A pesar de que la educación en Colombia ha tenido algunos avances puntuales, el año 2025 cierra con indicadores preocupantes, como un incremento en las brechas de aprendizaje entre hombres y mujeres, así como una muy baja tasa de graduación en educación superior (universidades e instituciones técnicas y tecnológicas). Así lo evidencian los datos recopilados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que advierten sobre brechas en calidad, cobertura y equidad a lo largo de todo el sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación superior.
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De esta manera, el informe revela diferentes datos sobre el estado de la educación colombiana. Por ejemplo, los indicadores más recientes confirman que las dificultades de aprendizaje comienzan desde los primeros años de escolaridad. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y de la alianza por la alfabetización inicial Colombia se escribe Leyendo, dos de cada tres niños y niñas menores de 10 años no logran leer ni comprender textos adecuados para su edad, una situación que limita el aprendizaje posterior y condiciona las trayectorias educativas.
Este rezago se conecta con la baja cobertura en educación inicial: menos de la mitad de los niños entre 0 y 5 años acceden a servicios de educación inicial de calidad, con marcadas desigualdades territoriales, pese a tratarse de la etapa más decisiva para el desarrollo.
Según expertos consultados por EL TIEMPO, esto genera graves estragos en los aprendizajes y la calidad del sistema: “Un niño que no ingresa a la educación inicial, cuando llega al colegio lo hace ya arrastrando una gran cantidad de rezagos en temas muy importantes como lectura o matemáticas”, sostuvo el analista educativo Francisco Cajiao.
De ahí que, según un estudio del mismo Banco Mundial, haya una enorme pobreza de aprendizaje en primer grado, que se evidencia, por ejemplo, en que el 23 por ciento de los estudiantes de este grado en la ciudad de Cali no haya sido capaz de leer ni una sola palabra en 60 segundos.
En términos de acceso y permanencia, los datos muestran señales de alerta. En 2024, la matrícula en educación básica y media se ubicó en 9,5 millones de estudiantes, el nivel más bajo desde 2010 (siendo este el último dato disponible, las cifras de 2025 se revelarán el próximo año). La reducción se concentró en el sector oficial, que perdió cerca de 600 mil estudiantes frente a 2021, especialmente en los grados de secundaria y media.
Y aunque es cierto que se ha evidenciado una caída en las cifras de natalidad reportadas por el DANE, para Gloria Bernal, directora del LEE, “la caída no es atribuible enteramente al cambio demográfico. La deserción sigue siendo significativamente alta”.
Esa presión sobre la permanencia se refleja en la tasa de deserción escolar, que en 2024 (última disponible) fue de 3,4 por ciento, lo que equivale a cerca de 300.000 estudiantes que salieron del sistema educativo en un solo año.
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Brechas que se amplían
Las brechas en los aprendizajes también se han profundizado. En las pruebas Saber 11, la diferencia entre estudiantes rurales y urbanos pasó de 18,5 puntos en 2014 a 26 puntos en 2024, lo que muestra un rezago creciente de los estudiantes rurales frente a sus pares urbanos. A esto se suma el aumento de la brecha de género, que creció casi dos puntos entre 2022 y 2024 y alcanzó en 2024 su nivel más alto en 11 años, con una diferencia de 9,1 puntos a favor de los hombres.
Un escenario similar se presenta entre los colegios públicos y privados. Aunque en este caso las brechas se mantienen, con una diferencia de 29 puntos, se evidencia una marcada desventaja educativa entre quienes asisten a instituciones del Estado y quienes lo hacen en colegios particulares.
Otros factores estructurales inciden en estos resultados. Por ejemplo, menos del 30 por ciento de las sedes educativas oficiales cuentan con jornada única, una estrategia clave para ampliar el tiempo escolar.
El impacto del conflicto armado sigue siendo otro elemento de presión. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, hasta marzo de 2025 se reportaron 1.485 sedes educativas en alto riesgo de afectación por violencia, una cifra que en solo tres meses ya equivale al 22 por ciento del total de alertas registradas en todo 2024.
Educación superior
En educación superior, aunque los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) muestran una recuperación en el número de inscritos en instituciones oficiales, el sistema aún no alcanza los niveles observados en 2017. Más preocupante es la permanencia: el análisis del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (Spadies) indica que cinco de cada diez estudiantes que ingresan a educación superior no logran graduarse incluso después de 15 semestres, lo que evidencia dificultades sostenidas en acompañamiento académico y condiciones de sostenibilidad.
Este escenario se conecta con la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Entre abril y junio de 2025, el 22,4 por ciento de los jóvenes entre 15 y 28 años —alrededor de 2,49 millones de personas— se encontraban en condición de ‘nini’, según el DANE. Los investigadores advierten que esta medición no incluye a quienes realizan labores de cuidado no remuneradas.
A estos retos se suman alertas en la gestión del sistema. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por ejemplo, mantiene problemas estructurales: en 2024 el número de quejas en salud se mantuvo en niveles similares a años anteriores y el déficit pensional continúa sin resolverse.
De hecho, los costos de tratamiento de salud en el Fomag se dispararon fundamentalmente a partir de 2024 y 2025, con el cambio de modelo efectuado el 1 de mayo del año pasado. Concretamente, mientras los costos por servicios de salud en el año 2019 fueron de $1,7 billones de pesos, pasaron a ser $2,39 billones en 2023, primer año del Gobierno del presidente Petro.
Pero la disparada se da en 2024 (año en el que empezó la implementación del nuevo modelo, concretamente a partir del 1 de mayo). Para ese periodo, los costos llegaron a los $3,58 billones de pesos, es decir, un incremento anual del 49,6 por ciento.
Para la directora del LEE, el conjunto de estos datos trasciende la coyuntura: “Más que una fotografía coyuntural, estas cifras reflejan brechas estructurales del sistema educativo colombiano que no han recibido atención a la altura del problema. Ponerlas nuevamente en el centro del debate es fundamental para avanzar hacia soluciones basadas en evidencia y para informar la discusión de política pública de los próximos años”.
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Dificultad con los datos
Toda esta información se ha podido recopilar en medio de un contexto difícil a la hora de acceder a datos sobre el sector educativo. Y es que este ejercicio se ha complejizado por las limitaciones en la información oficial disponible.
Esto luego de que desde el año 2023 está suspendida la recolección del formulario C600, que concentra datos clave sobre matrícula, docentes y sedes educativas, y no existe una fecha definida para su reactivación. Esta herramienta resulta clave para acceder a información del sector, como la cantidad de estudiantes en el sistema, por grado, por nivel socioeconómico, por ubicación, además de otros indicadores como el estado de los docentes en Colombia, la infraestructura educativa, uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, las tasas de aprobación, reprobación, repitencia y deserción, entre otros.
Todo esto deja al sistema educativo con grave rezago a la hora de recopilar datos que den cuenta de la realidad de la educación en el país. Aunque el Sistema de Información de Matrícula (Simat) sigue publicándose, este no incluye información de temas como sedes educativas ni docentes. “Esto limita la veeduría ciudadana y la participación informada”, indica Bernal.
MATEO CHACÓN ORDUZ | ]Subeditor Educación – Vida de Hoy
