El Ministerio de Salud y Protección Social salió al paso de las proyecciones presentadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre los impactos presupuestales de la reforma a la salud, al advertir que el análisis de la entidad “parte de supuestos incompletos” que no representan la arquitectura real del proyecto de ley 410 de 2025. Según la cartera, el informe ‘Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia y del proyecto de reforma 410 de 2025’ desconoce elementos estructurales del modelo propuesto por el Gobierno, lo que limita la validez de sus conclusiones.
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En un comunicado oficial, el Ministerio recordó que el CARF “no es experto en sistemas de salud” y aseguró que un análisis técnico riguroso debe partir del diseño del nuevo sistema, no de una extrapolación del modelo actual, cuya fragmentación e ineficiencia —según afirma— la reforma busca corregir.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Sergio Acero – EL TIEMPO
Los cuestionamientos del Ministerio de Salud
El primer señalamiento del Ministerio apunta a que el CARF evalúa la reforma como si fuera una ampliación del sistema vigente, y no una transformación basada en la Atención Primaria en Salud (APS) y en la gestión anticipada del riesgo. De acuerdo con la autoridad sanitaria, este enfoque preventivo está diseñado para reducir en el mediano plazo la presión sobre los servicios de mediana y alta complejidad y generar una planeación más eficiente del gasto.
Ignorar ese efecto, dice el comunicado, “conduce a conclusiones fiscalmente sesgadas y alejadas del funcionamiento real del modelo propuesto”. Como sustento, la entidad cita un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual el 17% del gasto en hospitalizaciones en Colombia responde a causas prevenibles, lo que equivale a 1,7 billones de pesos al año. Ese monto, sostiene el Ministerio, podría evitarse gradualmente con un primer nivel de atención fortalecido.
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Otro de los cuestionamientos se dirige a la forma en que el CARF proyecta la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para el Gobierno, basarla en la historia reciente del sistema y no en la nueva dinámica demográfica, epidemiológica y tecnológica del país constituye “un error metodológico”. La cartera señala que el modelo actual arrastra sobrecostos e ineficiencias administrativas que la reforma busca corregir.
Según el Ministerio de Salud, el informe del CARF extrapola costos del modelo actual. Foto:Archivo particular
El Ministerio recuerda, además, que el BID documentó en 2023 que Colombia destina un 5,4% de los recursos de salud a gastos administrativos, por encima del promedio de la OCDE (3,5%), y afronta un gasto farmacéutico entre 4 y 7 puntos porcentuales mayor al de otros países, con márgenes mayoristas del 20%. Reproducir esas cifras en las proyecciones fiscales “perpetúa un nivel de gasto que la reforma corrige”, afirma.
El comunicado también cuestiona que el CARF asigne a la reforma gastos que —según el Ministerio— deben asumirse independientemente del modelo institucional, como la modernización de la red pública, la actualización tecnológica o la atención de pasivos históricos. Estos costos, señala, no derivan del proyecto de ley, sino de obligaciones del Estado tras décadas de rezago en infraestructura.
Para el Gobierno, el análisis del CARF “reproduce mecánicamente” los costos del sistema vigente y no incorpora la arquitectura institucional que plantea la reforma. Entre los elementos omitidos, menciona el papel ampliado de la ADRES como administradora única de recursos; la reorganización de la red pública; la interoperabilidad del sistema de información; y el liderazgo territorial en la gestión sanitaria.
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En ese sentido, critica que el documento defienda un sistema descentralizado mientras mantiene “canales centralizados de intermediación” propios de las EPS, que —según el Ministerio— hoy restringen acceso y dificultan el seguimiento del gasto.
También recuerda que la reforma introduce un Sistema de Gestión para el manejo eficiente de los recursos, que integra planeación territorial, contratación por resultados, control de precios y tecnologías, auditoría concurrente e interoperabilidad de datos clínicos y financieros, con el propósito de eliminar sobrecostos y mejorar la trazabilidad.
La reforma de la salud permanece estancada en la Comisión VII del Senado. Foto:Milton Diaz
Otro de los puntos que, a juicio del Gobierno, fue ignorado por el CARF son los avances en la política integral de impuestos saludables. Esta fuente tributaria, afirma el Ministerio, previene enfermedades de alto costo y genera recursos estables que reducen la presión futura sobre el sistema, fortaleciendo la sostenibilidad del modelo basado en aseguramiento social.
Finalmente, el Ministerio señala que el análisis omite una premisa reconocida por los sistemas de salud modernos: garantizar el derecho fundamental a la salud implica no solo atender enfermedades, sino evitar que se produzcan. Además, advierte que los costos en salud aumentarán más de un punto del PIB en los próximos años bajo cualquier modelo, debido a factores estructurales como envejecimiento de la población, transición epidemiológica e innovación tecnológica.
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Aunque la cartera sanitaria reconoce que el CARF aporta insumos al debate, el Gobierno insiste en que sus cifras parten de supuestos no alineados con el diseño real de la reforma. “La propuesta del Gobierno no representa un salto al vacío fiscal, sino una transición ordenada hacia un sistema más eficiente, moderno, equitativo y sostenible”, concluye el comunicado.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
