Ricardo Salinas Pliego ha perdido definitivamente su pulso contra la Hacienda pública mexicana. Después de un tira y afloja de más de 15 años, recrudecido en los últimos meses, el empresario ha desembolsado este jueves los primeros 10.400 millones de pesos de deuda, según ha anunciado el servicio tributario (SAT) en un comunicado y se compromete a pagar 32.133 millones, es decir, un 37% menos del monto fijado por el Estado como consecuencia de los recargos por el retraso en el cumplimiento, 51.000 millones. La ley estipulaba que, de hacerlo voluntariamente, podría acogerse a un reajuste de hasta el 39%, prácticamente la ventaja fiscal a la que ha accedido el dueño de TV Azteca, que hará frente al resto del millonario pago en 18 plazos.
El Grupo Salinas ha vuelto a manifestar su desacuerdo con Hacienda, pero confirma que se compromete a saldar la deuda para “dar vuelta a la página”, “poner fin a la persecución” y concentrarse “en lo que importa: seguir creando valor para México”. El conglomerado empresarial lamenta en el comunicado emitido esta misma tarde que el monto fijado finalmente “trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024″, aunque el Gobierno de Claudia Sheinbaum desmintió en varias ocasiones que tales acuerdos realmente existieran. Los 32.000 millones de pesos que deberá desembolsar ahora uno de los hombres más ricos de México están, de hecho, por debajo de la cifra que originalmente dio pie a los sucesivos pleitos fiscales, en torno a 36.000 millones. Con esto, aseguran, el saldo queda de nuevo en cero.
El desbloqueo del cobro de las deudas de uno de los hombres más ricos del país supone una victoria histórica para la Hacienda mexicana, que había litigado con él durante casi dos décadas sin lograr ningún resultado palpable. Esta vez, todo el Estado se ha volcado en conseguirlo. La renovación de los nueve ministros de la Suprema Corte por voto popular puso la primera piedra en un camino que, en cinco meses, ha resuelto lo que llevaba atorado 17 años. Ellos desempolvaron casi una decena de juicios fiscales que sus predecesores tenían, de momento, paralizados.
La segunda y definitiva piedra la puso la reforma al recurso de amparo, ideada para cercar a los deudores fiscales y estrenada con el evasor que mayor rechazo despierta en el Ejecutivo de Sheinbaum, que ha perdido la paciencia y se ha empleado a fondo en recuperar todo el dinero que se le ha escapado a las arcas públicas por ingeniería fiscal o sucesivos aplazamientos judiciales. Así logró aumentar la recaudación el año pasado un 4,8%, unos 500.000 millones de pesos. La modificación de esta figura dejó al empresario sin opciones para el eludir el desembolso, y lo abocó a elegir entre dos únicos escenarios: pagar voluntariamente y acogerse a las rebajas fiscales previstas en la ley, de un monto considerable, o negarse hasta el final y perder los beneficios fiscales y enfrentarse al embargo de sus bienes.
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