El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este jueves enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda) por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el caso más grande del Gobierno Petro. La Fiscalía les ha imputado los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer dádivas a congresistas a cambio de respaldo en el Congreso.
La magistrada Aura Rosero Baquero ha ido más allá de la solicitud de la Fiscalía de someterlos a una detención domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra. Los exministros se han declarado inocentes en el proceso en el que son acusados de haber dirigido “una empresa criminal” que buscaba desfalcar el Estado para pagar coimas a congresistas para favorecer al Ejecutivo en sus trámites legislativos.
Aunque Velasco y Bonilla se han declarado inocentes, la Fiscalía ha insistido en una audiencia que ha tomado todo el día en su argumento que fueron el cerebro del entramado. El antiguo jefe de la cartera de la política aseguró que presentará una versión distinta a la que han defendido los testigos clave de la Fiscalía. “Yo espero, con el mayor respeto, señora fiscal, que cuando nos escuche pueda confrontar lo que les han dicho a ustedes porque el país solo ha escuchado una voz”, dijo en su intervención virtual antes de la decisión de la togada. Bonilla también defendió su actuar. “Cumplí cabalmente mis funciones como ministro de Hacienda, cumplí la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia”, dijo el economista.
La Fiscalía ha buscado probar que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los exministros hicieron que se redireccionaran dineros públicos de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas designados por varios congresistas para asegurar mayorías legislativas para el Gobierno de Gustavo Petro. La imputación indica que el entramado impulsó 79 contratos por 612.000 millones de pesos, aunque solo siete llegaron a adjudicarse.
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