Este martes, o a más tardar el miércoles 31 de diciembre, el Gobierno Nacional publicará la resolución que define el porcentaje de incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. El consenso entre los expertos es que esta cifra será menor a la necesaria, pese a los fallos de la Corte Constitucional, los llamados de los gremios y expertos independientes y los informes que han señalado que el sistema se encuentra actualmente desfinanciado.
De hecho, el Ministerio de Salud ya ha confirmado que el incremento de la UPC será muy inferior al 15 % o 17 % que solicitan distintos actores del sector. En medio de esta discusión quedan los pacientes, los hospitales, los trabajadores de la salud y un sistema que, según expertos y voceros ciudadanos, está al límite de su capacidad de respuesta.
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El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Mauricio Moreno
¿Cuánto debería subir la UPC?
El gremio de las EPS, Acemi, sostiene que, siguiendo la metodología actuarial utilizada por el propio Gobierno, la UPC del régimen contributivo para 2026 debería ajustarse en un 17,33 %. Ese cálculo se basa en el gasto en salud reportado en 2024, ajustado por inflación y por el crecimiento en las frecuencias de uso de los servicios, con información aportada por EPS que representan el 61,4 % del régimen contributivo. De acuerdo con este ejercicio, la UPC legal debería ubicarse en $1’785.164 para el régimen contributivo y en $1’552.403 para el subsidiado, si se aplicara la misma proporción de ajuste.
Por su parte, la Andi coincide en el diagnóstico de insuficiencia, aunque plantea un incremento mínimo del 15,6 % para 2026 como punto de partida para estabilizar la operación corriente del sistema. Su análisis financiero muestra que la siniestralidad de la UPC ha sido superior al 99 % desde 2021 y por encima del 100 % desde 2022. Para el cierre de 2025, proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada 100 pesos que ingresan a las EPS se gastan casi 106 solo en atenciones, sin contar los gastos administrativos. Este desbalance habría generado un déficit operativo de 10,2 billones de pesos en la vigencia actual.
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Desde la perspectiva de la Andi, cualquier ajuste inferior profundizará la crisis: cada punto porcentual por debajo del 15,6 % significaría recortar cerca de 890 mil millones de pesos al sistema. La agremiación sostiene que el ajuste es financiable con los recursos contemplados en el Presupuesto General de la Nación para 2026, siempre y cuando se destinen estrictamente al aseguramiento.
Expertos advierten que el déficit se trasladaría a hospitales, trabajadores y usuarios Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
La posición del Gobierno: no es falta de recursos, es mala gestión
El Ministerio de Salud ya ha rechazado de manera categórica las solicitudes de Acemi y la Andi. Para el Gobierno, el cálculo de la UPC se realiza de forma rigurosa con base en la información reportada por las EPS y tiene en cuenta los factores necesarios para garantizar el aseguramiento. En esa medida, no reconocen los argumentos de insuficiencia basados en siniestralidad, rezagos o eliminación de datos que han señalado la Andi y Acemi en sus informes.
Según el Ministerio, la crisis del sistema no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público (esto, pese a que actualmente el Gobierno controla a través de la Supersalud a 8 EPS que tienen a 23 millones de afiliados). En contravía de las cifras de siniestralidad presentadas por los gremios, el Ministerio afirma que de cada 100 pesos asignados por UPC se ejecutan entre 85 y 97 pesos (aunque las cifras usadas por los gremios son de la Superintendencia de Salud).
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A la tensión técnica se sumó una controversia política: Acemi y la Andi señalaron que no habían sido invitadas a la Mesa de la UPC realizada en diciembre. El Ministerio respondió que sí convocó a todas las entidades del sector, incluidos delegados de ambas agremiaciones, mediante correo electrónico y correo certificado, y presentó evidencias de citaciones y acuses de recibo. La sesión del 23 de diciembre no se llevó a cabo por falta de quórum y fue aplazada para el 30 de diciembre.
Analistas y pacientes alertan que no ajustar la prima podría traducirse en más cierres de servicios. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
El impacto en los pacientes: una crisis que se ahonda
Más allá del cruce de versiones, el episodio refleja un clima de desconfianza entre el Gobierno y los actores del sistema, en un momento en el que la definición de la UPC es clave para la sostenibilidad financiera y la garantía del derecho a la salud.
