Las amenazas de muerte contra el activista ambiental y defensor de derechos humanos Juan David Amaya, de 19 años han encendido una nueva alerta sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen labores sociales y ambientales en Colombia. El hecho se registró en las inmediaciones de su residencia y generó una inmediata reacción de preocupación en sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
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De acuerdo con el comunicado, la intimidación constituye “un riesgo directo para la vida e integridad física de Amaya y su entorno cercano”, al tiempo que vulnera derechos fundamentales como la libertad y la seguridad personal. El episodio, además, vuelve a poner en evidencia la fragilidad de las garantías para quienes, desde distintos territorios y edades, participan activamente en causas sociales.
Un riesgo que trasciende lo individual
La situación de Amaya no un hecho aislado. El comunicado advierte que este tipo de amenazas “evidencia la vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente aquellos jóvenes comprometidos con causas sociales y ambientales”.
El comunicado subraya que el trabajo del joven activista ha estado enfocado en visibilizar problemáticas que impactan a “comunidades históricamente vulneradas”. Su labor, señala el documento, “lejos de ser una amenaza, constituye un aporte esencial para la construcción de una sociedad más justa, democrática y sustentable”.
Llamados a la protección y a la justicia
Las intimidaciones, agrega el texto, no solo afectan a quien las recibe, sino que “erosionan el tejido democrático y limitan la participación ciudadana efectiva”. Desde esa perspectiva, la violencia contra activistas se convierte en un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos y para la consolidación de una democracia participativa.
Ante los hechos, ya se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue y sancione a los responsables. Paralelamente, se exige “la adopción de medidas de protección efectivas” que permitan salvaguardar la vida y la seguridad de Amaya y de su círculo cercano.
Juan David Amaya (centro), director asociado de Life of Pachamama. Foto:Marie Jacquemin. Greenpeace
El comunicado también convoca a la comunidad nacional e internacional a mantenerse alerta y a respaldar mecanismos que garanticen “un entorno libre de violencia, amenazas y hostigamiento” para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. La defensa de la vida, la justicia y la libertad, concluye el texto, es un mandato que debe ser protegido para asegurar “un futuro digno y seguro para todos”.
Colombia fue por tercer año consecutivo el país más mortal para los defensores ambientales
Colombia fue en 2024 el país con más asesinatos de activistas medioambientales en el mundo por tercer año consecutivo, al registrar 48 casos, «un tercio de todos los ataques letales documentados», informó el año pasado la ONG Global Witness.
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Aunque el informe anual reportó «una disminución de las represalias contra las personas defensoras» frente a los 79 asesinatos registrados en 2023 en el país, la organización advirtió que esta reducción «no equivale a una disminución general de la violencia».
De los 48 homicidios registrados el año pasado, al menos 20 fueron campesinos y 19 personas pertenecientes a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca (suroeste), según precisó el reporte.
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
