La crisis financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) continúa profundizándose y, según un nuevo análisis técnico elaborado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el próximo año será decisivo para evitar un deterioro mayor. La organización gremial concluye que la Unidad de Pago por Capitación (UPC)—el valor que reconoce el Estado por cada afiliado para cubrir sus atenciones—debe incrementarse al menos un 15,6 % en 2026 para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema.
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El informe, basado en información financiera reciente del SGSSS, señala que la insuficiencia crónica de la UPC ha llevado a las aseguradoras a operar en números rojos durante varios años consecutivos. Desde 2021, la siniestralidad —es decir, la relación entre los recursos que ingresan y los que se gastan en la atención— supera el 99 %. Y desde 2022, ese indicador está por encima del 100 %, lo que significa que el sistema gasta más de lo que recibe.
El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo en la instalación de mesas de trabajo de UPC. Foto:Mauricio Moreno
La situación no mejora en 2025. Las proyecciones de la Andi anticipan una siniestralidad del 105,9 % al cierre del año, una señal de alerta que refleja el desbalance estructural. En términos prácticos, por cada $100 que ingresan a las EPS, estas están gastando casi $106 solo en servicios de salud, sin incluir costos administrativos. Ese desfase implica un déficit operativo de $10,2 billones únicamente para la vigencia 2025.
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El gremio recuerda que ya había advertido esta tendencia el año pasado, cuando señaló que la UPC de 2025 necesitaba un incremento del 16,9%. También alertó que, si el aumento se limitaba al valor de la inflación causada, se generaría un hueco cercano a los $9,8 billones. “Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados”, afirma la Andi, que subraya que incluso la Corte Constitucional ratificó la insuficiencia mediante el Auto 007 de 2025. En esa decisión, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud realizar los ajustes técnicos necesarios para corregir el rezago y sentar bases adecuadas para el cálculo futuro de la UPC.
Un ajuste mínimo y técnicamente indispensable
Para 2026, la conclusión del análisis es clara: la UPC debe crecer al menos un 15,6 % si se quiere preservar el goce efectivo del derecho a la salud y estabilizar la operación corriente. Cualquier cifra inferior profundizará la crisis. La Andi advierte que cada punto porcentual por debajo de ese ajuste implica restarle al sistema cerca de $890 mil millones en recursos esenciales.
El gremio subraya que el incremento no solo es necesario, sino financiable. El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 contempla transferencias superiores a $48 billones para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Según la Andi, si estos recursos se destinan de manera estricta al aseguramiento y no se desvían hacia otros programas, el Estado tiene la capacidad financiera para cubrir el aumento requerido.
El llamado es directo a los ministerios de Salud y Hacienda, que deben definir el ajuste para el próximo año. Para la Andi, la decisión debe reconocer variables como el envejecimiento poblacional y la inflación, factores que presionan el gasto en salud. Ignorar esa realidad, advierten, podría llevar al sistema a una “quiebra técnica” en un contexto donde el 47 % de la población está afiliada a entidades que ya se encuentran bajo intervención estatal.
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La organización empresarial insiste en que el déficit financiero dejó de ser un asunto administrativo y hoy se refleja en la vida cotidiana de los colombianos. Entre enero y septiembre de 2025, las quejas y reclamos por fallas en la atención (PQRDs) aumentaron un 32%, mientras las tutelas relacionadas con servicios de salud crecieron un 22% frente al mismo periodo del año anterior. Estos indicadores, según la Andi, evidencian que la escasez de recursos se ha convertido en una verdadera barrera de acceso.
La Andi asegura que el ajuste es financiable. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
“El ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica”, remarca la Andi, que insiste en que el sistema requiere medidas urgentes para evitar que el deterioro actual se transforme en un colapso irreversible en 2026. Según el gremio, el país enfrenta un punto de inflexión: o se reconoce y corrige el rezago financiero acumulado, o se seguirá profundizando una crisis que ya afecta de manera directa la atención de millones de usuarios.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
