Agentes de la Policía Nacional se han presentado este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para solicitar documentación a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que investiga una presunta trama de contratos amañados, denunciada por un exdirectivo de la institución, dependiente del Ministerio de Ciencia.
Un portavoz del gabinete de la ministra Diana Morant asegura que “no se ha tratado de un registro”, como ha adelantado el diario El Mundo, “sino exclusivamente de una solicitud formal de información”. Los agentes, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se han llevado esa documentación en un disco duro, pero “en ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo”, asegura el portavoz. Fuentes policiales confirman que no ha sido un registro, sino un requerimiento de documentación.
El CNIO es el mayor organismo de investigación del cáncer en España. Un exdirectivo, despedido con un expediente disciplinario en agosto, ha denunciado que el exgerente del centro, Juan Arroyo, y otros empleados urdieron una supuesta red de contratos amañados, hinchados y otorgados a empresas amigas. Según los cálculos del exdirectivo despedido, se pudieron sustraer de las arcas públicas del CNIO unos 20 millones de euros en una década.
Arroyo fue director gerente del organismo durante más de 15 años. La denuncia alerta de “un conjunto de patrones” en las contrataciones de servicios y personal en el CNIO. A partir de 2007, según el denunciante, aparece un grupo de “empresas satélites” con el presunto objetivo de “resultar adjudicatarias de todos los contratos” de actividades externalizadas. La información enviada a Anticorrupción pone el ejemplo de Gedosol, fundada por el exjefe de personal del CNIO y beneficiaria de más de 15 millones en contratos, siempre según la denuncia.
Otra empresa señalada es Zeus SL, creada por el exdirector técnico del centro y que supuestamente habría facturado 5,4 millones de euros. Alaos ITL SL, vinculada al exdirector de compras del organismo, facturó 11 millones de euros, según el denunciante. Otra firma, Navestalia, gestiona una nave industrial en San Agustín de Guadalix, cerca de Madrid, presuntamente vinculada al exdirector gerente. Las empresas de la red tenían como único cliente al CNIO y supuestamente ganaron prácticamente todas las licitaciones a las que se presentaron, según el texto de la denuncia, adelantada el 16 de noviembre por El Mundo y confirmada por EL PAÍS.
El Ministerio de Ciencia ha presumido este lunes de “su colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO”, según ha declarado su portavoz.
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