El muy lejano país del Pacífico se convirtió oficialmente en la primera nación en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Y no fue una decisión a medias tintas: es una ley firme que impone multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 33 millones de dólares estadounidenses) a los gigantes tecnológicos que no la cumplan.
Una medida que obviamente no comparten Facebook, Instagram, TikTok, pero que se materializó luego de un gran debate nacional alrededor del tema de fondo: la crisis de salud mental en menores de edad por el influjo negativo de estas plataformas.
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El primer ministro australiano fue contundente al calificar a las redes sociales como “armas”: en sus palabras, vehículos para el acoso, la presión social y que incentivan la ansiedad y otros desórdenes en los más pequeños.
Todo nace del triste caso de Ollie Bannister, un adolescente que, tras sufrir acoso en línea y ser bombardeado por contenidos que fomentaban la anorexia en redes, se quitó la vida.
Las redes sociales y su tecnología tienen un único objetivo: retener la atención de sus usuarios la mayor cantidad de tiempo posible para perfilarlos y vender a marcas sus gustos, tendencias, eventuales acciones de compra, etc.
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Y para lograrlo entrenan a sus algoritmos para elevar la dopamina y el ‘efecto premio’ en el cerebro de la gente.
Si en usuarios adultos ya es un problema significativo ese peligroso coctel de algoritmos creados para secuestrar la atención, lo es muchísimo más cuando impactan mentes en desarrollo que, biológicamente, aún no tienen las herramientas para gestionar la dopamina y la validación social.
Australia prohibió el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Foto:AFP
Lo interesante de la norma en Australia es que por primera vez una nación derrumbó la mampara de los gigantes digitales y les impuso, como debe ser, el rol de corresponsabilidad en la ecuación. Los usuarios deben controlarse y autogestionarse con las herramientas que tienen las redes, sí, pero estas también deben responder porque no existan niños usándolas. En tal sentido, la responsabilidad ya no recae únicamente en los padres, como siempre se defendieron las redes sociales, sino en las empresas, que deberán usar verificación de edad (posiblemente biométrica o documental) para cumplir la norma.
¿Y en Colombia cuándo daremos ese debate? En nuestro país, los menores de edad pueden pasar hasta 10 horas al día en plataformas digitales.
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Han existido iniciativas, debates en Mintic y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hábilmente diluidos por el poderoso lobby de las redes sociales.
No podemos seguir discutiendo la superficie distractora de ‘prohibiciones abusivas’ o de ‘eliminación de derechos’. No. En materia de protección de los niños y niñas de Colombia, primero está su salud mental y desarrollo cognitivo sano. ¿O es que no nos importan nuestros niños?
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
@JoseCarlosTecno
