El Ministerio de Salud y Protección Social se pronunció esta semana señalando que no reconoce ni comparte las solicitudes de aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) planteadas por agremiaciones como Acemi y la Andi, al considerar que estas propuestas desconocen la metodología oficial de cálculo y omiten los problemas estructurales asociados al manejo de los recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
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De acuerdo con la cartera de Salud, el cálculo de la UPC se realiza a partir de la información de costos y servicios que reportan las propias EPS, mediante un proceso riguroso que incorpora los factores necesarios para garantizar recursos suficientes para el aseguramiento en salud de los colombianos. En esa medida, el Ministerio, como ente rector del sistema, cuestionó los argumentos presentados por estas agremiaciones, que han señalado una insuficiencia de recursos basada en variables como la siniestralidad, rezagos y eliminación de datos.
El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Mauricio Moreno
Acemi y la Andi han planteado de manera reiterada que los recursos destinados a la salud son insuficientes y que el sistema enfrenta una crisis de financiamiento. Bajo esta premisa, proponen un aumento de la UPC entre el 15 % y el 17 %, una solicitud que, para el Ministerio, desconoce los hallazgos oficiales que, según el Gobierno, evidencian que la crisis del sistema no se origina en la falta de recursos, sino en el manejo inadecuado e irresponsable del dinero público por parte de las EPS.
El Ministerio recordó que, en un comunicado de prensa, la Andi aseguró que las EPS operan en rojo debido a que la UPC es insuficiente y que, para estabilizar el sistema, se requiere un aumento del 15 %. Sin embargo, la cartera de Salud señaló que son los mismos empresarios que “hoy exigen mayores recursos públicos quienes dejaron de pagar, desde 2014, el aporte patronal a la salud de los trabajadores”. De acuerdo con el Gobierno, este incumplimiento generó un vacío financiero que tuvo que ser cubierto por el Estado, obligando a destinar más de 32 billones de pesos adicionales que actualmente son asumidos por los ciudadanos a través de impuestos.
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“Resulta grave también que estas agremiaciones continúen señalando al Estado como responsable del supuesto desfinanciamiento, cuando el propio Gobierno Nacional ha identificado fallas estructurales derivadas del www.minsalud.gov.co uso indebido de los recursos por parte de las EPS que ellas representan. Durante más de dos décadas, los gobiernos se han visto obligados a intervenir o liquidar EPS por falta de solvencia económica, demostrando que el problema no es la UPC, sino un modelo de administración sin controles efectivos, sin regulación suficiente y con escasa auditoría”, señaló el Ministerio.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi. Foto:Acemi
El comunicado enfatiza que, durante más de dos décadas, distintos gobiernos se han visto obligados a intervenir o liquidar EPS por falta de solvencia económica, lo que, a juicio del Ministerio, bajo el liderazgo de Guillermo Alfonso Jaramillo, demuestra que “el problema no radica en el valor de la UPC, sino en un modelo de administración sin controles efectivos, con regulación insuficiente y escasa auditoría”.
Según el Ministerio, estudios recientes adelantados por el Gobierno Nacional han revelado hechos que la cartera calificó como alarmantes. Entre ellos, se identificaron pagos por prestación de servicios a personas fallecidas por más de 2,3 billones de pesos, así como sobrecostos en medicamentos, con casos en los que se pagaron tratamientos de bajo costo a precios hasta cientos de veces superiores a su valor real. Estas prácticas, señaló la cartera, constituyen un desfalco de los recursos públicos y evidencian un patrón sistemático de desvío y despilfarro del dinero destinado a la salud.
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“Estas prácticas no solo constituyen un desfalco a los recursos públicos, sino que evidencian un patrón sistemático de desvío y despilfarro del dinero destinado a la salud de los colombianos. Estos hechos ya están en conocimiento de los organismos de control, que deberán establecer las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias correspondientes”, destacó el Ministerio de Salud.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPO – Naturgás
La cartera también recordó que existen antecedentes judiciales y sentencias, como las condenas a exdirectivos de SaludCoop, por prácticas relacionadas con el cobro de sobrecostos, el ocultamiento de facturas y el pago por servicios a personas fallecidas.
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“En este contexto, proponer un aumento desproporcionado de la UPC, sustentado en análisis sesgados y en el uso selectivo de información oficial, constituye un intento de inducir a error a la institucionalidad del Estado. Pretender que el Gobierno adopte estas recomendaciones para equilibrar las finanzas de las EPS, sin corregir las prácticas que generaron la crisis, podría configurar conductas que deben ser investigadas por las autoridades competentes”, añadió el Gobierno.
Finalmente, el Ministerio de Salud aseguró que, desde 2022, se ha realizado la mayor inversión en salud de los últimos 20 años, con más de 8 billones de pesos destinados a infraestructura, dotación, equipos básicos, transporte asistencial y programas de promoción y atención primaria, especialmente en regiones históricamente abandonadas.
Según la cartera, la insistencia de Acemi y la Andi en aumentar la UPC no responde al interés de garantizar el derecho fundamental a la salud, sino a la intención de mantener un modelo que ha permitido el uso indebido de recursos públicos.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
