Por medio de un comunicado, la Nueva EPS, aseguradora intervenida por la Superintendencia de Salud, dio a conocer que actualmente es objeto de embargos por más de $ 2,1 billones de pesos, medidas que le fueron interpuestas por vía judicial a causa de las deudas que sostiene con diferentes clínicas y hospitales de diferentes partes del país.
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De acuerdo con la aseguradora, cuatro juzgados decidieron incrementar los embargos en su contra, que anteriormente estaban en $ 887.000 millones de pesos, razón por la cual, se lee en el documento, se pondría en riesgo la operación de la EPS.
Este anuncio se da en medio de una creciente preocupación por el estado de la Nueva EPS, que está en manos del Gobierno desde abril de 2024, ya que debido a sus elevadas deudas con IPS y gestores farmacéuticos se viene registrando un creciente número de entidades que han decidido dejar de prestar sus servicios a los afiliados, lo cual ha afectado la prestación de servicios como dispensación de medicamentos, citas médicas, exámenes, entre otros.
De acuerdo con la entidad, los embargos “tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional; en este momento la Entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación, de allí que dicha decisión pone en relevancia, pues solo se cuenta con el giro directo que llega cada semana para la prestación hacia la red prestadora y limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería”.
Actualmente los embargos mencionados se concentran en aproximadamente 95 IPS que presentaron las demandas en el proceso de intervención de Nueva EPS, procesos que se concentran en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia – Caquetá, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico – Caquetá y Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
La EPS aseguró que ha acudido a diferentes medidas tanto jurídicas como financieras para mitigar este impacto y ha buscado acercamiento con los jueces que han establecido estas medidas de embargo. Así mismo, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Adres y a entes de control frenar las medidas y poder controlar sus recursos.
Las deudas de la Nueva EPS llevaron recientemente a que Colsubsidio anunciara el fin de su contrato para dispensación de medicamentos a 1,6 millones de usuarios, quienes se suman a otros 2,5 millones que desde noviembre no reciben sus medicamentos por parte de Disfarma, otro gestor con el que la aseguradora tiene multimillonarias deudas.
Las obligaciones de la entidad, actualmente bajo control de la Superintendencia de Salud, no se limitan a los gestores farmacéuticos. De hecho, a lo largo de 2025 fueron frecuentes las noticias sobre clínicas y hospitales que suspendieron la atención a los usuarios de la aseguradora por multimillonarias obligaciones pendientes. El caso más reciente es el del Hospital San Rafael de Tunja y el Hospital Regional de Sogamoso, que desde el 1.º de enero de este año dejaron de atender a pacientes de la EPS debido a deudas de 137.000 millones y 37.000 millones de pesos, respectivamente.
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No es el único episodio. Situaciones similares se han presentado con la Clínica Shaio en Bogotá; el Hospital Regional de la Orinoquia, en Yopal; el Hospital Universitario San Jorge, de Pereira; el Centro de Rehabilitación de Boyacá; el Hospital San Rafael, de Pasto, y al menos otros cinco hospitales de diferentes regiones del país. También ocurrió con el Hospital San José y la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Cardiovascular y varios hospitales públicos de Antioquia. En algunos casos se lograron acuerdos para evitar la suspensión definitiva de los servicios, en otros los usuarios ya no son atendidos.
