De manera unánime, con 107 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley con el que se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, es decir, la manera como se calcula el incremento anual en el presupuesto de las universidades públicas del país.
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Se trata de una iniciativa que proponía modificar el cálculo con el que anualmente se incrementan los recursos asignados, vía Presupuesto General de la Nación, a estas instituciones. Hasta ahora, ese cálculo se hacía mediante el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Con la nueva ley (que tiene por delante el informe de conciliación con lo aprobado en el Senado), ahora se utilizará el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), del Dane.
Con esto se busca saldar el enorme déficit presupuestario de las universidades públicas del país. Y es que, de acuerdo con cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa a todas las universidades públicas, históricamente los costos de estas instituciones se incrementan en promedio cada año 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC, y en algunos casos mucho más. Solo por poner un ejemplo, mientras que el IPC del año 2024 fue del 5,2 por ciento (siendo esto lo que por ley se debería aumentar a la base presupuestal), el Ices mostró una variación anual del 18,32 por ciento para el semestre 2024-1 y del 9,58 por ciento para el semestre 2024-2.
Esta diferencia entre el incremento anual de los costos universitarios y lo que se aumenta a la base presupuestal de las universidades ha llevado a estas a arrastrar un déficit presupuestal que, según cálculos del SUE, hoy alcanza los 17 billones de pesos, es decir, el dinero que se podría recaudar con una reforma tributaria. Solamente en funcionamiento (vinculación docente y trabajadores) se estima una cifra de 3,5 billones de pesos.
Así lo explicó a EL TIEMPO Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun): “Estamos hablando de 17 billones de pesos que se desprenden de lo que las universidades han dejado de recibir debido a que los incrementos presupuestales que destina la Nación se incrementan año a año con el IPC (como lo establecía hasta ahora los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992), es decir, la inflación. Sin embargo, los costos de operar, tasados por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) del Dane, son mucho más altos”.
Torres explica que este desfase ha llevado a que las universidades públicas, que para 1993 se financiaban casi en su totalidad con recursos del Gobierno, hoy se vean a gatas para poder salir a flote: “Hoy la Nación y las entidades territoriales aportan el 55,25 por ciento del presupuesto a las universidades, mientras que alrededor del 44,75 por ciento lo generan las mismas instituciones a través de la venta de servicios. Esa es la realidad financiera de las universidades”.
Sin embargo, algunos sectores han cuestionado el impacto que una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 podría traer a las finanzas públicas. Y es que ligar el aumento presupuestal a estas instituciones al Ices implicaría una transferencia de recursos de alrededor de cinco puntos porcentuales más cada año que con el modelo actual.
La crisis actual de las universidades públicas
Pese a ello, parece haber un consenso entre expertos y actores del sector en la necesidad de incrementar la base presupuestal de las instituciones oficiales, para evitar situaciones como la que presenta hoy la Universidad de Antioquia, que está vendiendo dos de sus predios y recortando su planta de docentes de cátedra a la mitad para poder conseguir recursos que aseguren su funcionamiento. O el caso de la Universidad Distrital, que actualmente renta varios de sus espacios para cubrir sus gastos, o el deterioro de la infraestructura de la Universidad Nacional, que ya ha sido ampliamente registrado por este diario.
Recientemente, un informe de la Contraloría da cuenta del lamentable estado financiero de estas instituciones. El ente de control lanzó una alerta por la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales instituciones de educación superior oficiales: la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander.
De acuerdo con el ente de control, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle muestran, con corte a diciembre de 2024, un pasivo pensional que asciende a 8,3 billones de pesos, siendo el caso de la Unal el más grave, al acumular un pasivo de 4,5 billones de pesos.
Sin embargo, la situación real de todo el sector sería mucho más crítica que la revelada por el ente de control, ya que este solo analizó lo que ocurre en las cuatro principales universidades del sector público. En realidad, son 34 las universidades públicas que operan en el país, la mayoría en condiciones económicas mucho más precarias que las ya mencionadas.
Todo esto sin mencionar la situación de las 30 instituciones técnicas y tecnológicas públicas, las cuales cuentan con condiciones económicas más austeras y también se verían beneficiadas con la reforma a la Ley 30.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación – Vida de Hoy
