El pleito entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de Claudia Sheinbaum por las deudas que el empresario arrastra con el fisco han tomado vuelo internacional este martes por la mañana. El magnate ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acepte su denuncia contra el Estado mexicano por la “persecución política” que padece, argumenta, desde 2023, cuando la Administración comenzó a perseguir con más ahínco el dinero que debe al fisco, en algunos casos, desde 2007. Salinas Pliego agotó todas las instancias nacionales el pasado noviembre, tras perder en la Suprema Corte varios juicios en los que se jugaba un total de 51.000 millones de pesos. Entonces amenazó con elevarlo a instancias internacionales, y esta mañana ha cumplido con la advertencia.
En su solicitud, el conglomerado empresarial denuncia un hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo”, que busca “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, de acuerdo con el comunicado hecho público este martes, después de que el magnate se reuniera con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. En el texto, el Grupo Salinas detalla la lista de agravios que considera que el Estado mexicano le ha infligido, entre los que se encuentra el despliegue de “auditorías excesivas”, el daño a la “reputación” del presidente del Grupo a través de medios de comunicación y vocerías públicas, el “uso político del aparato fiscal” y la “captura del Poder Judicial”, esto último achacado a la reciente reforma judicial que renovó de un plumazo y por voto popular a la mitad de la judicatura.
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