El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció el jueves 8 de enero que este año cambiará la normativa para producir, importar y comercializar bebidas alcohólicas en el país.
De acuerdo con la entidad, esto se hizo con el objetivo de eliminar reglas innecesarias, fortalecer la vigilancia sanitaria y promover un “enfoque basado en riesgo”.
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El Decreto 1083 de 2025 entrará en vigencia el próximo 14 de enero y modificará el Decreto 1686 de 2012 (corregido de 212), el 1366 de 2020 y el 162 de 2021.
Entre los cambios más importantes de la nueva normativa está la eliminación de la certificación obligatoria en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). El requisito era necesario para obtener el registro sanitario de bebidas alcohólicas. Ahora, su implementación seguirá siendo obligatoria, pero el certificado ya será voluntario.
“En el marco del trámite de registro sanitario, los establecimientos nacionales deberán aportar el concepto sanitario emitido por la autoridad sanitaria competente, el cual podrá ser favorable o favorable con requerimientos”, agregó el Invima.
El Certificado de Venta Libre (CVL) para productos importados seguirá siendo un requisito. Este documento debe ser expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o por la entidad que haga sus veces.
Bebidas alcohólicas. Foto:iStock
En cuanto a los Certificados BPM, el Invima indicó que “se amplía la vigencia de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura otorgados previamente por el Invima por un término de dos (2) años adicionales, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto 1083 de 2025, en concordancia con un enfoque de gradualidad y proporcionalidad”.
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“Es importante tener en cuenta que esto se hace para el mejoramiento de la vigilancia sanitaria, para eliminar algunas barreras de orden sanitario que el Invima y el Ministerio de Salud han considerado que debe ser así. Eso sin detrimento de la protección de la salud pública, que es una de las funciones a cargo del Invima”, señaló María Claudia Jiménez, coordinadora del grupo técnico del IVC de alimentos y bebidas.
El otro ajuste beneficia específicamente a los microempresarios. Para ellos, se amplía por cinco años la vigencia de las certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) previamente otorgadas.
Jiménez describió las modificaciones como “buenas noticias”. Las personas que estén interesadas en conocer los detalles de la nueva normativa y el Decreto 1083 podrán revisarlo en la página de la entidad.
Redacción Alcance Digital
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