El jefe de la cartera, Daniel Rojas, confirmó en 6AM W de Caracol Radio que la institución enfrentará un pliego de cargos tras detectarse anomalías sistemáticas en la expedición de diplomas profesionales.
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Fachada de la Fundación Universitaria San José. Foto:Fundación San José
El proceso, que inició formalmente en marzo del año pasado a través de la oficina de Inspección y Vigilancia, escaló debido a denuncias que apuntan a la existencia de un «cartel de títulos» dentro de la institución. Según el ministro Rojas, el Ministerio ha agotado «las instancias preventivas» y cuenta con el material probatorio suficiente para avanzar.
«El proceso de inspección ya surtió su fase preventiva y actualmente nos encontramos en la etapa previa a la fase sancionatoria, en la que estamos próximos a emitir un pliego de cargos contra la Fundación San José«, señaló el jefe de cartera en entrevista al medio anteriormente señalado.
Las irregularidades que están bajo la lupa
Título a Juliana Guerrero en la Fundación San José. Foto:Archivo particular
Las investigaciones del Ministerio se centran en el otorgamiento de títulos sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la ley colombiana. Entre las faltas más graves se encuentra la omisión de la prueba Saber Pro, un examen de Estado obligatorio para cualquier graduando de nivel profesional.
Casos recientes han avivado la indignación pública, como el de Juliana Guerrero, candidata del presidente Gustavo Petro al viceministerio de Juventudes, pero que su postulación se cayó tras descubrirse que su título carecía de sustento académico real.
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Asimismo, han salido a la luz expedientes de otros funcionarios, incluyendo un caso insólito en el que Nelfy Melo Morales, secretaria en el Despacho Presidencial, obtuvo cuatro títulos profesionales en un solo día, algo físicamente imposible bajo los estándares de educación superior convencionales.
El ministro Daniel Rojas ordenó investigación administrativa preliminar a la Fundación San José. Foto:Redes sociales
«Yo hablé ayer con ella. La señora ingresa a trabajar como secretaria, quiere mejorar sus ingresos laborales, quiere mejorar sus condiciones académicas y escuchó una oferta de una institución que dice: ‘Le homologamos el técnico y mediante una oferta de educación por ciclos le damos una doble titulación del tecnológico y del profesional’ y le parece buena, paga y estudia. Y en el momento en el que obtiene la homologación del tecnólogo y el profesional le dicen: ‘Las pruebas las tienes que hacer el otro semestre, pero si usted me firma una acta juramentada que dice que usted sí las va a hacer, yo la gradúo en el semestre’ a ella le parece buena idea y lo hace», contó el ministro de Educación.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, el ministro Rojas enfatizó que la entidad actúa con cautela para asegurar que las sanciones que se impongan tengan solidez jurídica y no sean revocadas en instancias posteriores.
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El jefe de cartera igualmente señaló que desde el Ministerio tienen «unos límites de inspección y vigilancia» para que una vez finalicen la «fase sancionatoria» puedan trasladar «a las autoridades competentes» para poder determinar «si hay lugar a otro tipo de sanciones».
Juliana Guerrero y su proceso en la Fiscalía. Foto:Archivo particular.
«La actuación del Ministerio se rige por el debido proceso y los preceptos legales y constitucionales», reiteró el ministro, destacando que la prioridad es proteger la calidad del sistema educativo y la fe pública que representan los títulos universitarios.
Por su parte, congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza han solicitado celeridad en las investigaciones y han pedido la intervención de la Fiscalía General de la Nación, argumentando que no se trata de casos aislados sino de un mecanismo fraudulento institucionalizado.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, el Ministerio ha insistido en que todas las actuaciones se rigen por el marco constitucional. El ministro Rojas enfatizó que la entidad actúa con cautela para asegurar que las sanciones que se impongan tengan solidez jurídica y no sean revocadas en instancias posteriores.
Deniel Rojas, ministro de Educación. Foto:Archivo particular y redes sociales
“La actuación del Ministerio se rige por el debido proceso y los preceptos legales y constitucionales”, reiteró el ministro, subrayando que la prioridad es proteger la calidad del sistema educativo y la fe pública que representan los títulos universitarios.
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Por su parte, congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza han solicitado celeridad en las investigaciones y han pedido la intervención de la Fiscalía General de la Nación, argumentando que no se trata de casos aislados sino de un mecanismo fraudulento institucionalizado.
Mientras se formaliza el pliego de cargos, la Fundación San José permanece bajo una vigilancia especial que podría culminar en multas millonarias o incluso en la cancelación de su personería jurídica.
FELIPE SANTANILLA AYALA
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