Más de 1.100 campesinos de ocho municipios del norte del Tolima interpusieron una acción de tutela en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con el fin de rechazar la actual delimitación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que adelanta el Gobierno Nacional y denunciar la presunta vulneración de derechos fundamentales durante el proceso administrativo.
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La iniciativa judicial fue respaldada por más de 1.100 firmas de habitantes rurales y se presentó desde el municipio de Falan, con el acompañamiento de sectores productivos, ciudadanía y autoridades locales. Según la comunidad campesina, en el proceso de identificación y eventual declaratoria de las APPA se han desconocido derechos como la participación ciudadana efectiva, la participación reforzada de las comunidades campesinas, el acceso a la información pública y el debido proceso.
La comunidad campesina solicitó la suspensión del procedimiento de declaratoria de las APPA. Foto:Fundación Alpina
La acción de tutela se interpuso como un mecanismo constitucional para evitar la materialización de un perjuicio irremediable sobre el territorio. Los firmantes sostienen que el debate de fondo no es comunicacional ni se limita a la ausencia temporal de un acto administrativo definitivo, sino que se trata de un procedimiento administrativo que, desde su diseño y ejecución, no habría garantizado escenarios reales, amplios y efectivos de participación.
La comunidad señala que las actuaciones adelantadas por las entidades nacionales se concentraron en ejercicios de socialización unilateral, sin condiciones que permitieran la deliberación, la incidencia ciudadana ni la construcción conjunta de decisiones que, aseguran, afectan de manera estructural el futuro de los municipios involucrados. En este sentido, advierten que la simple socialización de información no cumple con los estándares constitucionales de participación cuando se trata de decisiones que inciden directamente sobre el uso y el destino del territorio.
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Uno de los puntos centrales de la inconformidad tiene que ver con la publicación de un documento técnico y jurídico de más de 350 páginas, el cual, según la comunidad, fue puesto a disposición por un plazo reducido. Esta situación habría impedido que la población rural pudiera comprender en profundidad el contenido, analizar sus implicaciones y formular observaciones informadas, lo que, a su juicio, limitó de facto el ejercicio del derecho fundamental a la participación.
En Falan se realizan actividades de ecoturismo. Foto:José Alberto Mojica
El comunicado recuerda que la Constitución Política, la Ley 388 de 1997, los estándares del Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia constitucional establecen que la participación en decisiones que afectan el territorio no puede ser meramente formal o informativa. En el caso de las comunidades campesinas, subrayan, esta participación debe ser previa, incidente y reforzada, en reconocimiento de su condición de sujetos de especial protección constitucional.
En ese contexto, los denunciantes aseguran que en municipios como Falan, así como en otros territorios del país, no se realizaron mesas técnicas sectoriales, ni espacios diferenciados por actividad económica, ni escenarios que garantizaran pluralidad, representatividad y la incorporación efectiva de las observaciones provenientes del territorio. Para la comunidad, esta ausencia de espacios participativos adecuados profundiza la vulneración de sus derechos.
Otro de los ejes de la tutela es el impacto que, según los firmantes, tendría la implementación de las APPA tal como están actualmente formuladas. Contrario a lo señalado en pronunciamientos oficiales recientes, la comunidad sostiene que estas áreas introducen determinantes de ordenamiento territorial de obligatorio cumplimiento que sustituyen el modelo de desarrollo diversificado y multifuncional definido democráticamente en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) vigente.
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Además, advierten que la delimitación de las APPA limitaría actividades permitidas en el suelo rural como la agroindustria, el turismo rural, el comercio, la vivienda rural y otros usos productivos, afectando la autonomía territorial y generando un riesgo cierto e inminente de perjuicio irremediable para las comunidades locales.
Dentro de las pretensiones de la acción de tutela, la comunidad solicitó de manera expresa la suspensión inmediata del procedimiento administrativo de declaratoria de las APPA y la retroacción del proceso a etapas que garanticen una participación real. También pidieron la realización de mesas técnicas presenciales y sectoriales, con participación efectiva de la comunidad campesina y de las autoridades locales, antes de que se adopte cualquier decisión definitiva.
La solicitud, según el comunicado, busca evitar que se consolide una decisión administrativa sin que se haya garantizado plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales que consideran vulnerados.
Finalmente, la comunidad campesina de Falan reiteró que no se opone a la protección del suelo rural ni a la producción de alimentos. Por el contrario, afirma defender un modelo de desarrollo sostenible y responsable, acorde con la realidad social, económica y cultural del territorio, construido desde la autonomía municipal, la democracia participativa y el diálogo genuino con el Estado.
En su pronunciamiento, los campesinos hicieron un llamado respetuoso al Gobierno Nacional y manifestaron su disposición al diálogo técnico y constructivo, siempre que este sea previo, amplio e informado, y que se reconozca a las comunidades campesinas como actores centrales del proceso. También insistieron en la necesidad de respetar la autonomía territorial, los instrumentos de ordenamiento vigentes y el principio de que las decisiones que afectan al territorio deben construirse con el territorio y no desde la imposición.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
