La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a todos los actores del sistema de salud para evitar interrupciones en la prestación de servicios y en el acceso a medicamentos, tras conocer una serie de hechos que, según la entidad, ponen en riesgo el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en distintos territorios del país.
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En un pronunciamiento emitido desde Bogotá el 31 de diciembre de 2025, la Defensoría expresó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar de manera directa a las personas usuarias del sistema, especialmente a partir del 1 de enero de 2026. La advertencia se produce en medio de anuncios de suspensión de servicios por parte de instituciones hospitalarias y del cierre de puntos de dispensación de medicamentos para afiliados de una EPS intervenida.
De acuerdo con la Defensoría, todos los actores que participan en la prestación de servicios de salud están obligados a garantizar redes de atención suficientes para la población, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Esta responsabilidad cobija a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), las Empresas Sociales del Estado (ESE), así como a gestores y operadores farmacéuticos, entre otras entidades del sistema.
Defensora del Pueblo, Iris Marín Foto:Defensoría
La entidad subrayó la necesidad de mantener espacios conjuntos y permanentes de comunicación y articulación institucional con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores de las EPS y los gestores farmacéuticos. Según indicó, estos espacios resultan clave para dar continuidad al trabajo adelantado a través de los Puestos de Mando Unificado en Salud (PMU) y de las reuniones de seguimiento territorial que lidera la Defensoría, con la participación de actores institucionales y comunitarios.
El pronunciamiento se da luego de que, en los últimos días, circularan comunicados oficiales de varias instituciones de salud en el departamento de Boyacá. Entre ellos, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, que el pasado 17 de diciembre informó sobre la suspensión masiva de servicios ambulatorios; el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, que emitió un comunicado el 29 de diciembre; y el Hospital Regional de Sogamoso, que también se pronunció en la misma fecha. En estos documentos, las entidades señalaron como puntos comunes la decisión de suspender servicios a partir del 1 de enero de 2026, argumentando causas administrativas y financieras compartidas, como la mora en los pagos, fallas en las plataformas de radicación y el incumplimiento de obligaciones por parte de la Nueva EPS.
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A esta situación se suman comunicaciones dirigidas a usuarios afiliados a la Nueva EPS, en las cuales el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que, a partir del 1 de enero de 2026, cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos afiliados en todos sus puntos de atención a nivel nacional. En dichos avisos se indicó que la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hospitales de Tunja y Sogamoso anunciaron la suspensión de servicios ambulatorios Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Según la Defensoría, en estas comunicaciones se señala que la continuidad de los tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos quedará a cargo de la EPS. Sin embargo, la entidad advirtió que no se ha proporcionado información clara, oportuna y verificable sobre las rutas de transición, los puntos alternos de dispensación ni los mecanismos específicos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otros entes competentes una serie de acciones concretas. Entre ellas, pidió informar las rutas oficiales de contacto, por territorio, para la atención y gestión de casos de cada una de las EPS intervenidas. También solicitó remitir la documentación de los mecanismos de articulación y respuesta definidos para la coordinación con la Defensoría, con el fin de dar continuidad al trabajo territorial a través de los PMU y las mesas de trabajo regionales.
La entidad requirió, además, información detallada sobre las acciones, planes y medidas adoptadas en respuesta al informe defensorial titulado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, en particular aquellas orientadas a garantizar el acceso completo, continuo y oportuno a medicamentos, servicios de salud y demás prestaciones necesarias para las personas afiliadas. A esto se suma la solicitud de remitir la documentación, la programación, los planes de visita y los resultados del plan de choque que adelanta actualmente la Superintendencia Nacional de Salud en materia de acceso y disponibilidad de medicamentos.
Otro de los puntos planteados por la Defensoría es la implementación y remisión de un informe individual por cada EPS, que detalle los pagos efectuados por concepto de reembolso de gastos de bolsillo en medicamentos prescritos y no entregados. Este informe debe incluir el número total de solicitudes presentadas, discriminadas por tipo, la cantidad de solicitudes pagadas y no pagadas, así como aquellas que hayan sido devueltas o rechazadas.
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La entidad solicitó a EPS intervenidas y gestores farmacéuticos implementar medidas inmediatas Foto:MAURICIO MORENO
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos para que implementen e informen de manera inmediata los planes de contingencia disponibles, con el objetivo de evitar interrupciones abruptas en la prestación de servicios y en la dispensación de medicamentos. La entidad advirtió que una falta de acción oportuna podría generar impactos irremediables para la salud de las personas.
En su pronunciamiento, la Defensoría ratificó la importancia de mantener canales efectivos de comunicación y gestión institucional, como un elemento esencial para responder a las necesidades de los usuarios y asegurar, en cada territorio del país, el cumplimiento del derecho fundamental a la salud sin interrupciones.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
