Una batalla legal de varios años entre una residente y el municipio de Lantana, en Florida, ha llegado a su fin con un resultado devastador para la economía de una familia.
La Corte Suprema de Florida decidió no revisar la apelación de Sandy Martínez, una madre soltera que ahora enfrenta una deuda de 165,000 dólares (mas de $62 millones) por infracciones menores al código de convivencia de su ciudad.
El conflicto se originó en la entrada vehicular de su propiedad. Martínez, quien vive con sus tres hijos, solía estacionar cuatro vehículos en su cochera. Debido al espacio limitado, en ocasiones las llantas de los automóviles tocaban el césped de su jardín.
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La deuda supera las seis cifras. Foto:Istock
Lo que parecía un detalle doméstico sin importancia se convirtió en una infracción que generó multas diarias de hasta 250 dólares durante casi un año. A esta sanción se sumaron otros cargos económicos por diversas irregularidades en la propiedad, entre las que se incluían grietas en el pavimento de la entrada y una cerca que resultó dañada tras el paso de una tormenta.
Según el expediente del caso, la acumulación sistemática de estas sanciones diarias elevó la deuda hasta superar las seis cifras, una suma que sobrepasa el capital acumulado de la vivienda.
Multas exageradas
Los abogados sostuvieron que las multas son exageradas. Foto:Istock
La defensa de la propietaria estuvo a cargo del Institute for Justice, una organización que llevó el caso ante los tribunales argumentando que estas penalizaciones vulneraban la Cláusula de Multas Excesivas de la Constitución de Florida. Los abogados sostuvieron que imponer una carga financiera tan alta por infracciones estéticas o menores resulta desproporcionado.
No obstante, la decisión de la Corte Suprema estatal de declinar la revisión del caso deja en firme las sentencias de los tribunales inferiores. «Las multas de seis cifras por estacionar en tu propia propiedad son impactantes», señaló Ari Bargil, abogado senior del Institute for Justice, en declaraciones recogidas por Univision.
El caso sigue generando polémica por lo exagerado de las multas. Foto:Istock
El jurista criticó la postura del tribunal al considerar que esta resolución deja vulnerables a otros propietarios frente a regulaciones municipales similares. En términos prácticos, Martínez cuenta con una protección legal denominada homestead, que impide que el municipio ejecute una hipoteca o le quite su casa para cobrar la deuda, al tratarse de su vivienda principal.
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Sin embargo, la sanción funciona como un gravamen que asfixia sus finanzas: no puede vender la propiedad ni acceder a su valor real, ya que cualquier transacción obligaría al pago inmediato de la multa. La afectada ha calificado las sanciones como ridículas, señalando que la persistencia del municipio de Lantana ha eliminado su estabilidad financiera y las posibilidades de mejorar su situación habitacional a futuro.
Con el cierre de esta vía judicial iniciado en 2021, la deuda permanece vigente y el caso se convierte en un precedente sobre el poder de las normativas locales en el estado.
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Jaider Felipe Vargas Morales
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
