El anuncio del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2026 abrió un nuevo frente de discusión en el sistema de salud colombiano.
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Aunque la cartera sanitaria presentó la decisión como un avance en el cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional y en la reducción de brechas históricas entre los regímenes, varias agremiaciones del sector asegurador, farmacéutico, hospitalario y de pacientes advirtieron que el ajuste aprobado resulta insuficiente frente a los costos reales del sistema y podría profundizar las dificultades financieras ya existentes.
De acuerdo con la resolución publicada por el Ministerio, la UPC del régimen contributivo tendrá un incremento del 9,03 % en 2026, mientras que la del régimen subsidiado aumentará un 16,49 %.
El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Mauricio Moreno
La decisión se fundamentó en la recomendación de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, que, según explicó la cartera, incorporó los contrastes exigidos por la Corte Constitucional para mejorar la calidad y consistencia de la información utilizada en el cálculo.
A partir de ese análisis técnico, la Comisión concluyó que era necesario aplicar incrementos diferenciados para avanzar en la equiparación de recursos entre ambos regímenes. El Ministerio sostuvo que el ajuste tendrá un impacto significativo en los recursos del aseguramiento. Para 2026, el incremento total sería de 11,6 billones de pesos, lo que elevará el monto global reconocido a las EPS de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año.
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Sin embargo, desde distintos sectores se insiste en que, pese al aumento nominal, los recursos no alcanzan a cubrir el crecimiento del gasto, los rezagos de años anteriores ni los nuevos compromisos del sistema.
Mesas de trabajo UPC del Ministerio de Salud. Foto:Archivo Particular
Lo que dijeron las agremiaciones de la salud
Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las EPS del régimen contributivo, su presidenta Ana María Vesga afirmó que el incremento aprobado para ese régimen no responde a la estructura real del gasto.
“En este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud”, señaló en conversación con la W Radio, al advertir que un ajuste del 9 % «es de lejos insuficiente con lo que realmente consume el régimen, que es donde está la mayor proporción del gasto en salud en el país y es la mitad de la población».
Comunicado del movimiento Pacientes Colombia Foto:Pacientes Colombia
Acemi explicó que, según sus análisis técnicos, el aumento requerido para 2026 debía estar cercano al 17 %. Bajo esa lectura, el ajuste aprobado representaría un aumento real de apenas entre 4 % y 5 %, una vez descontada la inflación proyectada para 2025.
Vesga también planteó en la emisora la necesidad de revisar los factores que inciden en el cálculo de la UPC. “Una de las propuestas era la necesidad de actualizar los ponderadores: forma en que se mide el envejecimiento de la población, zonas dispersas y carga de la enfermedad”, sostuvo.
En ese contexto, señaló que el sistema enfrenta un deterioro reflejado en un mayor gasto privado: “Lamentablemente, lo que hemos visto en estos últimos años es un incremento inédito del gasto privado, entonces quien tiene capacidad, compra medicamentos y paga consultas”.
Una posición similar fue expuesta por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro).
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En un pronunciamiento oficial, la agremiación indicó que el ajuste anunciado no responde al crecimiento real del gasto ni a los desafíos actuales del sistema, caracterizados por una demanda creciente, una población cada vez más envejecida y un portafolio de servicios más complejo que incorpora nuevas tecnologías y tratamientos. “Este contexto exige un financiamiento acorde con las necesidades actuales y futuras del sector”, señalaron y añadieron que, según sus estimaciones técnicas, el ajuste requerido debía ser del 15 %.
El ajuste de 9,03 % a la UPC para 2026 resulta insuficiente frente a las necesidades financieras reales del sistema de salud.
Según las estimaciones técnicas de AFIDRO, el ajuste requerido debía ser del 15 %, por lo que el incremento anunciado genera un desfinanciamiento que se… pic.twitter.com/9v6jnT7ET3
— AFIDRO (@afidro_colombia) December 31, 2025
En un video oficial, el presidente de Afidro, Ignacio Gaitán, cuestionó el resultado del proceso reiterando «que los análisis técnicos llevaron siempre a una medida por encima de 15 puntos”.
Agregó que, al sumar los gastos acumulados de años anteriores, “sin duda seguimos con un sistema desfinanciado, con una brecha que seguramente será otro obstáculo para el acceso y fundamentalmente impactará en la vida de los pacientes”. En su intervención, Gaitán también señaló que no se cumplió el mandato de la Corte Constitucional y expresó preocupación por la falta de concertación: “Otra vez, unilateralmente, se impuso una cifra”.
Desde el sector prestador, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó su preocupación por el desfase entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC.
En un video, su director, Juan Carlos Giraldo, indicó este desfase «pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud” y explicó que los hospitales y clínicas esperaban un incremento con mayor correlación frente al salario mínimo, dado que la UPC determina en gran medida los ingresos del sector.
Añadió que, ante la falta de esa correspondencia, se solicitó al Gobierno reconsiderar «especialmente las cifras del régimen contributivo, pero también que expida las circulares que hacen que el incremento sea trasladado de manera obligatoria a los contratos y las tarifas con las IPS, para que se mantenga algún grado de equilibrio entre estas variables y se puedan tener unos mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo las dificultades del mal flujo de recursos».
También pidió avanzar en medidas extraordinarias de liquidez, en un contexto marcado por dificultades en el flujo de recursos y problemas en varias IPS, incluidas las intervenidas: «Nosotros creemos que acá se tienen que tomar decisiones inmediatas por parte del Gobierno Nacional para proteger al sector prestador de servicios de salud y garantizar que se pueda seguir prestando la atención debida a toda la comunidad que así lo necesita».
La advertencia más contundente provino de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones de pacientes.
En un comunicado, rechazó de manera categórica el incremento para el régimen contributivo. “Una UPC insuficiente es un incumplimiento directo del derecho fundamental a la salud y la causa del desfinanciamiento que hoy tiene al sector al borde de la quiebra”, afirmó Denis Silva, vocero del movimiento. quien precisó que el porcentaje ‘insuficiente’ se traduce en «pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo. La salud no puede seguir dependiendo de decisiones tardías e irresponsables».
Afidro y Proesa plantean recalcular la UPC. Foto:Afidro
Según el pronunciamiento, las consecuencias ya son visibles: «Solo en el primer semestre de 2025 cerraron 6.084 servicios de salud, mientras la insatisfacción de los usuarios se incrementó, reflejada en un mayor número de quejas y reclamos. A esto se suma que, según ANIF, el gasto de bolsillo pasó de 14,2 % en 2021 a 16,8 % en 2024, alcanzando los $14,5 billones y acercándose peligrosamente al umbral del 20% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera catastrófico».
Pacientes Colombia también citó reportes que evidencian demoras de hasta 250 días en la entrega de medicamentos y una reducción en el tiempo efectivo de tratamiento durante 2024, en medio de brechas territoriales persistentes. «Los usuarios han tenido que esperar hasta 250 días para acceder a sus medicamentos y, durante 2024, solo recibieron tratamiento efectivo durante 4,7 meses del año», señalaron.
LAURA NATHALIA QUINTERO.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.
