Durante los últimos meses, el sector educativo ha estado muy activo en la agenda del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el apoyo a reformas financieras impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso, acciones concretas en instituciones como la Universidad de Antioquia o del Atlántico, así como el retiro del apoyo económico a programas de becas como Colfuturo.
Y aunque en muchas ocasiones estos movimientos efectivamente responden a pedidos del sector educativo (otros por el contrario han sido cuestionados), expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que también pueden configurar un intento por fortalecer su vínculo con una base estudiantil de cara a las elecciones de 2026, dada la importancia que esta comunidad tuvo en las votaciones de hace cuatro años.
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No es para menos. En las últimas semanas del Congreso del año pasado, el Ejecutivo se adjudicó una victoria con la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con la que se modifica el esquema de financiación de las universidades públicas (aunque la iniciativa no fue suya sino de sectores independientes), anunció cambios profundos en la política de apoyo a estudios de posgrado con un nuevo plan de becas en detrimento de Colfuturo y activó un rescate financiero para la Universidad de Antioquia, una de las instituciones más grandes y representativas del país (sin contar que también sacó del cargo a su rector, Jairo Arboleda).
En conjunto, las medidas buscan corregir desequilibrios acumulados durante décadas (como la crisis financiera de las universidades públicas o la dificultad en el acceso a formación de alto nivel), pero también reactivar una agenda educativa que, según distintos sectores académicos, había avanzado con lentitud en los primeros años del mandato.
Así lo explica el analista educativo Ricardo Rodríguez: “El cuatrienio inició con muchas promesas para el sector educativo, pero fueron pocos los avances. Hubo dos ministros antes del actual, dos intentos de reformas que se hundieron, decisiones polémicas como todo lo ocurrido en la Universidad Nacional, sin contar con cuestionamientos que recibió el Ejecutivo con decisiones como la reducción de recursos a Icetex y los efectos que esto tuvo en los estudiantes, o con las cifras de cupos nuevos en educación superior, que no fueron claras”.
Para el experto, el Gobierno solo se puede adjudicar unas pocas victorias en lo que a educación se refiere, como la implementación de la gratuidad en las universidades públicas: “No es de extrañar que busque adjudicarse nuevas victorias de cara a las elecciones de 2026”.
Aunque el Gobierno ha presentado estas decisiones como avances sustantivos, en el sistema universitario persiste la cautela. Rectores, profesores y estudiantes reconocen la importancia de los anuncios, pero advierten que los problemas de fondo del financiamiento, la gobernanza y la sostenibilidad de la educación superior pública siguen lejos de resolverse.
Un nuevo modelo de financiamiento, una demanda histórica
El cambio más significativo llegó en diciembre, con la aprobación de una modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La reforma pone fin al mecanismo que durante más de tres décadas ajustó los presupuestos universitarios únicamente con base en el IPC, un sistema ampliamente cuestionado por no reflejar los costos reales de funcionamiento de las instituciones ni el crecimiento de sus obligaciones académicas y administrativas.
A partir de ahora, los recursos para las universidades públicas se actualizarán con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Para el movimiento estudiantil, este ajuste representa uno de los logros más importantes de las movilizaciones que marcaron la última década, especialmente los paros estudiantiles de 2011, 2018 y 2019, que tuvieron como eje central la crisis financiera del sistema.
Desde el Gobierno, el cambio ha sido presentado como una corrección estructural. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, lo calificó como una “victoria histórica” para los estudiantes, mientras que el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación en el Congreso como un triunfo colectivo y un “regalo de Navidad” para los jóvenes.
Sin embargo, dentro de las propias universidades la lectura es más matizada. Si bien el ICES permite un ajuste más cercano a los costos reales, todavía no es claro de dónde saldrán los recursos para sostener el incremento a la base presupuestal de las universidades, en especial en una época de estrechez financiera que llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica.
A esto se suma que varios actores advierten que la reforma no aborda otros debates estructurales, como la autonomía universitaria, la composición de los consejos superiores o la forma en que se toman las decisiones estratégicas en las instituciones, para lo que se necesitaría una reforma estructural a la Ley 30.
Desde el movimiento estudiantil, voces como la de Juan Manuel Muñoz, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, han señalado que el cambio en la fórmula de financiamiento es un paso necesario, pero insuficiente. De hecho, su reclamo es por una reforma estructural al sistema, a la par que crecen duda sobre cómo garantizar que los nuevos recursos se traduzcan en mejoras reales a la calidad y misionalidad de las universidades.
Todo esto sin mencionar que el incremento aprobado en la reforma no es retroactivo, por lo que el hueco fiscal no se va a agrandar, pero tampoco se va a sanear con la nueva ley.
