La aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 es, tal vez, la noticia más importante para el sector en este año. No por nada se trata de una ley que configura un cambio en la manera en que se calculan los incrementos anuales a la base presupuestal de las universidades públicas del país, así como de las instituciones técnicas y tecnológicas oficiales. Muchos sectores han hablado de esta norma como el salvavidas de estas instituciones, que actualmente atraviesan por una complicada situación financiera.
LEA TAMBIÉN
Sin embargo, y a pesar de que efectivamente la reforma se traduce en más recursos para las universidades (atendiendo realmente el incremento anual de sus costos de operación), expertos consultados por EL TIEMPO concuerdan en que el texto aprobado busca la sostenibilidad a futuro de las universidades, pero no pretende sanear el déficit fiscal de las instituciones de educación superior oficiales.
Así lo explicó el analista Francisco Cajiao: “Concretamente, cuando se reforman los artículos 86 y 87, lo que se hace es modificar el indicador con el que se calcula el incremento que se hace a los aportes de la Nación a las universidades que viene del Presupuesto General de la Nación (PGN). Sin embargo, esta es una modificación que aplicará a los incrementos anuales a futuro, concretamente desde 2027, que sería el primer PGN que deberá incluir este cálculo”.
La nueva ley, no obstante, no busca sanear lo que desde las mismas instituciones del Sistema Universitario Estatal (SUE) y el movimiento estudiantil se ha catalogado como la “deuda histórica”: el dinero que las universidades dejaron de recibir en las últimas tres décadas debido a que la Ley 30 de 1992 tasó los incrementos a su presupuesto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación, y no en lo que realmente se incrementaron sus costos de operación, es decir, el indicador que el Dane establece como el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices).
Precisamente, el articulado aprobado en el Congreso de la República establece que, de ahora en adelante, el Estado deberá incrementar el presupuesto anual de las universidades de acuerdo con el Ices y no según el IPC. Sin embargo, en casos en que el IPC sea mayor al Ices, se tomará en cuenta el indicador que sea más alto. No obstante, no establece una medida retroactiva que obligue a la Nación a dar más aportes con el fin de sanear las finanzas de las universidades.
No es para menos. Cálculos del SUE establecen este déficit en unos 17 billones de pesos, lo cual ha llevado a las instituciones a una precaria situación financiera. Por ejemplo, se estima que en los últimos diez años los costos educativos en las instituciones públicas crecieron año a año alrededor de un 9 por ciento, mientras que en el mismo periodo el IPC subió anualmente un promedio del 4 por ciento.
Para poner un ejemplo, mientras que el IPC del año 2024 fue del 5,2 por ciento (siendo esto lo que por ley se debería aumentar a la base presupuestal), el Ices mostró una variación anual del 18,32 por ciento para el semestre 2024-1 y del 9,58 por ciento para el semestre 2024-2.
De acuerdo con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, una de las coautoras de la ley, así como exrepresentante estudiantil, “el problema es simple: nuestras universidades gastan como si fuera 2025, pero la ley las financia como si fuera 1992”.
Y agregó: “Eso se traduce en que, tras más de tres décadas de funcionamiento de este sistema de financiamiento, las universidades tengan un hueco fiscal que supera los 17 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria”, señala Pedraza, quien destaca que “esta ley permitirá corregir los errores del pasado que han llevado al sistema educativo a la crisis en que se encuentra actualmente”.
Cabe recordar que fueron precisamente estos artículos los que desencadenaron los paros estudiantiles de 2018 y 2019 (en el gobierno de Iván Duque), y un fallido intento por reformarlos en 2011 (en el gobierno de Juan Manuel Santos), que terminó en el paro, el cual se extendió por siete meses.
Para entender la dimensión de los problemas con el cálculo anterior con base en el IPC, están los siguientes datos: entre 2000 y 2022, la población estudiantil en instituciones de educación superior (IES) públicas creció un 169 por ciento, mientras que la base presupuestal, en términos reales, solo aumentó un 52 por ciento.
Este crecimiento en los costos se debe, entre otras cosas, a que más estudiantes implican más infraestructura y más profesores, que cada vez están más preparados (con una mayor proporción de docentes con maestría y doctorado).
Y de acuerdo con el Decreto 1279, que es el que determina los incrementos salariales de los docentes año a año, a estos se les incrementa su salario por encima del IPC, pero además reciben constantes aumentos salariales por producción científica, así como por su formación posgradual.
Al respecto, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), le dijo a EL TIEMPO: “(La aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30) nos va a permitir a nosotros soportar básicamente cuatro variables que pesan hoy en el funcionamiento de las universidades: vinculación de profesores y trabajadores; el Decreto 1279; la ampliación de cobertura y el déficit de infraestructura”.
Esta es la ciudad universitaria de la U. de A., ubicada al norte de Medellín. Foto:Cortesía U. de A.
¿Cuánto cuesta la reforma a la Ley 30?
Desde su origen, la Ley 30 establece que los recursos para las universidades públicas provenientes de la Nación se desprenden del Presupuesto General de la Nación, y así se mantiene en la reforma.
Sin embargo, al tratarse de un nuevo cálculo que implica incrementos más altos al presupuesto de las instituciones, una de las principales dudas sobre la iniciativa es de dónde saldrá la plata y cuál será el impacto fiscal de la misma para las finanzas de la Nación. De hecho, este punto puso en vilo la viabilidad del proyecto, hasta que en el mes de septiembre el Ministerio de Hacienda presentó el aval fiscal.
En dicho documento se establece que los recursos deben provenir del Marco Fiscal de Mediano Plazo y estarán atados al crecimiento económico, no a la creación de impuestos nuevos; es decir, no se necesitará de una reforma tributaria.
En dicho documento, el Ministerio de Hacienda calcula un impacto fiscal estimado de $18,7 billones de pesos constantes de 2024 entre 2027 y 2040.
“Al utilizar como referente el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), implicaba el aumento de la base presupuestal entre $0,4 billones y $0,5 billones anuales, los cuales tendrían que ser priorizados e incorporados por el sector en sus proyecciones de mediano plazo”, se lee en el texto del aval fiscal.
LEA TAMBIÉN
No obstante, estas explicaciones no serían suficientes para determinar el impacto real de la norma, según sostienen algunos sectores. Esto debido a que el documento de Hacienda da visto bueno a los cálculos del Ministerio de Educación, pero no hace un ejercicio cuidadoso de estudiar la variación del Ices en los últimos años, proyectarlo a los próximos años y comparar estas estimaciones con unas similares para la base presupuestal actual y el incremento tasado en el IPC.
De ahí que, aunque todos los congresistas presentes en el debate, sin importar el partido, votaron a favor de la medida, surgieron voces como la del representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez: “Cuando se trata de proyectos que requieren aval fiscal debemos ser muy cuidadosos, y el aval que presentó el Ministerio de Hacienda es ambiguo. Apoyamos que haya recursos para la educación superior pública, y por eso votamos a favor. Pero no se midió realmente la sostenibilidad fiscal de este nuevo cálculo”.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación – Vida de Hoy
