Escuchar al presidente Gustavo Petro hablando de ‘Lucía’, el software aduanero con el que las mafias del contrabando estarían drenando cerca de $ 8 billones de recursos públicos, no solo es triste, sino profundamente indignante por una razón: si en la Dian se hubiese implementado el plan de transformación digital que está armado y financiado desde el 2020, nada de esto estaría pasando.
Y no solo eso: tendríamos las herramientas para saber en dónde está la evasión, los ladrones de lo público, el contrabando y, por qué no, saber cómo se pueden aliviar las cargas de emprendedores, pymes y pequeños contribuyentes.
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Los escándalos de corrupción en la Dian son consecuencia directa y dolorosa de una lentitud inexplicable que ha postergado, año tras año, la necesaria modernización tecnológica de la entidad. Punto.
Desde 2020, Colombia tiene un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 250 millones bajo el proyecto CO-L1245, titulado ‘Programa de Apoyo a la Modernización de la Dian’. La promesa era clara: una revolución digital que traería nuevos sistemas de gestión tributaria y aduanera, plataformas en la nube, ciberseguridad robusta y el uso de big data para cerrar el cerco a los evasores.
Sin embargo, cinco años después, la realidad es desoladora. Los reportes indican que la ejecución del préstamo apenas rasguña el 37 por ciento, un ritmo paquidérmico que ha obligado a extender el plazo de implementación hasta 2028.
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Mientras la impericia de la entidad para ejecutar campea, en los puertos y aeropuertos, algunos funcionarios corruptos siguen operando sobre software obsoleto (como los sistemas Syga y Lucía), totalmente vulnerables, que debieron ser jubilados hace años.
En esos sistemas, como lo denunció el presidente Petro, se ejecutaron las acciones de contrabando técnico, un ‘jugoso’ negocio de los bandidos que dejan entrar, a nombre de empresas verdaderas, productos costosísimos a precios irrisorios que luego inundan el comercio de tecnología, electrónica y ropa, entre otros.
Foto:iStock
Cada día que pasa sin que se implemente el Nuevo Sistema de Gestión Aduanera (NSGA) –uno de los componentes clave del préstamo del BID–, es un día más en que las mafias pueden manipular la ‘selectividad’ de la carga, perfilando riesgos a su medida y borrando rastros digitales con una facilidad pasmosa. Esto no se trata de la acción sofisticada de hackers; estamos hablando de la vulnerabilidad estructural de un Estado que se niega a actualizarse.
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Y mientras el país sufre por recursos, el Presupuesto General de la Nación carga un hueco fiscal y asfixia a personas de a pie, a emprendedores y a pymes, la tecnología para evitarlo no logra ser implementada por la muy sospechosa demora administrativa. La transformación digital no es un lujo ni una terquedad: es una obligación del Estado y un derecho ciudadano para contar con una Nación eficiente y segura.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
@JoseCarlosTecno
