La firma de los decretos que formalizan las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) de la Amazonía colombiana marca un punto de inflexión en el ordenamiento político y administrativo del país. Este miércoles 17 de diciembre, el presidente de la República suscribió los actos administrativos que consolidan un proceso de más de tres décadas de diálogo intercultural y de exigencia de los pueblos indígenas por el reconocimiento pleno de su autonomía, su gobierno propio y su derecho a la libre determinación, tal como lo establece la Constitución Política de 1991.
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Con esta decisión, según organizaciones como Gaia Amazonas, “Colombia avanza en el reconocimiento efectivo de su carácter descentralizado, pluralista y multicultural, integrando en la estructura del Estado diversos sistemas de conocimiento y de gobierno que han coexistido históricamente en el territorio”.
Presidente Gustavo Petro Foto:Juan Diego Cano
La formalización de las Entidades Territoriales Indígenas permite que los Gobiernos Indígenas cuenten con las condiciones necesarias para continuar gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, con autonomía política, administrativa y fiscal, en articulación y coordinación directa con los ministerios y las demás instituciones no indígenas del Estado.
Las ocho Entidades Territoriales Indígenas formalizadas se localizan en los departamentos de Amazonas y Vaupés, en la Amazonía colombiana. Se trata de Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM. En conjunto, estas entidades representan más de siete millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 15 por ciento de la región amazónica del país, y cuentan ahora con condiciones institucionales para ejercer el gobierno propio de sus territorios de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales.
Raudal de Jirijirimo en el río Apaporis. Foto:Andrés Hurtado
La firma de los decretos consolida los compromisos adquiridos recientemente por los Ministerios del Interior, Salud y Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Igualdad y Equidad, y Educación Nacional en el marco de los Acuerdos Interculturales suscritos con los ocho Gobiernos Indígenas. En estos acuerdos se definieron competencias, funciones, mecanismos de coordinación y criterios fiscales orientados a garantizar la implementación de las políticas públicas territoriales propias de las nuevas Entidades Territoriales Indígenas, entre ellas los planes de vida y los planes de acción.
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Desde los territorios, las autoridades indígenas han resaltado el alcance de esta decisión. Roque Miraña, representante legal de la Entidad Territorial Indígena PANI, señaló que la puesta en funcionamiento de las ETI permite contribuir al resto del Estado de una manera más visible y coordinada desde los territorios ancestrales, de acuerdo con normas transmitidas por generaciones. Según explicó, estas normas tienen como propósito cuidar la vida, entendida no solo como vida humana, sino en un sentido mucho más amplio.
Por su parte, Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la Entidad Territorial Indígena UITIBOC-ASOAINTAM, afirmó que la formalización de las ETI privilegia el ordenamiento integral de la vida, el fortalecimiento de las autoridades y la gestión autónoma del territorio para garantizar su continuidad como espacio sagrado y como base del bienestar colectivo. De acuerdo con su declaración, esta visión ha sido impulsada no solo hacia el interior de su territorio, sino también como un mensaje y una ruta para la región amazónica, encontrando eco en otros territorios indígenas.
La formalización de las Entidades Territoriales Indígenas también tiene implicaciones en la organización territorial del país. Las ETI esperan que este cambio se vea reflejado prontamente en el mapa oficial de Colombia.
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Desde la sociedad civil, la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado durante más de tres décadas los procesos de protección y autonomía de los pueblos indígenas, destacó que la formalización de las ETI constituye un aporte decisivo a la profundización de la democracia, a la garantía del goce efectivo de los derechos y a la consolidación de un Estado plural y diverso. Camilo Guio Rodríguez, director general de la fundación, afirmó que la firma de los decretos representa la consolidación de la autonomía y la gobernabilidad de los pueblos indígenas amazónicos, y constituye la base para la transformación del Estado colombiano y el cumplimiento de la Constitución Política.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
