La Superintendencia Nacional de Salud alertó sobre una afectación aproximada de $2,6 billones de pesos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) como consecuencia de 291 medidas cautelares de embargo que actualmente recaen sobre recursos del sistema, la mayoría de ellas en EPS intervenidas como Nueva EPS y Coosalud, que pese a sus nuevas administraciones no han logrado sanear sus finanzas y han acumulado deudas y aumentado el déficit según reportan distintos estudios.
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El estudio técnico realizado por la Supersalud, con corte al 22 de enero de 2026, se fundamentó en los datos remitidos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a través de ejercicios de autorreporte. Para la Superintendencia, la magnitud de los embargos identificados representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema de salud, así como para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recursos destinados a la prestación de servicios.
Nueva EPS y Coosalud concentran la mayor participación en el valor total embargado. Foto:Supersalud / Archivo EL TIEMPO
Según la entidad de inspección, vigilancia y control, las medidas cautelares afectan directamente la capacidad del sistema para cumplir con obligaciones esenciales como el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud. La interrupción o retraso en estos flujos financieros, advierte la Supersalud, puede generar impactos negativos en la continuidad y oportunidad de la atención a los afiliados.
El análisis también incluyó una lectura territorial de la situación. Desde esta perspectiva, se evidenció que Bogotá D. C., Antioquia —en el municipio de Concordia—, Bolívar —en Cartagena— y Caquetá —en Florencia— concentran, a la fecha, el mayor número de embargos registrados sobre recursos del sistema de salud. Esta concentración territorial refleja la dimensión regional del problema y su posible incidencia diferenciada en la prestación de servicios en distintos puntos del país.
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En cuanto a la distribución de los embargos por actores del sector, la Superintendencia señaló que Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por estas medidas judiciales. Los embargos, en estos casos, han sido promovidos por redes de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes, lo que, según el análisis, evidencia tanto el volumen de procesos judiciales en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas.
La Nueva EPS es la aseguradora con mayor cantidad de afiliados en el país. Foto:Cortesía Nueva EPS
La Supersalud reiteró que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, por lo que su utilización debe orientarse exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, recordó que el pasado 19 de enero de 2026 la entidad emitió un Concepto Unificado en el que se establece la regla general de la inembargabilidad de los recursos del sistema, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva definidas por la jurisprudencia constitucional.
Para la Superintendencia, el análisis consolidado de los procesos judiciales que han dado lugar a medidas de embargo pone de presente la necesidad urgente de fortalecer la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a este tipo de procesos. Asimismo, subrayó la importancia de realizar un seguimiento constante y un acompañamiento permanente al impacto que estas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de los recursos públicos del sistema de salud.
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La entidad precisó que dicho seguimiento debe desarrollarse en el marco de las competencias tanto de la rama judicial como de la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de mitigar los efectos adversos que los embargos puedan producir sobre la estabilidad financiera del sistema y la garantía de los servicios de salud a la población.
Más de 290 embargos judiciales afectan recursos del sistema de salud por $2,6 billones Foto:iStock
Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, reiteró su llamado a la protección integral de los recursos de la salud, insistiendo en que estos están destinados exclusivamente a garantizar la atención en salud de los afiliados y la sostenibilidad del sistema.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salid
@CaicedoUcros
