La Fiscalía de España ha concedido medidas de protección a Laura y Rebeca, nombres ficticios utilizados para preservar su identidad, tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero contra Julio Iglesias. La información fue confirmada este 14 de enero en una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que participaron más de un centenar de periodistas.
Las dos mujeres no intervinieron directamente en el acto. La comparecencia estuvo a cargo de representantes de Women’s Link, la organización que ejerce su acompañamiento legal, y de Amnistía Internacional, que respalda el caso.
El español se encuentra en el ojo público tras el testimonio de dos mujeres que trabajaron para él. Foto:EFE
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Según explicaron las portavoces, las denunciantes solicitaron a la Fiscalía cuatro medidas de protección: evitar cualquier contacto entre las partes, garantizar la protección de su intimidad, tener en cuenta sus circunstancias personales (residen en República Dominicana) y prevenir la revictimización, dado que ya no mantienen relación laboral con el denunciado. De esas cuatro solicitudes, la Fiscalía ha concedido dos.
La primera es el reconocimiento de Laura y Rebeca como testigos protegidos, lo que permite preservar su identidad y su intimidad durante el procedimiento. La segunda es el compromiso de la Fiscalía de tomarles declaración. Tal como señaló la abogada Gema Fernández, todavía no hay una fecha establecida para esa comparecencia, que previsiblemente se realizará de forma telemática, aunque los detalles no han sido concretados.
Fernández indicó además que no disponen de información sobre el desarrollo de la investigación preprocesal y subrayó que, en cualquier caso, se está llevando con “mucha reserva”.
Durante la rueda de prensa se expusieron detalles sobre el contexto en el que, según la denuncia, se produjeron los hechos entre enero y octubre de 2021. Las organizaciones explicaron que las dos mujeres vivían en la propiedad en la que trabajaban, una situación que, según señalaron, agravaba las condiciones de vulnerabilidad. Afirmaron que, además del abuso sexual denunciado, habrían sufrido acoso constante y, “en algunos casos, agresión sexual”.
El español se encuentra en el ojo público tras el testimonio de dos mujeres que trabajaron para él. Foto:IG @julioiglesias
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Las representantes de Women’s Link añadieron que las extrabajadoras se encontraban en situaciones de precariedad, al proceder, según indicaron, de contextos de pobreza. También relataron jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, ausencia de contrato, falta de intimidad y control de las comunicaciones. La organización insistió en que el caso se enmarca en dinámicas de desigualdad racial y laboral, y lo definió como parte de su trabajo contra el racismo, el machismo y el colonialismo.
Las letradas negaron que exista constancia de una investigación en curso en las Islas Bahamas, como han publicado algunos medios. Explicaron que el procedimiento se ha iniciado en España en aplicación del principio de extraterritorialidad, debido a la condición de ciudadano español del denunciado.
“Se aplica especialmente a violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado”, señaló Gema Fernández. Según añadieron, consideran que el marco legal español ofrece mayores garantías que el de República Dominicana o Bahamas para que las mujeres puedan acceder a la justicia que reclaman.
En el comunicado difundido el 13 de enero, Rebeca explicó las razones que la llevaron a denunciar. “Hago esto por tres razones de justicia”, afirmó, en referencia a su proceso personal, a otras mujeres que trabajan en el entorno del denunciado y a su país de origen, República Dominicana, “para que algo así no vuelva a ocurrir”.
El español se encuentra en el ojo público tras el testimonio de dos mujeres que trabajaron para él. Foto:Archivo
Las organizaciones aseguraron no tener constancia de represalias contra Laura y Rebeca, aunque reconocieron que existe temor a que puedan producirse, motivo por el cual han optado por mantener el anonimato. Tampoco ofrecieron detalles sobre otras mujeres que, según indicaron, se habrían puesto en contacto con Women’s Link para relatar experiencias similares.
Durante la rueda de prensa se plantearon comparaciones con el caso de Jeffrey Epstein, especialmente por la posible existencia de una mujer intermediaria. Desde las organizaciones señalaron que, aunque ven similitudes, no les consta que en este caso se haya facilitado la explotación sexual de las denunciantes por parte de terceros. Evitaron pronunciarse sobre el papel de la coordinadora de la casa en la que trabajaban las denunciantes.
En la rueda de prensa también aseguraron que hay más mujeres que se han identificado como víctimas.
Según explicó Women’s Link, el contacto inicial se produjo tras el interés periodístico por el caso. Tal como ha informado elDiario.es, una fuente cercana a las denunciantes alertó a las redactoras del medio, que a su vez recomendaron a Laura y Rebeca buscar asesoramiento legal. La ONG actúa como acompañamiento y orientación, pero son las propias mujeres quienes presentaron la denuncia en Madrid.
Las representantes aclararon que, por el momento, no existe acusación formal, ya que el caso no se ha judicializado. Corresponde a la Fiscalía decidir si ejerce la acusación pública tras la investigación. En ese escenario, las denunciantes podrían personarse como acusación particular. También señalaron que existe la posibilidad de que la Audiencia archive la denuncia, en cuyo caso valorarían presentar querellas individuales.
Desde Women’s Link insistieron en la dimensión pública del caso y lo calificaron como un “litigio estratégico”, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia, mientras el proceso continúa en fase preliminar.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación. Además, contó con la revisión del periodista y un editor.
ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
EL TIEMPO
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