La Contraloría General de la República (CGR), a través de su Dirección de Estudios Sectoriales en Salud, presentó en noviembre de 2025 un detallado estudio técnico que analiza la eficacia y eficiencia de las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) entre 2019 y 2024.
El informe concluye que las medidas adoptadas no han logrado consolidar la sostenibilidad financiera ni proteger adecuadamente el derecho fundamental a la salud.
Ante estos hallazgos, la senadora Norma Hurtado Sánchez denunció que la toma de control de las EPS ha profundizado el caos, señalando que se han entregado $15.2 billones de pesos de forma «ciega» y sin rendición de cuentas, lo que compromete gravemente la vida de los colombianos.
El análisis revela un desempeño global deficiente, evidenciando que el 75% de las EAPB bajo medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar (IFAA) presentan un rendimiento medio-bajo.
Ninguna de las entidades evaluadas logró superar simultáneamente el umbral de 3,5 puntos en los ejes de eficacia y eficiencia, lo que indicaría que las intervenciones aún no logran una estabilidad real en el uso de los recursos.
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Además, la mayoría de los indicadores Fénix de seguimiento no presentan cambios estadísticamente significativos o tienden al deterioro; casos críticos como los de Savia Salud y Asmet Salud registraron empeoramientos en el 43,48% y 34,83% de sus métricas, respectivamente.
Esta gestión se ve afectada por el uso predominante del mecanismo excepcional para designar interventores en siete de cada ocho entidades, lo que, sumado a una rotación frecuente de entre uno y cuatro agentes por entidad, compromete la continuidad técnica de los procesos.
En cuanto a los procesos de liquidación forzosa (IFAL), los resultados financieros son igualmente alarmantes para el sistema. De un monto inicial de cuentas por cobrar de $3,05 billones, solo se materializó un recaudo efectivo del 6,07%.
La gestión de pasivos ha sido insatisfactoria, dejando una deuda residual de $7,13 billones sin resolver tras años de liquidación, con casos extremos como el de Coomeva, cuyo saldo por pagar aumentó un 42,05% durante el proceso por el reconocimiento de pasivos ocultos o costos excesivos.
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El estudio también cuestiona la eficiencia operativa, pues entidades como Medimás y Ambuq destinaron más del 50% de sus recursos totales a gastos administrativos en lugar de pagar a sus acreedores.
Existe además una desconexión crítica entre la gestión formal y los resultados, ya que varias entidades reportaron cumplimientos de sus planes de acción superiores al 90% mientras sus tasas de pago efectivo apenas rondaban el 1% o 8%.
Esta ineficiencia impacta directamente a las Empresas Sociales del Estado (ESE), cuyas acreencias reconocidas y no pagadas ascendieron a $770 mil millones en 2024.
Los departamentos más afectados son Huila, con $165 mil millones en deudas, Norte de Santander con $123 mil millones y Bogotá con $74 mil millones, concentrándose la mayor afectación en diez hospitales públicos que acumulan $420 mil millones, lo que compromete su capacidad operativa.
A la par de esta crisis hospitalaria, la Procuraduría General de la Nación reporta 15 procesos disciplinarios activos vinculados a irregularidades en las liquidaciones, incluyendo anticipos girados irregularmente.
Finalmente, el modelo econométrico Logit implementado por la Contraloría proyecta un escenario crítico para el futuro inmediato del aseguramiento en salud.
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La probabilidad media de riesgo de crisis del sistema aumentó sostenidamente del 30,04% en 2019 al 49,47% en 2024, con proyecciones que alcanzan el 54,7% para 2025 y el 60,4% para 2026.
Actualmente, cinco EAPB —Capresoca, Comfachocó, Mutual Ser, Savia Salud y Salud Total— presentan probabilidades de crisis superiores al 98%.
Ante este panorama, el organismo de control insiste en que el sistema debe transitar de un modelo de intervención correctiva a uno de supervisión preventiva y técnica, considerando que los 29,25 millones de afiliados en entidades intervenidas representan más de la mitad de la población asegurada del país.
