El martes 30 de diciembre, el Ministerio de Salud definió que para 2026 la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un aumento del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado. Según el Gobierno, la decisión responde al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y a la necesidad de avanzar en la equiparación de los recursos entre ambos regímenes, en consonancia con la Sentencia T-760 de 2008 y sus desarrollos posteriores. Sin embargo, para EPS, pacientes, académicos y exautoridades del sector, la medida no solo resulta insuficiente, sino que abre nuevos frentes de desfinanciación y profundiza una crisis que ya golpea el acceso, la oportunidad y la continuidad de los servicios de salud.
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El anuncio se dio en medio de un fuerte contraste entre las expectativas del sector y la decisión final del Ejecutivo. Gremios como Acemi y la Andi habían advertido que el incremento necesario debía ubicarse entre el 15 % y el 17 %, mientras que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) había pedido un ajuste cercano al aumento del salario mínimo, que para 2026 fue decretado en 23 %. La resolución, con aumentos diferenciados y una brecha significativa entre regímenes, terminó reavivando el debate sobre la suficiencia de la UPC y sobre la manera en que el Gobierno está tomando decisiones que afectan el eje financiero del sistema.
El Gobierno asegura que el aumento de la UPC sí responde a las órdenes de la Corte Constitucional. Foto:Mauricio Moreno
Desde la óptica de las EPS, el incremento para el régimen subsidiado es leído como un avance parcial, pero insuficiente. Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, señaló que “el incremento para el régimen subsidiado no es otra cosa que el inicio de cierre de una brecha histórica que ha habido con el régimen subsidiado que ordenó la Corte hace muchos años”. Reconoció que este ajuste puede aliviar parcialmente la operación de ese régimen, en especial porque “el sesenta por ciento de la contratación allí se hace con el hospital público”, lo que podría traducirse en algo más de flujo para esa red.
No obstante, Vesga advirtió que el problema estructural permanece intacto. “El nueve por ciento está muy lejos del diecisiete punto tres que fue el que calculamos desde Acemi con base en la información de gasto de las EPS de este régimen”, afirmó en referencia al contributivo. A su juicio, el incremento aprobado “no se compadece con lo que estamos viendo en el agregado del gasto de salud” y resulta aún más crítico cuando se cruza con el aumento del salario mínimo, que tendrá impactos en múltiples rubros del sistema. Según explicó, esos costos adicionales podrían acercarse a los cinco billones de pesos, profundizando el desbalance financiero.
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Ese mismo diagnóstico fue reforzado por Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, quien advirtió que la decisión del Gobierno abre un nuevo frente de desfinanciación. “Creo que con la decisión del gobierno nacional se abre otro frente de desfinanciación del sistema y se profundiza la crisis”, señaló. Galán puso el acento en el efecto directo del aumento del salario mínimo, que —según sus estimaciones— incrementa el costo del sistema de salud en alrededor de cuatro billones de pesos, una variable que no habría sido incorporada adecuadamente en los cálculos oficiales.
Expertos señalan que los porcentajes aprobados están lejos de las necesidades reales del sistema. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Para el exministro, ese factor altera por completo las necesidades reales de financiación. Explicó que los estudios de la Andi y de Anif, que ubicaban el incremento requerido de la UPC entre el 15 % y el 17 %, no incluían ese choque adicional. “Con ello se lleva esa necesidad de incremento a un 19 a 21 %”, advirtió, lo que deja en evidencia que los porcentajes definidos por el Ministerio están muy por debajo de lo que exige la operación real del sistema.
En el caso del régimen subsidiado, Galán coincidió en que el aumento del 16 % no cumple adecuadamente la orden de la Corte Constitucional de cerrar la brecha con el contributivo. Recordó que se trata de un mandato vigente desde 2008, frente al cual gobiernos anteriores ya habían venido avanzando. Sin embargo, advirtió que “con esta decisión para el año 2026, a pesar de la cifra que aumentaron, puede quedar un desfase de 8 puntos porcentuales para que se atienda bien la necesidad de financiación del régimen subsidiado”. En otras palabras, el ajuste no logra cubrir los costos reales de atención de esa población.
