Entre el 25 % y el 35 % de los estudiantes de colegio en Colombia ha experimentado algún tipo de acoso físico, verbal o digital, según un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. Las cifras, tomadas de estudios de Unesco y la Ocde, ubican al país dentro de los once con mayor prevalencia de intimidación escolar entre los 81 que participaron en las pruebas PISA 2022. Pero el problema no es solo su extensión: la investigación muestra que la consecuencia más inmediata del acoso es una pérdida de entre 20 y 35 puntos en matemáticas, lectura y ciencias, equivalente a cerca de un año escolar.
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El estudio muestra que la intimidación afecta el desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. Foto:iStock
El estudio, elaborado por el investigador Omar David Garzón Ospina, compila datos nacionales e internacionales para dimensionar el fenómeno. En Colombia, dice, los reportes formales al Sistema de Convivencia Escolar (SIUCE) no alcanzan a reflejar la magnitud del problema. Aunque el 81 % de los colegios carga información al sistema, persisten inconsistencias, subregistro y ausencia de criterios homogéneos. Aun así, las cifras disponibles evidencian una tendencia preocupante: entre 2023 y 2024 los reportes de situaciones tipo II y III —las más graves, que incluyen agresiones físicas, amenazas, acoso persistente y violencia sexual— aumentaron un 26 %.
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La investigación muestra que los efectos del acoso no se limitan al rendimiento académico. Las víctimas desarrollan mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés y dificultades para dormir. En los casos más severos, los episodios de intimidación derivan en pensamientos suicidas. Pero los victimarios tampoco salen ilesos: quienes ejercen acoso tienen un mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas, presentar conductas delictivas en la adolescencia y abandonar el sistema educativo.
El matoneo es uno de los problemas que más aquejan a los niños y jóvenes en Colombia. Foto:iStock
Una de las conclusiones centrales del análisis es que el acoso escolar funciona como un círculo donde intervienen tres roles: víctima, agresor y espectador. El último es especialmente relevante en Colombia. Según los datos compilados, cerca del 32 % de los estudiantes no rechaza de manera explícita la intimidación cuando la presencia en su entorno, lo que refuerza una cultura de tolerancia o normalización de la violencia. “La literatura ha demostrado que la pasividad o aceptación implícita de estos observadores refuerza el comportamiento agresivo del victimario y aumenta la vulnerabilidad de la víctima, perpetuando así un clima escolar violento”, señala el investigador.
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A nivel docente, el panorama tampoco es alentador. La encuesta TALIS de la Ocde muestra que Colombia es el país con mayor probabilidad de renuncia o intención de abandono profesional asociada a violencia verbal por parte de estudiantes. El deterioro del clima escolar, el desgaste emocional y la falta de equipos de apoyo psicosocial incrementan la vulnerabilidad laboral del magisterio.
“Este resultado refleja un contexto nacional marcado por tensiones en las relaciones escolares, condiciones laborales complejas y una carga emocional elevada en el ejercicio docente. Factores como la inseguridad en los entornos educativos, el déficit de acompañamiento psicosocial y la limitada formación institucional en gestión de la convivencia escolar agravan la percepción de riesgo y desgaste profesional”, advierte el informe.
La victimización escolar genera pérdidas equivalentes a un año de aprendizaje. Foto:iStock
Pese a este escenario, la investigación también identifica experiencias exitosas de prevención. Programas internacionales como KiVa, originado en Finlandia, han logrado reducir hasta en un 50 % los niveles de victimización mediante estrategias de mediación, formación socioemocional y acompañamiento colectivo. En Colombia, pilotos recientes basados en estos modelos —además de enfoques propios centrados en roles y conciliación— han mostrado reducciones del 25 % en instituciones intervenidas.
El LEE plantea tres recomendaciones prioritarias. La primera es fortalecer el SIUCE, no solo en cobertura sino en calidad del registro, con mayor estandarización y seguimiento de los reportes. La segunda es adoptar un currículo de habilidades socioemocionales de manera transversal, desde primaria hasta la media, con el fin de mejorar la empatía, la autorregulación y el manejo pacífico de conflictos. La tercera es consolidar equipos interdisciplinarios permanentes en colegios oficiales y privados, con psicólogos, trabajadores sociales y profesionales formados en convivencia.
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El estudio también advierte que las brechas territoriales son significativas. En zonas rurales, el subregistro es más alto por falta de conectividad, menor capacidad institucional y poca formación en protocolos. En los grandes centros urbanos, por su parte, los casos son más frecuentes y complejos, con mayor presencia de acoso digital y situaciones que involucran a redes sociales, grabaciones y difusión de contenidos agresivos.
“La construcción de entornos educativos seguros y empáticos no solo previene la violencia, sino que constituye una condición esencial para el aprendizaje, la salud mental y el desarrollo humano de las nuevas generaciones en Colombia”, concluye Garzón Ospina. La evidencia, dice, es clara: un estudiante víctima no solo sufre hoy, también compromete su trayectoria de aprendizaje a lo largo de la vida.
Mientras el país avanza en reformas educativas y debates sobre recursos, la investigación sugiere que la prevención del acoso debe ocupar un lugar central. Porque, como muestra el análisis, la violencia entre estudiantes no solo hiere: también retrasa, excluye y profundiza desigualdades.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
