El pasado 8 de agosto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció con entusiasmo la apertura de la nueva convocatoria de Beneficios Tributarios por inversión en proyectos de I+D+i (Convocatoria 970), un instrumento que, en las últimas décadas, ha impulsado la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación en el país.
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La promesa era clara: entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre de 2025, las empresas podrían postular proyectos para ser evaluados, declarados elegibles y acceder a un crédito fiscal del 50 % o un descuento tributario del 30 % sobre la inversión calificada.
Minciencias aseguró en ese momento que la presentación de la convocatoria era un componente estratégico para acelerar la transformación productiva del país, alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en transición energética, salud, agroindustrialización y fortalecimiento territorial.
La convocatoria estaba abierta a empresas de todos los tamaños domiciliadas en Colombia y se estructuró en varias modalidades: alianzas entre instituciones de educación superior y empresas, MiPymes ejecutoras o coejecutoras, grandes empresas con participación de MiPymes y organizaciones que desarrollan directamente proyectos de I+D+i.
Sin embargo, a pesar de la amplitud del anuncio, de la aparente normalidad y del interés del sector empresarial, hoy —cuatro meses después del cierre— la convocatoria no tiene cupo fiscal asignado. Los proyectos fueron presentados, pero no existe presupuesto aprobado disponible para respaldarlos. En la práctica, en este momento es una convocatoria sin recursos, lo que ha generado un profundo malestar entre empresarios, centros de investigación y gremios que han prendido las alarmas.
Una convocatoria sin cupo: la jugada del banco de elegibles
Para Mauricio Reyes, gerente de Inventta, lo que hoy vive el mecanismo es consecuencia de un problema que se arrastra desde 2021, cuando una reforma tributaria introdujo un requisito nuevo: que el cupo fiscal debía ser aprobado no solo por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, sino también por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda.
“Es una convocatoria vacía porque no tiene cupo”, afirma Reyes. “Antes el Consejo Nacional definía el monto y ya. Pero desde 2021, el Confis debe aprobarlo primero. Y si el Confis no aprueba, no se puede hacer nada. Eso no está en manos del Ministerio de Ciencias sino del Ministerio de Hacienda”.
Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Foto:EFE / Carlos Ortega
Según Reyes, el Confis no está convencido del valor del mecanismo y ha exigido encuestas, análisis y estudios para demostrar que estos proyectos generan un retorno positivo para el país. Esto ha creado un cuello de botella que paraliza el sistema desde hace tres años.
Ante esta situación, solo ha sido constante la financiación a proyectos plurianuales debido a que si un proyecto aprobado tiene duración de varios años, el Estado debe garantizar el cupo fiscal para todo su periodo de ejecución. “El año pasado hubo cupo solo para los plurianuales (1,8 billones) —cuenta Reyes—, pero no para proyectos nuevos. Por eso nunca se abrió convocatoria”.
Este año, ante la imposibilidad de anticipar si Hacienda liberaría recursos, Minciencias optó por una estrategia distinta: abrir la convocatoria sin cupo, evaluar y seleccionar proyectos, y luego llevar ese portafolio al Confis para pedir la aprobación. Pero la jugada parece no haber dado resultado.
La semana pasada debían reunirse el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y el Confis para los proyectos nuevos. Ninguno se materializó. Y sin esas dos decisiones —aprobar los proyectos y asignar el cupo— la convocatoria sigue en el limbo.
Sobre estos retrasos EL TIEMPO consultó a la cartera de ciencias sobre por qué la convocatoria 970 sigue en el limbo. De acuerdo con Minciencias, después de que se convoco a las empresas a que presentaran sus proyectos en agosto, se realizó también una encuesta para medir el impacto de la estrategia en la que se recibieron observaciones por parte del Departamento Nacional de Planeación que motivaron a ajustes que hasta ahora, casi cuatro meses después, tienen en veremos la evaluación de los proyectos presentados.
“En el ejercicio de diseñar la hoja de ruta de evaluación, se identificó que el proceso de evaluación que debe garantizar la idoneidad de los evaluadores responde a tiempos muy ajustados para realizar un proceso de evaluación, aumentando la probabilidad de incurrir en errores que pueden afectar la transparencia, la publicidad y el debido proceso para la selección de los proyectos esenciales y en la toma de decisiones del CNBT y el Confis, asegura Rubén Darío Ortiz, director de desarrollo tecnológico e innovación de Minciencias.