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Posgrados, rescates financieros y tensiones presupuestales
En paralelo a la reforma del financiamiento de las universidades públicas, el Gobierno tomó una de las decisiones más controvertidas de su política educativa: suspender el respaldo estatal al programa Crédito-Beca de Colfuturo, que durante tres décadas facilitó estudios de maestría y doctorado en el exterior mediante préstamos con componente condonable. La medida generó un intenso debate en el sector académico, especialmente entre quienes ven en el programa un instrumento clave para la formación de capital humano de alto nivel.
193 candidatos fueron seleccionados para la financiación de sus
estudios doctorales. Foto:Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
El presidente Petro ha defendido la decisión bajo el argumento de que Colfuturo terminó beneficiando de forma desproporcionada a estudiantes de estratos socioeconómicos altos y que los recursos públicos deben redistribuirse hacia poblaciones históricamente excluidas. En su lugar, el Ejecutivo anunció la creación de un programa estatal “totalmente gratuito” para 10.000 beneficiarios, enfocado en estudiantes de estratos bajos y medios y sin la exigencia de un codeudor, una de las principales barreras de acceso a los créditos educativos tradicionales.
Aunque la propuesta ha sido bien recibida por sectores cercanos al Gobierno y por parte del movimiento estudiantil, en el ámbito académico persisten dudas sobre su viabilidad. Investigadores y exdirectivos universitarios han planteado interrogantes sobre la capacidad del Ministerio de Ciencias para diseñar, financiar y ejecutar un programa que iguale el alcance, la continuidad y el reconocimiento internacional que durante años construyó Colfuturo.
A estas tensiones se suma lo que muchos han calificado como una intervención del Gobierno en la Universidad de Antioquia. Tras la salida de su rector John Jairo Arboleda por orden del Ministerio de Educación, que lo señaló por presuntas irregularidades administrativas, el Ejecutivo destinó 70.000 millones de pesos para aliviar la crisis financiera de la institución. Desde el Ministerio de Educación se explicó que el déficit es el resultado de años de insuficiencia presupuestal y de la falta de aportes sostenidos por parte de administraciones locales.
John Jairo Arboleda, exrector de la Universidad de Antioquia Foto:Universidad de Antioquia
La medida fue presentada como un rescate necesario para garantizar la estabilidad de una universidad clave para el sistema público. No obstante, ese rescate financiero fue pedido durante meses por la universidad en cabeza del exrector Arboleda, pero no fue hasta su salida (y una muy mencionada disputa con el gobernador de Antioquia y cabeza del Consejo Superior de la institución, Andrés Julián Rendón) que se hizo el giro.
Todo esto, para personas como el analista Francisco Cajiao, revela que habría algún interés político con esta y otras universidades donde el Gobierno también movió sus ficas, como la Universidad Nacional o la Universidad del Atlántico.
Expertos en educación superior advierten que, incluso con los recientes anuncios, las universidades públicas enfrentan un escenario complejo. El aumento del salario mínimo (también aplaudido por algunos sectores estudiantiles), que impacta directamente una estructura de gastos dominada por la nómina, amenaza con tensionar aún más los presupuestos institucionales. En muchos casos, este incremento reduce el margen de maniobra para financiar investigación, programas de bienestar estudiantil y estrategias de ampliación de cobertura.
Edna Bonilla, profesora de la Universidad Nacional y exsecretaria de Educación de Bogotá, ha señalado que estos ajustes también pueden tener efectos indirectos sobre los estudiantes. En particular, advierte que los posgrados cuyos costos están indexados al salario mínimo podrían encarecerse, afectando la permanencia de estudiantes de clase media y de profesionales que financian sus estudios con recursos propios: “El aumento del salario mínimo no solo encarece la operación institucional, sino que eleva automáticamente el valor de la matrícula que pagan los estudiantes, con incrementos que superan los ajustes habituales por inflación”.
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También señaló que “el Índice de Costos de la Educación Superior del Dane muestra que cerca del 75 por ciento del aumento de los gastos del sistema proviene del componente laboral. En 2025, los rubros de profesores, investigadores, personal administrativo, técnico y de apoyo crecieron entre 6 y 7 por ciento, muy por encima de otros costos operativos. Se trata, por definición, de un sector intensivo en trabajo y con alta rigidez salarial”.
Y agregó: “En ese contexto, un incremento del salario mínimo muy superior al IPC no opera como una política redistributiva dentro del sistema educativo. Funciona como un shock que golpea el corazón del presupuesto universitario. Reduce los márgenes de maniobra, obliga a priorizar la estabilidad de la nómina y desplaza recursos que antes podían destinarse a investigación, inversión académica, laboratorios, apoyos de permanencia o bienestar estudiantil. El efecto no es solo contable. Compromete la capacidad de garantizar acceso, continuidad y calidad”.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación – Vida de Hoy