La situación del régimen contributivo, en su análisis, es aún más delicada. Aunque el incremento del 9 % es superior al del año anterior —cuando apenas creció al ritmo del IPC—, sigue estando muy por debajo de las necesidades reales. “Queda desfinanciado frente a una necesidad de aumento de financiación que oscila entre el 19 y el 21 % para este año 2026”, sostuvo Galán, alineándose con las advertencias hechas por Acemi y otros actores del sector.
Desde la academia, Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, sumó una crítica de fondo al proceso mediante el cual se definió la UPC. “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, no está concertando”, afirmó, al señalar que las mesas de UPC se han convertido en un trámite formal sin una verdadera construcción colectiva. Según Hernández, la Corte Constitucional fue clara al exigir que la UPC se definiera con base en criterios demográficos, epidemiológicos y de costos reales, algo que —a su juicio— no se evidencia en la resolución adoptada.
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Según expertos, este aumento profundizará la crisis y afectará directamente a los usuarios. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El académico alertó sobre la insostenibilidad del modelo actual. “Por cada cien pesos que se da de la UPC se están gastando casi más de ciento cuatro pesos”, explicó, lo que revela un déficit estructural que se arrastra año tras año. En ese contexto, el nuevo aumento no corrige los rezagos acumulados ni ofrece una ruta clara para recuperar el equilibrio financiero.
Ese punto es central también en el análisis de Augusto Galán, quien señaló que el Gobierno no corrigió los rezagos históricos de la UPC, pese a las órdenes expresas de la Corte Constitucional. “No se corrigieron rezagos atrasados, porque no se cumplió con las órdenes de la Corte Constitucional”, afirmó, y agregó que el Ejecutivo se ha mantenido en una suerte de desafío institucional frente al alto tribunal, prolongando una desfinanciación estructural que el sistema ya traía desde años atrás.
Para Galán, el problema no es solo de montos, sino de método. Cuestionó que el Gobierno haya evadido “sistemáticamente la metodología de cálculo actuarial establecida por normatividad”, pese a los requerimientos de la sociedad civil, la Procuraduría y la propia Corte. En su visión, se debilitó la capacidad técnica del Ministerio de Salud y se trasladaron funciones clave a la Adres, “una entidad que no estaba preparada para ello”, lo que agravó la fragilidad institucional en la toma de decisiones.
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Las consecuencias de este panorama recaen directamente sobre los usuarios. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, fue contundente al describir los efectos de un sistema desfinanciado. “Un sistema desfinanciado lo que hace es generar aumento de la carga de la enfermedad, empobrecimiento y muertes”, afirmó. Desde su experiencia, la insuficiencia de recursos se traduce en pacientes que deben elegir entre comprar alimentos o pagar tratamientos, en interrupciones de terapias vitales y en un deterioro progresivo de la calidad de vida.
Silva advirtió que el debate sobre la UPC no es abstracto para quienes dependen del sistema. “Un paciente con cáncer, ¿cuánto tiempo puede resistir sin la quimioterapia?”, preguntó, al ilustrar la urgencia de garantizar suficiencia financiera. En su diagnóstico, el 2026 podría traer “dolor, pobreza, aumento de la carga de enfermedad y muerte” si no se corrige el rumbo.
En esa misma línea, Galán subrayó que estas decisiones “acrecentan la incertidumbre y la angustia” de usuarios y pacientes. A su juicio, el cierre de 2025 ya fue negativo para la salud de los colombianos y el inicio de 2026 será aún más complejo. “Serán estas medidas fuente de dificultades para acceder adecuadamente y en forma oportuna a los servicios”, advirtió, señalando una pérdida progresiva de garantías para el derecho fundamental a la salud.
Así, el aumento de la UPC para 2026, lejos de cerrar la discusión, consolida un escenario de alta tensión. EPS, pacientes, académicos y exautoridades coinciden en que el ajuste no responde a las necesidades reales del sistema ni corrige los rezagos históricos. Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance hacia la equidad entre regímenes, las voces críticas alertan que la combinación de insuficiencia financiera, falta de concertación y debilitamiento institucional puede llevar al sistema a un punto aún más crítico.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