De esta manera, la decisión del ministerio fue “postergar la publicación del Banco de Elegibles y estructurar una evaluación con los tiempos pertinentes para su buen desarrollo e implementación”, con el 19 de diciembre como fecha tentativa para que ocurra.
Con esta fecha en mente, los procesos con el CNBT y el Confis para esta convocatoria deberían darse contrarreloj para que sean dentro del año fiscal que ya termina o recurrir a algún mecanismo extraordinario. De lo contrario, 2025 será el segundo año consecutivo en el que empresas y pymes no recibirán beneficios tributarios para nuevos proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
Señalan además desde Minciencias que los resultados preliminares de la encuesta sobre esta herramienta les confirman la centralización del instrumento en grades empresas. “En este contexto, es importante señalar que en 2023 se aprobó un cupo recomendado de $2,3 billones y en 2024 se asignó un cupo por $1,8 billones para proyectos plurianuales, recursos que, pese a su magnitud, han beneficiado principalmente a empresas de gran tamaño, evidenciando la necesidad de revisar los criterios de acceso y distribución del instrumento”.
Para Reyes, esta crítica por un lado desconoce la realidad de quienes invierten en ciencia y tecnología, a la vez que omite la tendencia de crecimiento que venían presentando las pymes sobre este instrumento.
“Incluso desde el último gobierno de Juan Manuel Santos ya se le habían hecho ajustes al beneficio para que más pymes los usaran. Se ha evidenciado una tendencia creciente en el uso de las pymes, en términos de volumen, cantidad de proyectos, pero en términos de montos, claramente las asignaciones más grandes siguen siendo de compañías más grandes. Quienes hacen las grandes inversiones en proyectos, quien contrata a los investigadores, pues es la gran empresa”, señala Reyes, quien considera que los retrasos afectan gravemente la inver en ciencia y tecnología, pues en los últimos años el sector pasó de recibir 2,5 billones de pesos con este instrumento a cero, al no poder con el principal aporte que hace el Estado en esta materia.
El malestar empresarial: “abrieron una convocatoria sin plata”
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el diagnóstico es similar. Alejandro Olaya, director de innovación del gremio, señala que en la práctica las empresas ya consideran que el mecanismo no funciona y han dejado de participar. “Abrir una convocatoria, seleccionar proyectos y luego decir que no hay Confis para aprobar recursos genera ruido, malestar e incomodidad”, expresa. “Es como si uno fuera a comprar una casa sin saber si tiene cómo pagarla”.
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Para Olaya, el Ministerio de Ciencia tiene responsabilidades claras como cabeza del sector: liderar la interlocución con el Ministerio de Hacienda, asegurar los cupos y comunicar con transparencia. “Lo que oímos siempre es: la culpa es de otro. Pero si no hay recursos, lo correcto sería decirlo desde el principio y evitar el desgaste de cientos de equipos que estructuraron proyectos que nunca serán financiados”.
El impacto de este freno es profundo. Según Olaya, el 80 % de los recursos públicos que financian la innovación empresarial proviene de estos beneficios tributarios. Los estudios muestran que por cada peso concedido en deducciones tributarias, las empresas invierten cinco más en proyectos de ciencia e innovación.
Sin el mecanismo, se paralizan las líneas de investigación que las empresas desarrollan con universidades y centros tecnológicos, se pierden empleos especializados —alrededor de 3.000 en el último año, según cifras de la Andi— y Colombia pierde competitividad frente a países donde estos incentivos siguen vigentes.
“Las empresas multinacionales simplemente trasladan sus proyectos a Chile, Perú o Argentina, donde sí hay exenciones. Y Colombia pierde oportunidades estratégicas”, concluye Olaya.
Con los retrasos de este año, el sector empresarial completa ya doce meses sin que haya sido aprobado un solo proyecto nuevo de I+D+i por el mecanismo de beneficios tributarios. En 2024 la convocatoria ni siquiera se abrió para esta categoría.
Los datos respaldan la preocupación del sector privado: entre 2017 y 2023, el uso de estos beneficios pasó de 598.000 millones a 2,48 billones de pesos. Las MiPymes aumentaron su participación, pasando del 10 % al 23 % del cupo total. Eran, hasta ahora, el instrumento más efectivo para financiar proyectos de ciencia en Colombia.
Para muchos expertos, el retraso es también un síntoma más de las tensiones fiscales del país y del limitado presupuesto de Minciencias. Finalmente, también es una caída importante en los ya pocos recursos que el país destina para la ciencia.
REDACCIÓN CIENCIA
