Una amplia coalición de organizaciones sociales, gremiales, académicas y de pacientes lanzó este lunes una nueva alerta nacional sobre el deterioro del sistema de salud colombiano y exigió al Gobierno Nacional corregir de manera inmediata la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. Según el pronunciamiento, la insuficiencia financiera del sistema no solo profundiza la crisis estructural, sino que ya se traduce en muertes prevenibles, interrupción de tratamientos y vulneración masiva del derecho fundamental a la salud.
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El llamado fue emitido por los colectivos Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud, integrados por usuarios, pacientes, profesionales de la salud, instituciones prestadoras de servicios, entidades promotoras de salud, universidades y centros de pensamiento, entre otros actores. En su comunicado a la opinión pública nacional e internacional, las organizaciones califican la corrección de la UPC 2026 como una “urgencia vital” y advierten que la inacción estatal está costando vidas.
El pronunciamiento denuncia deudas superiores a $32,9 billones y un aumento de quejas y tutelas. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Entre las principales exigencias al Gobierno Nacional se encuentran poner a los pacientes en el centro de las decisiones, corregir de manera inmediata y técnica la UPC 2026 garantizando su suficiencia real, cumplir integralmente las órdenes de la Corte Constitucional —en especial el Auto 2049 de 2025—, proteger las condiciones laborales del talento humano en salud y atender las advertencias reiteradas de la Procuraduría General de la Nación sobre la vulneración de derechos fundamentales.
El comunicado describe un escenario de deterioro acelerado del sistema, marcado por una creciente iliquidez que impacta directamente la atención. Según los firmantes, esta situación se expresa en sufrimiento evitable, interrupciones de tratamientos, restricciones en el abastecimiento de medicamentos, muertes prevenibles, un aumento histórico de acciones de tutela y una creciente precarización laboral de los trabajadores de la salud. Aclaran, además, que la crisis no es una percepción subjetiva, sino un hecho documentado por organizaciones de pacientes, órganos de control, la Corte Constitucional y estudios técnicos del propio sector.
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Las denuncias de las organizaciones de pacientes ocupan un lugar central en la alerta. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) ha advertido sobre la muerte de miles de personas con enfermedades huérfanas, mientras que la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales denunció una crisis sanitaria sin precedentes, caracterizada por barreras sistemáticas de acceso y el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales. Esta situación, según el comunicado, llevó a estas organizaciones a recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección ante la transgresión sistemática del derecho a la salud.
Las organizaciones sostienen que el incumplimiento del Gobierno vulnera el derecho a la salud. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
La Procuraduría General de la Nación también ha alertado de manera reiterada sobre el deterioro de la sostenibilidad financiera del sistema y la vulneración masiva del derecho fundamental a la salud. Entre 2022 y 2025, señala el pronunciamiento, se registró un incremento exponencial de quejas y tutelas. Solo en 2024 se alcanzaron 1,6 millones de quejas y más de 265 mil tutelas, con un impacto desproporcionado sobre la población más vulnerable. A ello se suma un nivel de endeudamiento que supera los 32,9 billones de pesos, poniendo en riesgo la continuidad de la atención en todo el país.
El comunicado recuerda que en el Auto 2049 de 2025 la Corte Constitucional fue explícita al señalar que el Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar la suficiencia de la UPC, aplicar correctamente la metodología de cálculo y asegurar el flujo oportuno de los recursos. Para los colectivos firmantes, el incumplimiento de estas órdenes no puede reducirse a un debate técnico, ya que constituye una vulneración directa del derecho fundamental a la salud y podría acarrear consecuencias jurídicas para los responsables.
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Los análisis técnicos citados en el documento, basados en información oficial del Ministerio de Salud, concluyen que la UPC 2026 debe ajustarse en un rango entre el 15 % y el 17,33 % para reflejar el gasto real, la inflación y el aumento en el uso de los servicios. Mantener una UPC insuficiente, advierten, profundiza la crisis, multiplica las tutelas y pone en riesgo la vida de los pacientes.
Aumentan las tutelas y las muertes evitables y el sector salud reclama corrección de la UPC 2026. Foto:César Mateus – EL TIEMPO
“La salud no puede administrarse desde la negación de la evidencia”, enfatiza el comunicado, que subraya que corregir la UPC 2026 no es una decisión opcional, sino un deber constitucional, institucional y humanitario.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de una extensa lista de actores del sistema de salud, entre ellos asociaciones de usuarios de distintas EPS, organizaciones de pacientes, sociedades científicas, fundaciones, universidades, gremios empresariales, centrales sindicales, exministros y exviceministros de Salud, así como centros de investigación y prospectiva. Todos coinciden en un mensaje central: la defensa de la vida, la dignidad y el derecho efectivo a la salud de todos los colombianos exige decisiones inmediatas y basadas en evidencia.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
