La seguridad jurídica y el derecho a la propiedad vuelven a estar en el centro del debate en la industria forestal colombiana. La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) presentó, con el acompañamiento del expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1191 del 12 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
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De manera simultánea, el gremio solicitó la suspensión provisional urgente de los efectos del decreto, el cual cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Según Fedemaderas, la norma autoriza al Estado a vender de forma anticipada bienes que apenas se encuentran en etapas iniciales de un proceso judicial, una medida que, a juicio del sector, desconoce lo definido previamente por la Corte Constitucional cuando el Gobierno solicitó facultades para actuar en ese sentido.
El gremio presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1191 de 2025. Foto:Jesús Blanquicet
En el comunicado, la federación advierte que el decreto pone en entredicho principios fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el debido proceso. Además, sostiene que la medida desvirtúa completamente el sentido reparador que la ley le asignó al Fondo para la Reparación de Víctimas, al permitir la venta de bienes sin que exista una definición judicial de fondo.
El impacto de la norma, según Fedemaderas, va más allá de una discusión jurídica. El gremio asegura que la aplicación del decreto expone a más de 4.000 familias al riesgo real de perder sus predios y amenaza la continuidad de proyectos productivos relacionados con la red forestal que abarcan más de 100.000 hectáreas en distintas regiones del país. Se trata, afirma la federación, de iniciativas construidas durante décadas de trabajo y esfuerzo en el campo colombiano.
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El comunicado también advierte sobre posibles efectos sociales. Fedemaderas señala que la venta anticipada de bienes podría afectar a personas vulnerables que, desde hace décadas, han retornado a sus tierras para hacerlas productivas y transformarlas en espacios de convivencia comunitaria. Para el sector, esta situación podría derivar en una nueva forma de revictimización de comunidades que han apostado por el desarrollo rural y forestal como alternativa económica y social.
En este contexto, el director ejecutivo de Fedemaderas, Juan Miguel Vásquez, planteó un diagnóstico crítico sobre la situación de la economía forestal en Colombia. “La economía forestal en Colombia afronta desde hace varios años un gran dilema. De un lado somos un país con una muy alta aptitud forestal, lo que permitiría dinamizar una bioeconomía maderable con inigualables ventajas competitivas frente a otros sectores económicos de naturaleza no renovable”, afirmó.
Juan Miguel Vásquez, director Ejecutivo Nacional de Fedemaderas. Foto:Fedemaderas
Sin embargo, Vásquez subrayó que ese potencial no se ha reflejado en los indicadores del sector. Según explicó, el aporte de la industria forestal al Producto Interno Bruto es menor al 1%, la utilización de madera en la construcción no supera el 2% y el consumo per cápita anual no alcanza los 0,15 metros cúbicos. A ello se suma una balanza comercial deficitaria superior a los 923 millones de dólares, cifras que, en su concepto, evidencian las limitaciones estructurales que enfrenta la actividad.
Para Fedemaderas, uno de los factores clave detrás de este rezago es la falta de una seguridad jurídica real y estable. El gremio insiste en que la confianza es un elemento indispensable para atraer inversión nacional y extranjera, especialmente en un contexto en el que el país busca avanzar hacia la reindustrialización, fortalecer la economía rural, garantizar la soberanía alimentaria y promover el desarrollo sostenible de las regiones.
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En ese sentido, la federación considera que decisiones como las contenidas en el Decreto 1191 de 2025 generan incertidumbre y afectan directamente a quienes han apostado por proyectos forestales de largo plazo, que requieren reglas claras y respeto por los derechos adquiridos.
El sector advierte impactos sociales, económicos y riesgos de revictimización en zonas rurales. Foto:Smurfit Westrock
Finalmente, Fedemaderasreafirmó su compromiso con la reparación integral de las víctimas del conflicto y con la protección de las comunidades y productores que dependen del sector forestal en todo el territorio nacional. “Nuestro llamado es a que las decisiones públicas se adopten con estricto respeto por la Constitución, la ley y los derechos de quienes han trabajado durante años por sacar adelante el campo y los proyectos forestales del país”, concluyó Juan Miguel Vásquez.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
