Colombia suele presentarse como un país privilegiado en materia de agua. Sin embargo, detrás de ese discurso persiste una realidad difícil de ignorar: el acceso al agua potable sigue siendo profundamente desigual, especialmente en los territorios rurales y las regiones periféricas. Y aunque los avances de las últimas décadas son innegables, el ritmo actual simplemente no alcanza para cerrar la brecha estructural que afecta a millones de personas.
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En las ciudades, las coberturas superan el 98 por ciento, una cifra destacable para la región. Pero en la ruralidad, el panorama es distinto: apenas el 66 por ciento de los hogares acceden a agua segura. Y en departamentos como Guainía, Vaupés, La Guajira, Chocó y Vichada, entre el 40 y el 53 por ciento de la población carece de acceso adecuado. Estas no son excepciones: son territorios históricamente excluidos, donde la pobreza multidimensional, la dispersión poblacional y las limitaciones de infraestructura se acumulan sin que la política pública logre romper el ciclo.
Los desafíos
No es un patrón nuevo. Los departamentos con mayores niveles de privación hídrica son también los que presentan los índices de pobreza más altos del país. En otras palabras: donde hay más pobreza, hay menos agua. Y sin acceso al agua potable no hay salud, educación, productividad ni bienestar posibles. Este es, quizá, el indicador más claro de nuestras desigualdades territoriales.
Los departamentos con mayores niveles de privación hídrica son también los que presentan los índices de pobreza más altos del país. En otras palabras: donde hay más pobreza, hay menos agua.
En las ciudades, el desafío no es el acceso, sino la eficiencia. Las pérdidas de agua siguen en niveles que no pueden considerarse aceptables para un país con ambiciones de modernización. Ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Bogotá registran pérdidas de entre el 39 y el 47 por ciento. Una parte corresponde a infraestructura antigua; otra, a conexiones ilegales y a fallas en la micromedición. Lo crítico es que estas pérdidas comprometen la sostenibilidad financiera y ambiental del servicio, especialmente en contextos de una variabilidad climática creciente.
Y justamente el clima ha empezado a imponer límites que antes parecían lejanos. La reciente crisis de abastecimiento en Bogotá y su zona metropolitana, las restricciones en el Caribe y los períodos de estrés hídrico en varias regiones (São Paulo, 2014-2015; Santiago de Chile, 2020-2022) muestran que la disponibilidad ya no está garantizada. Sequías prolongadas, deforestación, degradación de las cuencas y presiones sobre los páramos y humedales están afectando la estabilidad de las fuentes. La era de la abundancia hídrica en Colombia está llegando a su fin, y la planeación del territorio aún no lo reconoce plenamente.
La era de la abundancia hídrica en Colombia está llegando a su fin, y la planeación del territorio aún no lo reconoce plenamente.
En materia financiera, el país ha aumentado la inversión, pero no lo suficiente. El Ministerio de Vivienda pasó de invertir $ 318.000 millones en 2018 a casi $ 1 billón en 2023 y 2024. El componente de agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones (SGP) creció en el mismo período alrededor del 180 por ciento; sin embargo, la brecha total supera los $ 100 billones, y a este ritmo podrían pasar décadas antes de cerrarla. Además, más del 50 por ciento del SGP se destina a subsidios, indispensables para garantizar asequibilidad, pero que reducen el margen para invertir en infraestructura donde más se necesita.
A esto se suma un problema que pocas veces entra en la discusión pública: la congestión del mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda. La Resolución 0661 de 2019 centralizó el proceso en Bogotá con el fin de estandarizar la calidad de los proyectos. Pero en la práctica, el sistema está desbordado: hoy existen 1.150 proyectos registrados; 1.005 siguen en evaluación y más de cien fueron devueltos o están sin codificación. Apenas una proporción mínima alcanza viabilidad o un concepto favorable.
Esta congestión no es solo un trámite lento: es un freno estructural para las regiones que necesitan con urgencia ejecutar obras. Los departamentos con menor capacidad técnica son los más afectados; las comunidades rurales, las más perjudicadas. Reformar este mecanismo no es opcional: es indispensable.
