Colombia llega al cierre de 2025 con un panorama inquietante en su respuesta al VIH. Aunque el país ha logrado avances en diagnóstico, los datos más recientes muestran un retroceso sostenido en el acceso al tratamiento antirretroviral durante los últimos tres años, sumado a un deterioro en la continuidad de la atención y un aumento en las barreras administrativas y operativas dentro del sistema de salud.
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El informe más reciente de la Cuenta de Alto Costo, publicado con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, confirma que hasta el 31 de octubre de 2025 se han reportado 211.431 personas diagnosticadas con VIH en Colombia, una cifra preliminar menor a la estimación previa de organismos internacionales y que evidencia que persisten personas sin diagnosticar.
A pesar de la magnitud del número, la principal preocupación señalada en el reporte es la disminución sostenida en la cobertura de tratamiento antirretroviral: pasó del 83 por ciento en 2023 al 81 por ciento en 2025, sin que ninguna región del país alcanzara la meta del 95 por ciento establecida por Onusida para controlar la epidemia a 2030.
El más reciente informe oficial confirma interrupciones en la entrega de antirretrovirales. Foto:Istock
El informe detalla que la mayoría de personas con VIH en Colombia son hombres adultos, con una edad promedio de 40 años, y que las zonas con mayor concentración de casos se encuentran en la región Central, Bogotá, el Caribe y el Pacífico. La tamización para gestantes se mantiene en los niveles esperados, pero el estudio de transmisión materno-infantil cayó 4,2 por ciento, lo que demuestra que incluso áreas donde históricamente se había logrado consolidar una buena respuesta comienzan a mostrar señales de debilitamiento.
El seguimiento clínico revela además una caída generalizada en el cumplimiento de la prescripción antirretroviral, un dato que coincide con cambios recientes en la forma como el país gestiona el acceso a medicamentos y con dificultades operativas dentro del sistema de salud que lleva ya varios meses atravesando un grave crisis de la que han alertado entidades y actores de la sociedad civil.
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Prescripción mediante el Mipres
A inicios de este año, una medida tomada por el ministerio de Salud marcó la discusión alrededor del VIH. La cartera sanitaria, a través de la Circular Externa 006, ordenó que 19 medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de esta enfermedad, incluidos los de uso más extendido como dolutegravir, deban ser prescritos mediante Mipres, la plataforma utilizada para justificar tecnologías no financiadas con la UPC.
Aunque el Gobierno sostuvo que se trataba de un mecanismo de monitoreo y control, la Asociación Colombiana de Infectología y expertos en el manejo del VIH advirtieron que la decisión crea una barrera adicional para pacientes y médicos. El director de la ACIN, Germán Camacho, señaló en su momento que era un contrasentido que mientras se intentan facilitar las condiciones de acceso bajando precios, se impusiera un nuevo trámite que puede generar retrasos, devoluciones y negaciones. Para el gremio de infectólogos, la decisión no solo va en dirección contraria a la eliminación de trabas administrativas, sino que llega en un momento especialmente crítico, cuando la cobertura de tratamiento está disminuyendo en todo el país.
Organizaciones de pacientes señalan que miles de personas han quedado sin tratamiento. Foto:Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Los efectos de estos cambios fueron notables durante ese año, según advierte Jorge Pacheco, director de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida. Pacheco explica que la transición hacia la entrega de medicamentos mediante Mipres generó interrupciones temporales que todavía persisten en algunas EPS, y que la variabilidad en la operación entre aseguradoras ha provocado desigualdades en acceso. Algunas EPS —dice— continúan garantizando la entrega de medicamentos, mientras otras han tenido mayores retrasos.
Para él, el sistema de salud requiere una reforma urgente que responda a las necesidades reales de los pacientes y que evite nuevas interrupciones. En su concepto, además,es necesario insistir en herramientas de prevención como la notificación voluntaria de parejas y la prevención combinada, pero llama la atención sobre un fenómeno preocupante: la población joven, que hoy concentra buena parte de las nuevas infecciones, está experimentando un agotamiento de los mensajes tradicionales relacionados con el uso del condón y una mayor desconexión con los discursos de prevención. Esto, dice, hace necesario revisar estrategias de comunicación y trabajar en intervenciones más cercanas, realistas y libres de estigmas.
