Los colegios privados del país manifestaron su preocupación por el incremento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 por ciento, al considerar que esta medida impone una carga desproporcionada a la salud financiera de estas instituciones, ya amenazada por otros fenómenos como el decrecimiento de la natalidad.
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Por medio de un comunicado, la Mesa Nacional de Educación Privada (MNEP), en representación de los jardines infantiles, preescolares y colegios del sector privado del país, se pronunció con profunda preocupación sobre este incremento que, advierte la organización, “desconoce la realidad económica del sector educativo privado, rompe cualquier principio de proporcionalidad y pone en grave riesgo la sostenibilidad financiera, la estabilidad laboral y la continuidad del servicio educativo, especialmente en los niveles de educación inicial y básica”.
La organización, que agremia a las principales asociaciones de colegios privados del país, recordó que para esta misma vigencia de 2026 el incremento en el valor de las matrículas y pensiones aprobado por el Ministerio de Educación fue del 7 por ciento, muy por debajo del aumento salarial.
A esto se suma que cerca del 85 por ciento de los jardines infantiles y colegios privados atienden población de los estratos 1, 2 y 3, y una proporción significativa del estrato 4, por lo que el salario mínimo constituye el principal referente salarial del sector, no por falta de voluntad, sino por limitaciones estructurales de ingresos.
“Este escenario genera un desequilibrio financiero severo, en el cual los egresos crecen más de tres veces por encima de los ingresos autorizados, haciendo materialmente imposible sostener la operación bajo las mismas condiciones”, alertó la MNEP.
Entre los impactos que los colegios advierten que tendría este incremento del salario mínimo se encuentran la reducción de personal administrativo y de servicios generales; un posible aumento en la contratación por medio tiempo o la disminución de jornadas laborales; el aumento de la carga laboral del personal docente; la reducción de la jornada escolar y de los servicios complementarios; el aumento de la informalidad educativa, especialmente en educación inicial; y el cierre definitivo de jardines infantiles y colegios legalmente constituidos, principalmente en sectores populares.
Así lo explicó la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla: “Este desbalance afecta con mayor fuerza a los establecimientos pequeños y medianos —muchos de ellos regionales— que ya vienen golpeados por la reducción demográfica y la caída de la matrícula en distintos territorios, proceso que ha llevado al cierre de numerosos colegios en los últimos años. En esos casos, el incremento del SMLV no fortalece su operación: la pone en situación de fragilidad financiera, reduce márgenes de sostenibilidad y puede llevar a recortes en apoyos pedagógicos, programas de bienestar o ampliación de grupos por razones de costo”.
En los últimos años, el número de colegios privados que han cerrado viene en aumento. Solo en 2023 se reportó el cierre de 769 establecimientos educativos, de acuerdo con el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). En otras palabras, en tan solo un año cerró el 6,8 por ciento de los colegios privados del país. Desde 2019, estos cierres ya suman 6.263 casos, con corte a enero de 2024, según cifras del Ministerio de Educación.
Aunque todavía no se han revelado cifras sobre el comportamiento de este fenómeno en 2025, sí se han conocido casos como el del Colegio Nueva Alianza Integral, de Bogotá, que anunció el cierre de sus puertas luego de 46 años de operación, pese a tratarse de una de las instituciones de mejor calidad de la ciudad, al punto de haber ocupado el puesto 20 en las pruebas Saber 11 de 2024.
Y esta no es la única institución en estas condiciones. El Colegio Militar Juan José Rendón, uno de los más tradicionales del municipio de Funza y con 54 años de historia, también anunció el pasado mes de noviembre que dejaría de prestar sus servicios en 2026. Aunque en sus comunicaciones no informó las causas del cierre, padres de familia explicaron a EL TIEMPO que este se debió a una caída en el número de estudiantes que el colegio arrastra desde hace años.
De esta forma, si a la caída en los nacimientos —que amenaza el futuro de las instituciones— se le suma un incremento en los costos de operación muy por encima del aumento autorizado en los cobros de matrícula y pensión, el panorama resulta especialmente desalentador para un sector que hoy alberga a 1’922.581 niños, niñas y adolescentes, según cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Básica y Media (Sineb), es decir, el 20,1 por ciento de la matrícula nacional.
Y es que un aumento en los costos de operación representa una presión adicional para unas instituciones que, como se evidencia en la mayoría de los casos de colegios cerrados, han visto una dramática caída del alumnado, ya sea por el impacto de la reducción de la natalidad, el retiro de estudiantes en busca de opciones más económicas o por fenómenos como la deserción escolar, que en los últimos cuatro años ha registrado sus niveles más altos en décadas.
Por ejemplo, el colegio La Presentación Sans Façon pasó de tener 1.600 estudiantes en sus mejores épocas a acoger apenas 189 durante su último año de operación, en 2024. El tradicional colegio Seminario San Pío X, de Floridablanca, cerró en 2023. Su último rector, Gonzalo Gómez, le dijo al respecto a EL TIEMPO: “Se volvió inviable ante la escasez de alumnos y la imposibilidad de mantener la carga docente”.
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Para Edna Bonilla, con el incremento del salario mínimo no solo se ven afectados directamente los colegios, sino también las familias: “El aumento del salario mínimo presiona el precio de bienes y servicios asociados a la vida escolar —útiles, transporte, alimentación, cuidado infantil, canasta básica—, con mayor impacto sobre hogares de clase media y familias vulnerables. El riesgo es claro: mayores dificultades para cubrir los gastos educativos y posibles afectaciones en la permanencia escolar en algunos territorios. Una medida concebida para mejorar ingresos laborales termina trasladando sus costos al sistema educativo y a las familias”.
De acuerdo con investigadores del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, uno de los factores que estaría incidiendo en esta crisis tiene que ver con la regulación de las tarifas escolares en los colegios privados, lo cual “por un lado alivia los costos que asumen los padres de familia; sin embargo, por otro, limita la capacidad de los colegios para ser financieramente sostenibles sin afectar negativamente la calidad. Esta situación ha llevado a la insostenibilidad de algunos establecimientos educativos”.
La nueva tarifa de matrículas fijada por el Gobierno Nacional se hará efectiva a partir de 2023. Foto:Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO
Colegios privados hacen un llamado al Gobierno
Ante este panorama, desde la Mesa Nacional de Educación Privada, los colegios y jardines infantiles del país hicieron un llamado al Gobierno para mitigar los efectos que este incremento salarial podría traer al sector.
Entre las propuestas planteadas por la agremiación se encuentra la implementación de un esquema de subsidio temporal a la nómina para jardines infantiles y colegios privados que atienden población de los estratos 1, 2 y 3, mientras se ajusta de manera gradual la estructura de ingresos del sector.
Asimismo, se propuso otorgar alivios en cargas parafiscales y aportes patronales, de forma transitoria, para las instituciones educativas privadas legalmente constituidas, con el fin de preservar el empleo formal y evitar despidos masivos, así como establecer un mecanismo de gradualidad en la aplicación del incremento salarial.
Por último, los colegios pidieron revisar y armonizar la política de incremento salarial con la regulación de tarifas educativas, de manera que no se profundice el actual desequilibrio entre ingresos y egresos.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación – Vida de Hoy
