El Ministerio de Salud definió que para 2026 la Unidad de Pago por Capitación tendrá un aumento del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado, una decisión que, según el Gobierno, responde al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y a la necesidad de avanzar en la equiparación de los recursos entre ambos regímenes, en línea con lo establecido en la Sentencia T-760 y sus desarrollos posteriores. Es decir, el aumento real, cerca a lo requerido, según expertos, se da únicamente en el subsidiado, mientras el contributivo -según expertos- continúa con cifras deficitarias.
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Desde la perspectiva oficial, el mayor incremento del régimen subsidiado busca corregir la brecha histórica frente al contributivo y dar cumplimiento a los mandatos judiciales que ordenan acercar la prima pura del subsidiado a la del contributivo. El ajuste, además, se produce en un contexto marcado por mayores costos laborales y presiones estructurales sobre el sistema de salud.
El minsitro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:
Sin embargo, para los prestadores de servicios, el anuncio plantea serios desafíos. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, advirtió que el aumento de la UPC, especialmente en el régimen contributivo, resulta insuficiente frente al fuerte incremento del salario mínimo, lo que mantiene desfasados los ingresos respecto a los gastos obligatorios de hospitales y clínicas. A su juicio, el incremento representa “un gran reto” para las instituciones prestadoras, cuyo equilibrio financiero sigue siendo deficitario.
Giraldo subrayó que el impacto real del aumento dependerá de que el Gobierno expida con rapidez una circular que haga obligatorio el ajuste de contratos y tarifas entre las EPS y las IPS, de modo que el mayor valor de la UPC se refleje efectivamente en los pagos a los prestadores. Además, insistió en la urgencia de poner en marcha disposiciones pendientes de un plan extraordinario de liquidez que permita mitigar las dificultades financieras que enfrentan hospitales y clínicas, agravadas —según señaló— por las disfunciones de algunas EPS, en especial las intervenidas.
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Desde la óptica de los pacientes, el anuncio genera una lectura mucho más crítica. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo que el Gobierno mantiene una línea que, en su concepto, conduce al deterioro del sistema. Cuestionó que, pese a que en las mesas de UPC el Ejecutivo habría señalado que los recursos eran suficientes, hoy administre más de la mitad del sistema con los peores indicadores financieros y de resultados en salud. Para Silva, el incremento del salario mínimo en un 23 % y la eventual implementación de una reforma laboral incrementan los costos del sistema, presionando aún más una UPC que considera insuficiente.
Distintos actores han advertido que los aumentos diferenciados empeorarán la crisis. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Aunque reconoció que el aumento del régimen subsidiado va en la línea de dar cumplimiento parcial a la Sentencia T-760, Silva alertó que el panorama general para 2026 es negativo y que las decisiones adoptadas ponen en riesgo la vida de los colombianos, al profundizar las tensiones financieras del sistema en su conjunto.
El análisis académico coincide en que el incremento diferencial tendrá efectos complejos. Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, señaló que el aumento del 9,03 % en el régimen contributivo es significativamente menor al requerido por las EPS, que habían solicitado a través de estudios técnicos publicados por Acemi y la Andi incrementos de entre 15 % y 17 %, argumentando que el gasto real en salud supera ampliamente lo que reconoce el Gobierno. En su lectura, un ajuste cercano al 9 % resulta claramente insuficiente para las aseguradoras y puede dificultar aún más el pago oportuno a clínicas y hospitales.
Hernández advirtió que, si los costos de atención crecen por encima de ese 9,03 % —ya sea por inflación en insumos médicos o por mayor demanda de servicios—, las EPS enfrentarán un déficit operativo mayor, con efectos directos sobre su liquidez. Esto, a su vez, podría impactar la red de servicios, pues las aseguradoras tendrían incentivos para renegociar contratos a la baja, generando demoras en citas especializadas y en la entrega de medicamentos, y profundizando una crisis que ya es visible.
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En el caso del régimen subsidiado, el académico reconoció que el aumento del 16,49 % puede representar un avance en términos de equidad en la asignación de recursos. No obstante, advirtió que su impacto real dependerá de la capacidad de los hospitales para facturar y cobrar esos recursos, un proceso que, según señaló, sigue enfrentando dificultades estructurales.
El sistema de salud atraviesa actualmente una grave crisis debido a la falta de recursos. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Así, el aumento diferenciado de la UPC para 2026, aunque responde a razones jurídicas y de política pública planteadas por el Ministerio de Salud, deja abiertos interrogantes sobre su suficiencia para cubrir los costos reales del sistema. Con gremios y expertos que habían pedido incrementos de entre 15 % y 17 %, la discusión sobre si estos ajustes evitarán una mayor presión financiera o, por el contrario, profundizarán la crisis, seguirá siendo uno de los ejes centrales del debate en salud durante el próximo año.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