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Infectólogos y organizaciones advierten que el retroceso compromete los avances de Colombia. Foto:EFE
Para Sandra Ávila, gerente de programas de Aids Healthcare Foundation (AHF) en Colombia, la situación es compleja pero no irremediable. Ávila reconoce que Colombia ha sido un referente en la región por su capacidad de diagnóstico rápido, por sus esfuerzos en prevención y por la disponibilidad de la profilaxis preexposición oral para personas con alto riesgo de infección. Sin embargo, insiste en que el país sigue presentando brechas grandes en acceso y continuidad.
Ávila destaca que todavía hay miles de personas sin diagnosticar y que la existencia de barreras dentro del sistema de salud —tanto administrativas como logísticas— impide que quienes ya tienen diagnóstico accedan de manera oportuna a la atención y a los medicamentos. Esto es especialmente crítico porque, según Ávila, entre más personas se diagnostiquen y accedan al tratamiento, más se reducen las nuevas infecciones y la mortalidad.
La voz más dura en la discusión proviene del movimiento Pacientes Colombia, que asegura que el Gobierno ha abandonado a las personas que viven con el virus. Según su vocero, Denis Silva, el descenso en la cobertura del tratamiento antirretroviral, junto con el aumento de nuevos casos y las dificultades en acceso, dan cuenta de una crisis profunda que no está siendo atendida con la urgencia necesaria. Silva recuerda que en 2024 más de 35.000 personas no recibieron tratamiento antirretroviral y que la cobertura, lejos de avanzar, ha retrocedido tres años consecutivos. Para él, este fenómeno no ocurre por azar sino como resultado directo de decisiones gubernamentales que han debilitado la atención, especialmente en las EPS intervenidas por el Ejecutivo.
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Los testimonios recogidos por Pacientes Colombia describen una crisis que se ha agudizado en varios frentes. En algunos departamentos se han producido cambios abruptos en los prestadores asignados para atender a personas con VIH, lo que ha implicado desmejoras en la calidad de los servicios y suspensiones o modificaciones en tratamientos. A esto se suma la suspensión de servicios por falta de pago de varias EPS intervenidas, lo que ha llevado a cierres parciales de servicios y a la imposibilidad de entregar medicamentos en lugares como Cúcuta o Bucaramanga. El impacto, según Silva, es directo: miles de personas con VIH han quedado en riesgo de interrupción terapéutica o ya la han experimentado.
Los problemas financieros de las EPS intervenidas, que acumulan más del 79 por ciento de la deuda del sector, también han tenido repercusiones en la atención. Las clínicas y hospitales han advertido sobre la falta de pagos y han comenzado a suspender servicios a gran escala, lo que afecta a pacientes con VIH y a otros grupos que requieren atención continua. Paralelamente, los indicadores de tutelas y quejas por fallas en el servicio han aumentado de forma sostenida entre 2023 y 2025, lo que confirma un deterioro progresivo en la garantía del derecho a la salud.
Las organizaciones coinciden en que, mientras existan barreras de acceso al diagnóstico, dificultades en la continuidad del tratamiento, falta de estabilidad en la red de prestadores y estigmatización, Colombia no logrará cumplir la meta 95-95-95 de Onusida para 2030. El retroceso en el segundo 95, el porcentaje de personas en tratamiento, que hoy es apenas del 81 por ciento según la CAC, pone en riesgo el control de la epidemia y obliga al país a replantear de manera urgente su estrategia.
Las voces de pacientes, expertos y organizaciones coinciden en que el país necesita acciones inmediatas que eliminen barreras, estabilicen el acceso a los servicios y prioricen la continuidad terapéutica. Sin ello, la epidemia podría volver a tomar fuerza y las metas que Colombia se propuso para 2030 se volverán cada vez más lejanas.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
