La prestigiosa revista científica British Medical Journal (BMJ), reconocida de forma consistente como una de las cinco publicaciones médicas generales más influyentes del mundo por su impacto en la práctica clínica, la integridad de la investigación y las reformas globales en salud, publicó un extenso análisis sobre la crisis del sistema de salud colombiano.
En el artículo, titulado ‘How politics destroyed Colombia’s model healthcare system’, que traduce literalmente “‘Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”, el BMJ sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro “destruyeron” un modelo que durante dos décadas fue considerado un referente en América Latina.
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El análisis afirma que la intervención estatal aceleró una crisis financiera y operativa. Foto:César Mateus – EL TIEMPO
El texto, escrito por el periodista Luke Taylor, describe un deterioro progresivo que comenzó con retrasos en la atención y terminó en una crisis generalizada. Según el BMJ, los primeros signos fueron las largas filas de pacientes desde la madrugada frente a las farmacias y la postergación frecuente de cirugías de rutina. Luego llegaron los desabastecimientos: medicamentos básicos desaparecieron de los estantes, faltaron insulina y tratamientos oncológicos, y pacientes en estado crítico fueron rechazados en hospitales. Hoy, advierte la publicación, el sistema enfrenta cierres de servicios esenciales, como salas de maternidad y unidades neonatales, mientras los servicios de urgencias están desbordados y se cancelan programas de formación de médicos especialistas.
Para Andrés Vecino, investigador en economía de sistemas de salud de América Latina en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, citado por el BMJ, esta situación era “completamente evitable”. “Millones de vidas han sido puestas en riesgo y la gente está muriendo”, afirma. A su juicio, la crisis deja lecciones profundas sobre la necesidad de proteger los sistemas de salud de la interferencia política.
Durante más de 20 años, recuerda la revista, el sistema colombiano fue elogiado por organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial por su amplia cobertura y calidad. Con una combinación de subsidios estatales y competencia de mercado, el país logró cubrir a casi el 99 % de la población, mantener uno de los niveles más bajos de gasto de bolsillo entre los países de la OCDE y posicionar 11 hospitales entre los 30 mejores de Sudamérica. En una comparación publicada por The Lancet, Colombia ocupó el segundo lugar en servicios de salud en América Latina, solo detrás de Costa Rica, pese a gastar apenas 477,30 dólares por persona, el monto más bajo de la región.
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Nada de esto, subraya el BMJ, disuadió al presidente Petro de promover una reforma radical tras asumir como el primer mandatario de izquierda en la historia del país en 2022. Petro sostuvo que los negocios privados no debían participar en la gestión de un derecho humano como la salud y acusó al sector de estar controlado por corruptos. En ese contexto, destaca el BMJ, atacó públicamente a grandes conglomerados del sector y cuestionó el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), base del modelo de competencia administrada similar al de países como los Países Bajos.
En el sistema colombiano, las EPS compiten por afiliados que aportan una parte de sus ingresos al Estado. El Gobierno paga a estas entidades una suma fija anual por cada afiliado —la Unidad de Pago por Capitación (UPC)— ajustada por edad, sexo y región. Los más pobres reciben subsidios completos, mientras que el resto cotiza a través de la seguridad social. Las EPS, a su vez, contratan clínicas y hospitales para prestar los servicios, un mecanismo que, según expertos citados por el BMJ, incentivaba eficiencia mediante la competencia.
La crisis hoy se traduce en hospitales desbordados, EPS intervenidas y mayor gasto de bolsillo. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
Sin embargo, al acumularse deudas en 2022, señala el BMJ, Petro argumentó que las EPS estaban más interesadas en enriquecerse que en atender a la población vulnerable. En 2023 propuso un proyecto de ley para eliminarlas del sistema y trasladar el control directamente al Estado. Cuando la iniciativa se estancó en el Congreso, el presidente recurrió a decretos ejecutivos para alterar los pagos y ordenó la intervención de varias EPS. En abril de 2024, el Gobierno asumió el control de Nueva EPS, con unos 10 millones de afiliados, y de Sanitas, con cerca de 5,7 millones, una medida que derivó en disputas judiciales. Hoy, según el BMJ, alrededor del 60 % de los recursos del sistema están bajo manejo estatal.
El artículo sostiene que, lejos de resolver el problema financiero, estas decisiones agravaron la crisis. Las deudas de las EPS con hospitales y clínicas crecieron hasta niveles que llevaron a los prestadores a rechazar pacientes por temor a no recibir pago. Las farmacias, acumulando cuentas impagas, redujeron el suministro de medicamentos, provocando escasez. Un informe del Ministerio de Salud publicado en julio de 2025 señala que las EPS adeudan más de 32,9 billones de pesos a los prestadores.
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La revista también recoge testimonios de pacientes afectados. Leydy Julieth Gómez relata que, cuando su bebé de 10 meses contrajo una infección grave, no consiguió ambulancia ni atención en clínicas públicas y terminó recurriendo a servicios privados, inaccesibles para muchos colombianos. El BMJ advierte que el número de afiliados a planes privados aumentó 17 % en el último año, pero ese camino no es viable para la mayoría de la población.
Expertos citados en el análisis reconocen que el sistema tenía problemas estructurales. Diego Rosselli, exprofesor de economía de la salud de la Pontificia Universidad Javeriana, señala que la deuda de las EPS era insostenible y que el modelo público-privado fallaba en zonas rurales, donde la lógica de mercado no incentiva la prestación de servicios. No obstante, critica con dureza la forma en que el Gobierno intervino. Según Rosselli, los equipos designados carecían de experiencia técnica y los informes oficiales estaban llenos de errores. “Si un estudiante hubiera presentado esos análisis, habría reprobado”, afirma.
El BMJ documenta cómo un sistema con bajo gasto per cápita fue debilitado por decisiones políticas. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Para Vecino, parte de la crisis fue creada por el propio Gobierno al subestimar la UPC en 2023, 2024 y 2025, usando cifras de la pandemia. Esto llevó a que las EPS recibieran 100 pesos por cada 109 que gastaban, sin que el Ejecutivo aceptara recalcular los valores, pese a órdenes de la Corte Constitucional. En una carta abierta publicada en noviembre de 2025, seis exministros de Salud acusaron al Gobierno de provocar deliberadamente el colapso para justificar la intervención estatal.
El impacto ya es visible, advierte el BMJ. Grandes hospitales de Bogotá cerraron servicios de urgencias en 2025, los tiempos de atención se triplicaron y siete de cada diez pacientes que llegan a urgencias terminan hospitalizados. El gasto de bolsillo se dispara y empuja a familias a la pobreza. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, lamenta haber apoyado a Petro y afirma que el sistema se ha convertido en un “arma política”. “El cáncer no distingue entre izquierda o derecha. La gente está muriendo innecesariamente”, señala.
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Artículo original publicado en el British American Journal. Foto:British American Journal
El BMJ concluye que la experiencia colombiana ofrece una advertencia global: los sistemas de salud deben protegerse de reformas ideológicas abruptas. Para Rosselli, las soluciones deben ser graduales y técnicas, no estructurales y destructivas. Vecino coincide y plantea la necesidad de mecanismos institucionales que garanticen la estabilidad del sistema, independientemente del gobierno de turno. “No importa quién llegue al poder —dice—, necesitamos instituciones que impidan que esto vuelva a ocurrir”.
Con ese mensaje, una de las revistas científicas más influyentes del mundo médico lanza una alerta que trasciende a Colombia: cuando la política se impone sobre la técnica en salud, las consecuencias pueden ser devastadoras.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
