La Comisión Séptima del Senado archivó este martes la reforma a la salud tras una votación de ocho votos, decisión que, según el Ministerio de Salud, bloquea los cambios estructurales que el país exige y mantiene un sistema que ha fallado durante décadas. Para el Gobierno, el archivo de la iniciativa no solo frena una transformación considerada urgente, sino que protege un modelo que prioriza intereses económicos por encima del derecho fundamental a la salud.
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De acuerdo con el comunicado oficial, la determinación adoptada en el Congreso “blindó el negocio de la salud” y cerró las puertas a cambios que buscaban fortalecer la atención primaria, reorganizar los servicios desde los territorios, garantizar el uso transparente de los recursos públicos y controlar los incentivos perversos asociados a la integración vertical.
Ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti. Foto:Mininterior
El Ministerio de Salud insistió en que la reforma archivada contaba con un planteamiento fiscal sólido. Según el Gobierno, la iniciativa tenía respaldo financiero a 10 años, contemplaba aumentos históricos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y aseguraba recursos permanentes para el sector. En ese contexto, el Ejecutivo rechazó que la falta de financiación fuera el obstáculo principal para el funcionamiento del sistema de salud.
“El problema no es la plata”, reiteró el Gobierno, en línea con lo advertido por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. De acuerdo con esta posición, las dificultades estructurales del sistema se explican por la opacidad, el mal manejo de los recursos y un modelo que permite que el dinero se quede en intermediarios y no llegue efectivamente a la población que requiere los servicios.
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Para el Ministerio, el archivo de la reforma no resuelve la crisis del sistema de salud, sino que la profundiza. Mantiene, según el comunicado, un esquema que no responde de manera adecuada a los pacientes, que precariza las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y que afecta de manera especial a los territorios más apartados del país, donde las falencias en la prestación de servicios son más evidentes.
La crisis del sector salud ha empeorado en los últimos tres años. Foto:César Mateus – EL TIEMPO
El pronunciamiento oficial también subraya el carácter político de la decisión tomada en la Comisión Séptima del Senado. A juicio del Gobierno, con esta votación “quedó claro quiénes decidieron defender intereses particulares por encima del derecho fundamental a la salud”, una afirmación que refuerza la idea de que el debate sobre la reforma trasciende lo técnico y se inscribe en una disputa de modelos sobre la gestión del sistema sanitario.
Pese al revés legislativo, el Gobierno aseguró que no dará marcha atrás en su propósito de transformar el sistema de salud. En el comunicado se enfatiza que el llamado “Gobierno del Cambio” no retrocede y que continuará trabajando por una “Salud con Dignidad”, bajo el principio de que la salud no debe ser entendida como un negocio, sino como un derecho fundamental de todos los ciudadanos.
La decisión de archivar la reforma deja en suspenso una de las principales apuestas del Ejecutivo en materia social y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