¿Qué hacer?
Primero, descentralizar la evaluación de proyectos mediante ventanillas departamentales acreditadas por el Ministerio de Vivienda para la evaluación y viabilización de proyectos de agua y saneamiento, que operen bajo estándares nacionales, pero con gestión territorial. La centralización total resulta inviable ante la demanda actual. Colombia no puede seguir dependiendo de un único embudo técnico en Bogotá mientras cientos de proyectos territoriales quedan represados.
Segundo, crear un fondo nacional que permita articular recursos públicos, inversión privada, cooperación internacional y bonos verdes o sociales. Este instrumento debe dar prioridad a proyectos rurales y en comunidades indígenas y afrodescendientes, al permitir el acceso a créditos concesionales, garantías y donaciones que hagan viables iniciativas de alto impacto social y ambiental. La magnitud de la brecha supera ampliamente la capacidad del presupuesto nacional. Sin acceso decidido a financiamiento de largo plazo y bajo costo, no habrá forma de construir las redes, plantas y sistemas rurales que el país requiere.
Tercero, tecnologías descentralizadas y de bajo costo —plantas modulares, potabilización solar, captación de agua de lluvia, filtros comunitarios— que respondan mejor a las realidades geográficas y económicas de las zonas rurales dispersas. Esto requiere incentivar la innovación local, promover pilotos replicables (proyectos tipo) y fortalecer la transferencia tecnológica a los municipios. Los modelos urbanos no son replicables en zonas rurales dispersas, y seguir insistiendo en ellos aumenta los costos y reduce la sostenibilidad.
Cuarto, fortalecer las capacidades locales: impulsar programas de formación, certificación y asistencia técnica para líderes comunitarios, juntas administradoras de acueductos y gobiernos locales. Fortalecer estas capacidades reduce la dependencia del nivel central y mejora la sostenibilidad operativa de los sistemas, especialmente en comunidades rurales donde la apropiación social es clave. Sin instituciones territoriales robustas, cualquier avance se desvanece una vez que termina un proyecto.
Quinto, dar prioridad a la protección de cuencas abastecedoras, páramos y humedales: impulsar programas de restauración ecológica, pagos por servicios ambientales (bonos de agua) y protección de cuencas abastecedoras, con prioridad en páramos, bosques y humedales. La gestión del agua debe integrarse explícitamente con la planificación de medidas de adaptación al cambio climático y con el ordenamiento territorial, para asegurar sistemas urbanos y rurales más resilientes frente a eventos extremos y variabilidad hídrica.
Sexto, modernizar la gestión urbana con micromedición inteligente, sensores IoT (Internet of Things, la conexión de objetos físicos a internet para recopilar e intercambiar datos) e inteligencia artificial para detectar fugas y reducir pérdidas. Esto debe combinarse con campañas de cultura ciudadana y mecanismos de reporte comunitario para fomentar la corresponsabilidad.
Finalmente, el país necesita transparencia y datos abiertos: un Observatorio Nacional de Agua Potable y Saneamiento con datos abiertos, georreferenciados y en tiempo real sobre coberturas, calidad del agua, inversiones, ejecución de proyectos y estado de las fuentes. Esto fortalecerá la toma de decisiones basada en evidencia, mejorará la rendición de cuentas y facilitará el control ciudadano. Colombia no puede seguir gestionando el agua potable con estructuras del siglo pasado ante los riesgos del siglo XXI. Garantizar el acceso universal exige instituciones fortalecidas, territorios con capacidad real, financiamiento adecuado y procesos más ágiles. El agua no puede seguir siendo una promesa aplazada: es una obligación ética, social y ambiental.
Aníbal Pérez García (*) – Razón Pública (**)
(*) Ingeniero civil con maestría en Hidrosistemas y doctorado en Geociencias. Ha sido viceministro de Agua, director ejecutivo del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, y director de Vivienda y Desarrollo Urbano en Findeter, es autor de publicaciones científicas sobre recursos hídricos y sostenibilidad.
(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
