El sistema de salud colombiano inicia 2026 en un escenario de mayor fragilidad financiera y operativa, marcado por decisiones oficiales que, según un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud, han profundizado una crisis estructural que afecta directamente a pacientes y usuarios. En un comunicado, los firmantes advierten que el resultado es “mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte”.
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De acuerdo con el documento, el cierre de 2025 dejó un balance negativo para quienes dependen del sistema, y el nuevo año comienza con medidas que “profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio”, adoptadas, señalan, con “preocupante indiferencia frente a las advertencias técnicas, institucionales y humanas” formuladas durante el año anterior.
El pronunciamiento recuerda que desde 2022, y de manera reiterada durante 2025, este grupo de exfuncionarios expresó públicamente su preocupación por el rumbo del sistema. Aclaran que sus alertas “no han sido aisladas ni ideológicas” y que han coincidido con los pronunciamientos de la sociedad civil y de los principales órganos de control del Estado.
Desfinanciación estructural y órdenes incumplidas
Uno de los ejes centrales del comunicado es la advertencia sobre una desfinanciación estructural, asociada al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La Corte Constitucional, recuerdan, ha reiterado en autos de 2024 y 2025 que el sistema enfrenta este problema por el uso de información incompleta, la falta de aplicación de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.
A estas advertencias se suman las de otros organismos. La Procuraduría General de la Nación ha señalado la “fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico” en decisiones de política pública, mientras la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro del acceso a los servicios, el aumento de quejas y tutelas y la “creciente angustia de pacientes y familias”.
El nuevo año comienza con medidas que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio. Foto:iStock
La Contraloría General de la República, según el texto, ha confirmado estos hallazgos y ha advertido que las intervenciones administrativas realizadas no corrigieron las causas estructurales de la crisis. Por el contrario, “han concentrado la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos”.
Salario mínimo y UPC: un choque no absorbido
El comunicado cuestiona además decisiones fiscales recientes. El incremento del salario mínimo para 2026, aunque mejora el poder adquisitivo de cerca del 10 % de la población laboralmente activa, genera —según el texto— un impacto significativo sobre las finanzas públicas y el sistema de salud. Se estima que implica un costo adicional cercano a 4,5 billones de pesos para el sector, un efecto que “no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación”.
En este contexto, los firmantes consideran insuficiente el aumento del 16 % de la UPC del régimen subsidiado, que “no absorbe el choque de costos inducido por el salario mínimo” e incumple la orden de la Corte Constitucional de cerrar la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado. La situación del régimen contributivo también es descrita como preocupante, pues el incremento anunciado del 9 % estaría lejos de cubrir las necesidades estimadas de financiación para 2026.
El grupo sostiene que el Gobierno cerró 2025 sin corregir los rezagos históricos de la UPC, prolongando el desacato a órdenes de la Corte Constitucional y manteniendo uno de los núcleos de la desfinanciación estructural. A ello se suma, afirman, la “evasión sistemática de la metodología actuarial” y el traslado de responsabilidades técnicas a la Adres, mientras se debilita la capacidad del Ministerio de Salud.
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“Lo que describimos no corresponde a una queja aislada”, subraya el comunicado, sino a la evidencia de “una crisis deliberada y un clamor generalizado” de los agentes del sistema y de los órganos de control. Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran exministros como Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Jaime Arias.
El grupo reafirma su defensa del derecho a la salud, el respeto a la Constitución y el acatamiento de la ley, y expresa su disposición a trabajar en consensos “basados en la evidencia” que permitan detener el daño y avanzar hacia un mejor sistema de salud.
REDACCIÓN SALUD
