La exmilitante y exconcejal del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández han sido detenidos este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras del caso. Ambos arrestos se enmarcan en un procedimiento relacionado con contratación pública, que impulsa el Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que encabeza el magistrado Antonio Piña. La operación continúa abierta bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes policiales y jurídicas, que detallan que la investigación está secreta en fase inicial y en pleno desarrollo, informa J J Gálvez. Las pesquisas se centran en posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, informa Óscar López-Fonseca.
Fuentes del entorno de Vicente Fernández negaron recientemente que este dirija la empresa Servinabar, según estas mismas fuentes .
Díez (52 años, Bilbao), que permanece en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, está también imputada en otra causa por cohecho y tráfico de influencias que instruye el Juzgado Número 9 de Madrid, en la que el ministerio público le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Ella se presentaba como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado, niega irregularidades y se defiende: “Parece que el activismo periodístico lo inventé yo”, exclamó el miércoles en una entrevista de televisión.
Díez fue teniente de alcalde socialista en el municipio cántabro de Vega de Pas tras las elecciones de 2011. Y, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, que depende la SEPI, entre 2018 y 2021, cuando la sociedad estatal estaba presidida por el otro detenido, Vicente Fernández, y la empresa pública de uranio estaba presidida por un dirigente muy próximo a José Luis Ábalos, secretario de Organización socialista y ministro de Transportes en aquel momento. Después, entre 2022 y 2024, fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, de donde salió dando las gracias a Juan Manuel Serrano, quien fuera presidente de la compañía postal y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa.
Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 52 años) accedió en 2018 a la presidencia de la SEPI, tras la investidura de Pedro Sánchez, y cesó un año después, en 2019. Años después, Fernández Guerrero pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo de Servinabar, una de las sociedades vinculadas al caso Cerdán, de 2021 a 2023. Fuentes cercanas al entorno de Fernández señalan que la asesoría, directa para el dueño de la empresa, Joseba Antxon Alonso, consistía en buscar socios y obras privadas y no públicas en la Costa del Sol.
Fuentes de la SEPI aseguran que no les consta ningún registro en sus instalaciones.
Antes de su etapa en la SEPI, Fernández Guerrero fue interventor general de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de control interno y contabilidad de la Administración andaluza. También ejerció como secretario general de Innovación, Industria y Energía en esa comunidad autónoma entre 2012 y 2016 y como secretario en consejos de administración de empresas públicas, como la Empresa Pública de Gestión de Activos, la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial; y Cartuja 93.
El exdirectivo estuvo imputado en una causa de la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que resultó absuelto junto al resto de 15 acusados. El pasado mes de julio compareció en la comisión parlamentaria del Senado que investiga el caso Cerdán, pero se acogió a su derecho a no declarar.
