso de los recursos públicos.
El caso, ahora en manos del Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá, mantiene en tensión a dos actores del sistema de salud, en un debate que trasciende lo jurídico y pone en el centro de la discusión la transparencia, el control institucional y la efectividad de la información pública sobre una de las estrategias más relevantes de la política sanitaria del país.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
