La suspensión en la entrega de medicamentos a miles —y potencialmente millones— de afiliados al sistema de salud no es un episodio aislado ni un problema operativo circunstancial. Así lo sostiene Alexander Bermúdez, abogado experto en litigio corporativo y estructuración jurídica en el sector salud, quien asegura que el país enfrenta una crisis de naturaleza estructural, financiera y constitucional que compromete de manera directa el derecho fundamental a la salud.
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En entrevista con EL TIEMPO, Bermúdez plantea que el debate no puede reducirse a si hay o no disponibilidad de medicamentos en el mercado. “Si lo traducimos a un lenguaje del común, el problema no es solo si hay o no hay medicamentos en el país. Aquí la realidad jurídica es que cuando un paciente no recibe un tratamiento completo y a tiempo, su derecho fundamental a la salud se vuelve simplemente de papel”, afirma.
Alexander Bermúdez, abogado experto en litigio corporativo y estructuración jurídica en salud. Foto:Archivo particular
Para el jurista, la situación actual responde a una combinación de factores que se han venido acumulando y agravando con el paso del tiempo. “Esto está pasando por una mezcla de tres razones o circunstancias: suficiencia y trazabilidad de los recursos, tensiones contractuales en la cadena de suministro y fallas en la gestión y en la entrega que finalmente no pueden trasladarse al usuario. Ahí es donde está el punto”, explica.
Uno de los elementos centrales del análisis es el financiamiento del sistema a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció un incremento del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el subsidiado, lo que representa un aumento global del 12,94 % frente a 2025. Según el Ministerio de Salud, este ajuste llevaría los recursos del sistema de $89,8 billones en 2025 a cerca de $101,3 billones en 2026.
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Sin embargo, para Bermúdez, estas cifras no resisten un análisis jurídico y financiero riguroso. “Este salto, el Ministerio lo ha explicado como un aumento significativo de recursos, pero los costos reales del sector no crecen en esa misma proporción”, señala. De acuerdo con los indicadores oficiales, la inflación general de 2025 cerró en 5,1 %, pero la inflación específica en salud fue del 7,20 %. A ello se suma el incremento del salario mínimo del 23 %, que impacta de manera directa los costos laborales de EPS, IPS, hospitales y gestores farmacéuticos.
El sistema arrastra un déficit estructural que impide garantizar tratamientos. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
“El problema de fondo es que la UPC crece muy por debajo de los costos reales del sistema. Desde el primer mes del año, la capacidad de compra de esos recursos ya está erosionada”, advierte. En la práctica, una EPS recibe en promedio $138.243 mensuales por afiliado en el régimen contributivo, mientras que el costo real de atención —incluyendo medicamentos, talento humano, insumos, logística y administración— oscila entre $160.000 y $190.000. Esa diferencia, sostiene Bermúdez, implica operar en pérdida estructural.
Este desbalance financiero se traslada de forma inmediata a la cadena de pagos. Con flujos insuficientes, las EPS ajustan contratos al mínimo técnico y extienden los plazos de pago a IPS y gestores farmacéuticos. “El origen del problema no es una mala fe de los pagadores o aseguradores, sino la insuficiencia del recurso inicial. Cuando ese crédito se agota, se suspenden despachos y servicios, como ya lo hemos evidenciado”, explica.
Pero la crisis no es solo financiera. Bermúdez subraya que existe un componente constitucional de enorme gravedad. La Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada que la UPC del régimen subsidiado no puede ser inferior al 95 % de la del régimen contributivo. No obstante, para 2026 esa proporción apenas alcanza el 92,93 %, por debajo del umbral exigido.
Esta situación ya ha sido objeto de pronunciamientos judiciales contundentes. “La Corte ha sido clara en tres momentos clave que el país debe recordar”, señala el abogado. En diciembre de 2024, mediante el Auto 2049, el alto tribunal abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por no garantizar los recursos necesarios para el sistema. A comienzos de 2025, a través del Auto 007, declaró oficialmente que la UPC era insuficiente. Y el pasado 6 de enero de 2026, mediante el Auto 2061, la Corte negó nuevamente al Ministerio el cierre de la investigación por desacato.
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“Jurídicamente, esto significa que nuestro sistema de salud colombiano opera hoy bajo una presunción de incumplimiento de órdenes judiciales por parte del Gobierno Nacional”, afirma Bermúdez. “Estamos ante un desacato claro, evidente y ya demostrado judicialmente del Ministerio de Salud, que no ha acatado las instrucciones de la Corte en materia de financiación del sistema”.
Según expertos, el Gobierno no ha garantizado la suficiencia financiera de la UPC. Foto:Mauricio Moreno
El abogado advierte que las consecuencias de este escenario van más allá de la crisis asistencial. Ante la falta de medicamentos por la vía administrativa regular, los pacientes se ven obligados a acudir masivamente a la acción de tutela. “El paciente que llega a la farmacia y no recibe su medicamento no tiene otra alternativa que acudir a un juez”, señala. No obstante, alerta sobre los límites de esta vía.
“La tutela va a ordenar la entrega del medicamento, pero el juez no va a imprimir billetes. Si no hay flujo de caja para comprarlo, vamos a pasar de una crisis de salud a una crisis del Estado de Derecho”, advierte. En ese escenario, las sentencias judiciales corren el riesgo de volverse ineficaces, minando la autoridad de la justicia y la confianza institucional.
Frente a este panorama, Bermúdez considera que el país se encuentra ante una situación de “gravedad constitucional inédita” desde la expedición de la Constitución de 1991. A su juicio, no es descartable que la Corte Constitucional evalúe la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en el sector salud, como lo han solicitado distintos actores académicos y sociales.
Para evitar el colapso, el abogado insiste en la necesidad de adoptar medidas inmediatas y estructurales. “Todos los actores deberían estar obsesionados con tres factores fundamentales”, afirma. El primero, contar con datos confiables y reales para calcular la suficiencia de la UPC. “La mesa técnica convocada para febrero debe escuchar lo que los operadores y aseguradores vienen advirtiendo: el valor que hoy se paga es insuficiente”.
El segundo elemento es garantizar un flujo efectivo de recursos hacia la red. “No basta con prometer aumentos. Los pagos deben llegar, cumplirse y permitir que las entidades tengan tranquilidad operacional para cubrir sus gastos mensuales”, señala. Y el tercero, una trazabilidad real centrada en el usuario. “Debemos saber qué atención están recibiendo los pacientes, especialmente en zonas rurales y en ciudades donde hoy miles de personas no saben a quién reclamarle sus medicamentos”.
En última instancia, Bermúdez es enfático en que la solución pasa por una inyección real de recursos basada en costos efectivos y no en cálculos políticos. “Este problema se resuelve inyectando más dinero al sistema, pero dentro de una estructura que cambie de verdad la realidad que hoy padecen miles de colombianos. De lo contrario, el colapso asistencial, judicial e institucional será inevitable”.
Mientras tanto, el sistema de salud colombiano inicia 2026 bajo la sombra de un desacato constitucional vigente y con una sostenibilidad cada vez más comprometida, en un escenario donde el derecho a la salud enfrenta su prueba más crítica en décadas.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
