Los ataques contra la atención médica en los conflictos armados han alcanzado niveles sin precedentes, según un nuevo informe que documenta el creciente incumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de las partes beligerantes, incluidos los Estados. El reporte alerta, además, sobre una peligrosa normalización de la impunidad frente a agresiones que afectan directamente a instalaciones sanitarias, personal médico, pacientes y vehículos de asistencia.
El informe, titulado ‘La atención médica en el punto de mira’, recopila información de bases de datos internacionales existentes y de la experiencia directa en contextos de guerra. Sus hallazgos evidencian que las partes en conflicto eluden cada vez más su obligación de proteger la asistencia médica, pese a que esta protección está consagrada en el DIH y reforzada por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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De acuerdo con los datos presentados, en 2025 el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 1.348 ataques contra instalaciones médicas. Estas agresiones dejaron un saldo de 1.981 personas muertas, una cifra que refleja un aumento significativo frente al año anterior. Las muertes de personal médico y pacientes en zonas de conflicto se duplicaron en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 944 fallecimientos.
Sudán fue el país más afectado durante 2025, con 1.620 personas asesinadas en ataques contra la atención médica. Le siguieron Myanmar, con 148 víctimas mortales; Palestina, con 125; Siria, con 41, y Ucrania, con 19 personas fallecidas. Estas cifras, según el informe, reflejan una tendencia sostenida al alza y una erosión progresiva del respeto a las normas humanitarias.
Un vehículo de MSF estacionado frente al hospital Al Rantisi, en ciudad de Gaza Foto:MSF
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en el documento es el cambio en la narrativa utilizada para justificar este tipo de ataques. Según el análisis, las partes beligerantes han pasado de calificarlos como “errores” a argumentar que las instalaciones médicas y el personal humanitario han “perdido la protección” que les otorga el DIH. Para Erik Laan, experto en incidencia política de Médicos Sin Fronteras (MSF), este giro discursivo “refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil”.
El informe advierte que, en algunos casos, los ataques se apoyan en interpretaciones erróneas del DIH o en el aprovechamiento de ambigüedades del derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario. Como consecuencia, la carga de la responsabilidad se ha desplazado: en lugar de ser consideradas automáticamente civiles y protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias deben demostrar que no constituyen objetivos militares.
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Esta dinámica también implica el incumplimiento de obligaciones fundamentales, como la de emitir advertencias previas antes de un ataque. “Este descuido impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes”, explicó Laan, al subrayar los riesgos directos que enfrentan quienes dependen de estos servicios en contextos de guerra.
El caso de Colombia: 325 agresiones contra la misión médica entre enero y octubre de 2025
Colombia también aparece mencionada en el informe dentro de los escenarios donde persisten riesgos estructurales para la protección de las misiones humanitarias y médicas. El país hace parte del Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel, una iniciativa anunciada en septiembre de 2024 por nueve Estados —entre ellos Brasil, Colombia, Suiza y el Reino Unido— con el objetivo de promover el respeto del derecho internacional humanitario y reforzar la protección del personal humanitario en zonas de conflicto.
En septiembre de 2025, este grupo presentó la Declaración para la Protección del Personal Humanitario, firmada por 105 Estados, que deplora el aumento de ataques, actos de violencia, detenciones arbitrarias y amenazas contra trabajadores humanitarios por parte de actores estatales y no estatales. Aunque la declaración reconoce que el marco jurídico del DIH es claro y suficiente, advierte que la rendición de cuentas sigue siendo débil y llama a los Estados a cooperar directamente con las organizaciones humanitarias, garantizar financiación adecuada para su seguridad y evitar la criminalización de las actividades humanitarias.
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Ataque a misión médica en Cauca Foto:Cortesía
No obstante, el propio informe advierte que la efectividad de estos compromisos dependerá de la voluntad de los Estados para adoptar medidas internas concretas. En ese contexto, Colombia es señalada junto con Etiopía como uno de los países donde las partes en conflicto han utilizado ambulancias como cobertura, exponiéndolas a ataques y debilitando la protección que el DIH otorga al transporte médico.
Además, el documento identifica que el uso de armas explosivas con impacto en servicios de salud ha aumentado de forma sostenida desde 2021 y que, en 2024, casi la mitad de los incidentes contra la atención sanitaria involucraron este tipo de armamento. Según la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos, el uso de explosivos lanzados por aeronaves se duplicó ese año y el empleo de drones con cargas explosivas casi se cuadruplicó, registrándose este último fenómeno incluso en países donde no se reportaron ataques aéreos, entre ellos Colombia. Esta tendencia, advierte el informe, incrementa el riesgo para hospitales, personal médico y pacientes, y refuerza la urgencia de traducir los compromisos internacionales en acciones reales sobre el terreno.
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Aunque el SSA de la OMS no cuenta con datos específicos sobre Colombia, el informe incluye cifras de la Defensoría del Pueblo, que registró 325 agresiones contra la misión médica entre enero y octubre de 2025. Estas agresiones incluyen ataques físicos, retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad del personal de salud y atentados con explosivos contra infraestructura hospitalaria.
Ataque a misión médica en Cauca Foto:Cortesía
Siham Hajaj, coordinadora de MSF en Colombia, señaló que estos ataques tienen consecuencias directas en el acceso de la población civil a servicios esenciales. Según explicó, en 2025 se documentaron casos de hospitales que, tras ataques a ambulancias, suspendieron durante meses sus actividades extramurales hacia veredas alejadas de los cascos urbanos. También se registraron desplazamientos forzados de personal de salud ante amenazas, lo que debilitó aún más la oferta de atención en territorios afectados por el conflicto.
El informe recuerda que el 3 de octubre de 2015 se produjo uno de los ataques más mortíferos contra la atención médica cuando un avión de combate AC-130 de Estados Unidos bombardeó el centro de traumatología de MSF en Kunduz, Afganistán. El ataque causó la muerte de 42 personas, entre ellas 14 miembros del personal de la organización. Siete meses después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2286, que condenó estos ataques y pidió el fin de la impunidad. Sin embargo, más de una década después, la violencia contra la atención médica persiste e incluso se ha intensificado.
Ataque a una misión médica en Nariño. El paciente fue asesinado. Foto:Archivo particular
El reporte subraya también el papel clave de los Estados en la protección —o vulneración— de la atención sanitaria. En 2024, los datos de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentaron 3.623 incidentes contra la atención sanitaria, un 15 % más que en 2023 y un 62 % más que en 2022. Aproximadamente el 81 % de estos ataques se atribuyeron a grupos estatales.
Finalmente, el informe alerta sobre el impacto desproporcionado en el personal contratado localmente. Entre 2021 y 2025, 1.241 trabajadores humanitarios locales fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo, representando la gran mayoría de las víctimas. Estas cifras refuerzan el llamado a que los Estados y las partes beligerantes cumplan el DIH, rindan cuentas por sus acciones y adopten medidas efectivas para proteger la atención médica en los conflictos armados.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