Por eso, la pregunta de fondo no es menor: ¿qué consecuencias concretas tendría para la atención, la estabilidad del sistema y la vida de los pacientes que el Gobierno decida no aumentar la UPC en los niveles solicitados por los expertos y gremios?
Para Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, no aumentar la UPC en la magnitud requerida sería una decisión contradictoria. Por un lado, el propio Gobierno ha reconocido en la declaratoria de emergencia económica que el sistema está desfinanciado y necesita más recursos; por otro, se resistiría a actualizar adecuadamente la principal fuente de financiamiento del aseguramiento.
Galán subraya que el desfinanciamiento del sistema no es una novedad y ha sido advertido reiteradamente por la sociedad civil, la Procuraduría y la Corte Constitucional, especialmente en los últimos dos años. A su juicio, la falta de coherencia del Gobierno se traduce en una realidad cotidiana que ya están viviendo usuarios y pacientes: personas que fallecen por la desfinanciación, tratamientos que se pierden, se retrasan o dejan de entregarse.
El exministro alerta sobre el impacto desigual de esta situación. Los pacientes que no tienen recursos para pagar de su propio bolsillo son los más afectados, lo que incrementa la inequidad y reduce la protección financiera. En ese escenario, el panorama para usuarios y pacientes sería cada vez más precario.
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Galán insiste en que el Gobierno debería cumplir con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, incluidos los autos 007, 2049 y 2061, que, según dice no se han cumplido o solo se han acatado de forma parcial. A esto se suma una metodología de cálculo de la UPC que, a su juicio, no ha sido transparente ni se ha aplicado de manera adecuada.
Desde la academia, Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, plantea que si el Gobierno no aumenta la UPC en una magnitud que refleje el costo real de la atención, el sistema entra en un desfinanciamiento estructural. La UPC, recuerda, es el ingreso principal con el que las EPS pagan servicios, medicamentos y tecnologías. Cuando su ajuste queda por debajo de la inflación médica y del mayor uso de servicios, el déficit se acumula mes a mes.
Ese desbalance presiona la liquidez de las EPS y se traduce en atrasos en los pagos a hospitales y clínicas, especialmente públicas, debilitando la red prestadora. Aunque el plan de beneficios no cambie formalmente, el impacto llega inevitablemente a los usuarios: más trámites, demoras en citas y procedimientos, y menor oportunidad en la atención.
A mediano plazo, advierte Hernández, aumentan las tutelas, se encarece la operación del sistema y crece el riesgo de intervención o liquidación de entidades, lo que obliga al Estado a asumir costos mayores. En la práctica, no ajustar adecuadamente la UPC no elimina el gasto, sino que lo traslada y amplifica, afectando la prestación del servicio y la estabilidad del sistema. Para el académico, sería un agravamiento más en un sistema que ya se encuentra en estado crítico.
Finalmente, desde la perspectiva de los usuarios, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, dibuja un escenario aún más crudo. Según su análisis, si en 2025 se cerraron cientos de IPS, miles de pacientes no recibieron recursos del sistema y muchos trabajadores de la salud migraron a otros países o esperan pagos atrasados, en 2026 esa situación podría duplicarse.
Silva habla de un “drama humanitario incalculable”. En sus palabras, las familias podrían verse obligadas a decidir “si compran alimentos, compran medicamentos o se mueren”. El vocero de pacientes advierte que el gasto de bolsillo se incrementará de forma notoria, que la carga de enfermedad aumentará para personas con todo tipo de patologías y que los servicios de urgencias se congestionarán aún más. Además, muchas IPS tendrían que cerrar servicios y los trabajadores de la salud seguirían perdiendo sus empleos, profundizando una crisis que se haría cada día más grande.
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El debate sobre la UPC para 2026 se ha convertido en un punto de quiebre para el sistema de salud colombiano. Mientras el Gobierno insiste en que el problema es de gestión y no de recursos, gremios, expertos, académicos y pacientes coinciden en advertir que un ajuste insuficiente profundizará el desfinanciamiento, deteriorará la atención y trasladará los costos a los ciudadanos.
Lo que está en juego no es solo una cifra porcentual, sino la capacidad del sistema para garantizar tratamientos oportunos, sostener la red hospitalaria, proteger financieramente a las familias y evitar que la crisis se convierta, como advierten algunos, en un drama humanitario de mayores proporciones. La decisión que se tome sobre la UPC marcará el rumbo del sistema en 2026 y definirá si las tensiones actuales se contienen o se agravan, con consecuencias directas para millones de pacientes.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
