El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó a consulta pública un proyecto de resolución que busca reorganizar y actualizar las actividades que pueden desarrollarse en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de acudir a procesos de sustracción. La iniciativa, que estará abierta para comentarios y observaciones hasta el 17 de diciembre, pretende ofrecer un marco regulatorio “más claro, moderno y ajustado a las realidades de los territorios y las comunidades que los habitan”.
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El documento propone un cambio de enfoque: en lugar de restringir de forma rígida el uso de estos ecosistemas estratégicos, plantea un modelo de manejo que combine conservación con justicia territorial y bienestar rural. Para ello, reconoce explícitamente la importancia de la agricultura campesina familiar y comunitaria dentro de las reservas forestales y permite su continuidad como práctica tradicional. Además, habilita el desarrollo de infraestructura de riego de hasta 30 hectáreas, medida que —según el Ministerio— es clave para enfrentar las sequías, asegurar la producción de alimentos y reforzar la soberanía alimentaria.
El decreto autoriza infraestructura básica, todo bajo condiciones ambientales estrictas Foto:Instagram: @reserva_narural_pericos
La propuesta normativa también contempla mejoras sustanciales en materia de hábitat rural. Permite la construcción y el mejoramiento de vivienda dispersa, así como la ejecución de obras esenciales que históricamente han sido deficitarias en estas zonas: acueductos, alcantarillados, electrificación rural, soluciones de energía renovable, caminos comunitarios, y equipamientos educativos, de salud y de uso social. Con ello se busca garantizar derechos fundamentales y cerrar brechas persistentes en acceso a infraestructura básica en los territorios campesinos insertos en áreas de reserva.
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Otro de los ejes del proyecto es el impulso a la economía forestal comunitaria. La resolución habilitaría caminos forestales, sitios de acopio y espacios de transformación y comercialización de productos legales maderables y no maderables. Para el Ministerio, estas actividades son esenciales para generar alternativas económicas sostenibles y reducir las presiones que alimentan la deforestación, al tiempo que fortalecen la participación comunitaria en el manejo del bosque.
Pese a la ampliación de actividades autorizadas, el proyecto subraya que todas deberán cumplir condiciones ambientales estrictas. Estos requisitos estarán orientados a evitar afectaciones sobre los objetivos de conservación que justifican la existencia de las reservas forestales: la protección de los bosques, la regulación hídrica y la preservación de la biodiversidad. De acuerdo con la propuesta, ninguna obra o actividad podrá comprometer estos valores ecológicos.
En materia normativa, el proyecto plantea una reestructuración integral: derogaría las resoluciones 1527 de 2012, 1274 de 2014 y 192 de 2014, entre otras, con la intención de consolidar en un solo instrumento las disposiciones vigentes. Según el Ministerio, esto permitirá eliminar duplicidades, facilitar la gestión ambiental en los territorios y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a autoridades como a comunidades y actores productivos.
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El Gobierno plantea unificar varias resoluciones en un solo instrumento. Foto:Juan José Ríos/El Tiempo.
Con esta resolución, el Gobierno Nacional reafirma —según el comunicado oficial— el papel histórico y actual del campesinado en el sostenimiento de los sistemas productivos y en la conservación de los ecosistemas estratégicos del país. El objetivo es avanzar hacia mejores condiciones de vida para quienes habitan estos territorios, sin comprometer la integridad de los bosques ni el recurso hídrico.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
